La importancia de un crecimiento económico sostenido e incluyente

La Revolución Mexicana no fue sólo el primer gran movimiento social del Siglo XX; fue el primero protagonizado por un país pobre, injusto e insatisfecho. Fue, por ello mismo, un movimiento para alcanzar la prosperidad, la justicia y la satisfacción. Fue también, el primer movimiento del siglo que supo aunar los derechos individuales y los derechos sociales.

En este sentido, es importante mencionar que después de dicho movimiento social, el país ha vivido períodos de auge económicos importantes, al igual que períodos de crisis económicas importantes, las cuales han impactado en la mayoría de la población.

Así pues, desde hace más de 30 años se ha observado la necesidad de crecer a tasas de crecimiento mayores a las obtenidas. Ello, en virtud de que el crecimiento económico es una condición necesaria (más no suficiente) para lograr un desarrollo económico armónico.

En este mismo orden de ideas, es importante comentar que hoy en día, no sólo es importante crecer, sino hacerlo de manera ordenada y en pro de la población más necesitada. El crecimiento económico es importante porque es la forma en cómo se observa el impulso que lleva la actividad económica, la cual en el largo plazo redundará en empleos.

La carencia de crecimiento económico en el país, se puede observar en la siguiente gráfica, la cual lo señala por décadas:

En este sentido, a dicho crecimiento económico es prudente analizarlo una vez quitándole su crecimiento inercial, es decir, el crecimiento de la población. Para ello, tomando datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) se obtiene la siguiente gráfica:

En sentido, es necesario que las tasas de crecimiento de México para los siguientes años sean de al menos 4.5%, para que dicho crecimiento impulse a cada uno de los déciles de la población, y una vez lo anterior, con la generación de empleos formales, el gobierno tengo mayor capacidad de maniobra al momento de planear y ejecutar políticas públicas. De suceder lo anterior, y dado que según el CONAPO, durante los siguientes 6 años, la población crecerá alrededor del 0.90%, se tendría un margen de 3.6% de crecimiento económico real, cifra superior a la observada, sin descontar el crecimiento inercial, en los últimos 30 años.

Para ello, es necesario que las reformas estructurales se realicen y ejecuten de manera eficiente, tal como organismos internacionales lo han venido comentando durante los últimos 15 años, entre ellos la OCDE. En este sentido, es importante indicar que la reforma laboral se firmó a finales del año pasado, la de telecomunicaciones ya se encuentra en la Cámara de Senadores para atender observaciones y posteriormente será publicada. Adicionalmente, se tendrá que realizar una reforma en materia energética y en materia fiscal.

La primera, tendrá como objetivo quitar la gran carga tributaria que actualmente tiene Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como el fomentar la inversión privada en materia de exploración, ya que actualmente PEMEX no cuenta con la tecnología para extraer petróleo en aguas profundas. La segunda, tendrá como principio no sólo incrementar la base fiscal, sino con ello, dejar la gran dependencia petrolera al momento de planear el Presupuesto de Egresos de la Federación. De lograrse lo anterior, México no sólo contará con mayor recaudación fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), sino que se liberará a PEMEX, y por ende, tendrá un mayor margen de maniobra en cuanto a sus finanzas se refiere.

En este sentido, México tendría reformas en materia fiscal, energética, laboral y educativa, lo cual en el mediano y largo plazo se espera redunden en mayor crecimiento, más y mejores empleos, mayor productividad y eficiencia, entre otras. Lo anterior, resulta relevante ya que como se mencionó al inicio el crecimiento es una condición necesaria, más no suficiente para que la brecha entre pobres y ricos se cierre.

Derivado de lo anterior, se cuenta con las cifras que publicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) durante el año 2010, donde se observan estimaciones oficiales de pobreza para los 2,456 municipios que conformaban nuestro país.

En este sentido, se señala que de acuerdo con la definición oficial, son pobres quienes tienen al menos una carencia social y un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Así pues, de acuerdo a CONEVAL, en 2010 cerca de la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza; una de cada tres personas vivía en pobreza moderada y poco más de una décima parte en pobreza extrema. Aunado a lo anterior, casi 3 de cada 10 personas eran vulnerables por carencias sociales; 1 de cada 17 era vulnerable por ingresos.

Sólo para darnos cuenta de las desigualdades que vivía el país en dicho año, se señala que los estados con mayores porcentajes de la población en pobreza fueron Chiapas (78.5); Guerrero (67.6); Oaxaca (67.4); Puebla (61.2); y Tlaxcala (60.6). Por otra parte, las entidades con menor incidencia fueron Nuevo León (21.2); Coahuila (28.0); Distrito Federal (28.7); Baja California Sur (30.9) y Baja California (32.1).

