¡Ya basta!

En la entrada anterior, comentábamos acerca de las importantes áreas de oportunidad que no han sido abordados por las diferentes administraciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF), al menos, los últimos 20 años.

En este sentido, la falta de planeación urbana se hace cada vez más visible y sobretodo, palpable. Los tiempos de recorrido son preocupantes, y muestra de ello, es el índice que señalamos que generó IBM (Commuter Pain Index) donde pone a la ciudad de México como la ciudad "que más se sufre" a nivel mundial.

Lo anterior, no es nada despreciable, inclusive es una pésima señal para los potenciales turistas que pudieran visitar esta ciudad. Asimismo, hemos comentado la carencia de alumbrado público, pasos peatonales (donde también la ciudadanía, en su mayoría, carece de una cultura vial importante) y drenaje.

Finalmente, señalamos que hay diversos programas que desde su origen no tienen razón de ser, como es el caso del Programa para la Integración a la Economía Formal de los comerciantes, donde se les da, actualmente, $2,108.40 pesos a 2,500 vagoneros (vendedores ambulantes) para que éstos persistan en sus intentos de vender productos, en su mayoría pirata, en el metro. Es decir, dicha acción de manera implícita señala la falta de respuesta que tiene la actual administración ante el problema de la economía informal, y de los grupos de poder que representan los ambulantes en el metro de la ciudad.

Así pues, había comentado que en esta entrada platicaría con ustedes acerca de varias carencias, en materia social y económica, que presenta el DF, para que se tuviera una imagen un tanto más clara, y así saber hacia dónde se tuviera que enfocar la actual administración. Sin embargo, desde hace una semana saltó un tema que involucra a la nueva línea del metro construida hace poco (octubre 2012), y que hoy en día está detenida: la línea 12 del metro.

Dicha línea no tiene siquiera 2 años en funcionamiento, y ya presenta diversas fallas, por lo que necesitará cerrarse en 11 de sus 20 estaciones, para reponer las estructuras desgastadas.

Al inicio de dicho proyecto, la administración (en ese entonces encabezada por Marcelo Ebrard) en su propuesta inicial mencionaba lo siguiente:

"En concreto, la zona sur-oriente de la Cuidad, que comprende las delegaciones de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón, presenta un alto porcentaje de viajes, en concreto, 7.9 millones de viajes diarios se originan o tienen como destino esta zona, lo que representa el 57% de los viajes diarios que se originan o se producen en el Distrito Federal (Encuesta Origen Destino EOD, 2007).

En la actualidad, no existe una alternativa de transporte público eficiente para realizar viajes entre distintos puntos de la zona sur-oriente, tal y como se demuestra con el hecho que en promedio los viajes en transporte público entre las seis delegaciones mencionadas se demoran un promedio de 84 minutos (EOD, 2007)".

De hecho, el propio el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández, en ese entonces, presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDF, indicó en su momento que el proyecto presentó un sobreprecio.

¿A cuánto asciende el sobreprecio, o el costo "inflado" de la línea 12 del Metro, para la que originalmente se calculaba una inversión de 17 mil 500 millones de pesos?

Ha existido una discordancia en todo el número de cifras que nos han dado a conocer los propios funcionarios. Primero, nos dijeron que la obra costaría 17 mil 500 millones de pesos. Después, al momento de la inauguración y por dicho propio de los responsables, ese costo se había elevado a 24 mil 500 millones de pesos. A últimas fechas, el director general del Proyecto Metro indicó que no, que el gasto en realidad fue de 21 mil 300 millones de pesos. Sin embargo, él mismo volvió a modificar esa cifra dos días más tarde, durante su comparecencia ante la Asamblea, cuando sostuvo que se invirtieron cerca de 22 mil 500 millones de pesos.

Lo que resulta ya ofensivo, es que dicho proyecto fue asignado al consorcio constructor integrado por las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Carso Infraestructura y Construcción y Alstom Mexicana, donde a través de un comunicado señalan que ellos realizaron las vías, pero que los trenes fueron adquiridos después a otra empresa, es decir, dicho consorcio cumplió con las certificaciones solicitadas por el GDF, pero éste no previó (por alguna extraña razón) analizar si los trenes que posteriormente iba adquirir (también por alguna extraña razón) pudieran no ser compatibles.

Así pues, los deslindes de todas las partes