En este mismo orden de ideas, y como consecuencia de la crisis de 2008-2009 se puede observar en el documento emitido por CONEVAL que la brecha entre el primer y último decil de la población para 2010 fue de 35.6 veces, dando como resultado que México sea uno de los países más inequitativos, argumento que también ha sido comentado por la propia OCDE.

Se considera importante mencionar algunos aspectos de la metodología que utiliza el CONEVAL para medir la pobreza. Dicha metodología incorpora 2 umbrales de ingreso: la línea de bienestar económico (determinada como la suma de la canasta alimentaria y no alimentaria) y la línea de bienestar mínimo (igual al costo de la canasta alimentaria). Al respecto, el Consejo señala que durante 2010, el valor de la línea de bienestar fue de $2,114.00 pesos mensuales por persona en las áreas urbanas y de $1,329.00 pesos en las rurales. Los valores correspondientes de la línea de bienestar mínimo fueron $978.00 pesos y $684.00 pesos, respectivamente.

Asimismo, es importante comentar que se cuenta con el Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC), mensualmente, el cual durante 2010 fue, en promedio, de $2916.00 pesos. Si segmentamos dicho ICTPC respecto a población rural y urbana, observamos que para la primera fue de $1,397.00 pesos, mientras que para la segunda fue de $3,375.00 pesos, es decir, una relación de 2.4 de la segunda respecto de la primera.

Por si fuera poco, el CONEVAL menciona que: “Las transferencias monetarias en las zonas rurales representaron 21.4 por ciento del ingreso corriente monetario mensual per cápita. Para el primer decil significaron alrededor de 50 por ciento, y de este porcentaje la mayor fuente de ingresos fueron las transferencias del gobierno, en especial Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades). Cabe señalar que del decil uno al seis, este último representó más de la mitad de las transferencias recibidas por parte del gobierno. Por otra parte, los beneficios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) fueron la segunda fuente de transferencias gubernamentales y se distribuyeron de forma inversa según los deciles de ingreso, así el primer decil recibió vía Procampo 11.8 por ciento de las transferencias que dio el gobierno y el décimo decil obtuvo 61.7 por ciento. En tercer lugar, estuvo el Programa 70 y Más, que tuvo una participación de 9 por ciento en el primer decil y de seis por ciento en el último, siendo los deciles siete y ocho los que tuvieron los porcentajes más altos con alrededor de 17 y 19 por ciento respectivamente”.

Lo anterior, significa que los programas federales como PROCAMPO y 70 y Más son regresivos, es decir, la población con ingresos altos es la más beneficiada, mientras que la de escasos recursos reciba el menor porcentaje de ayuda. En pocas palabras, no sólo se tiene un gasto público insuficiente debido a la baja recaudación fiscal del país, sino que los programas federales presentan defectos desde sus cimientos originado que la asignación de los recursos sea ineficiente e inequitativa.

Observando lo expuesto con anterioridad, se puede inferir que dichos programas deben ser canalizados de una mejor manera a la población en situación de extrema pobreza, es decir, aquella que tiene tres o más carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo. Por lo que se prevé necesario modificar las Reglas de Operación (ROP) de los mismos.

Derivado de lo anterior, la alianza entre el sector público y el privado es fundamental para el crecimiento y desarrollo del país. Ambos sectores deben complementarse; el público deberá generar el marco regulatorio pertinente para detonar la competencia, a la par de garantizar la propiedad privada con un marco jurídico acorde a la actualidad nacional; el sector privado, deberá coadyuvar a la generación de empleos, capacitación a su personal, realizar inversiones importantes que darán como resultado la reactivación del mercado interno, entre otras.

En este sentido, el sector público será el que vigile que la normatividad y regulación se cumpla tal como se tiene prevista; mientras, el privado será aquel que exija (con sustento) mejores prácticas normativas y regulatorias para realizar su papel de una manera más eficiente.

En suma, en el sector público se debe gastar mejor, se debe planear mejor, contar con una transparencia en el ejercicio de los recursos, así como una rendición de cuentas que disipe cualquier duda de algún mal ejercicio. Mientras tanto, en el sector privado se deben cimentar los incentivos necesarios para elevar la competitividad, productividad y el rendimiento de la fuerza laboral nacional.

No hay que olvidar que el desarrollo, la democracia y la justicia son los principios que le deben dar fuerza a nuestro país, son inseparables, nacen de una misma aspiración: la igualdad.

Terminando, me gustaría citar al gran e inolvidable Carlos Fuentes: “Por eso yo les digo: desarrollo sí, pero con justicia; justicia y desarrollo sí, pero con democracia; y democracia sí, pero con desarrollo y justicia”.

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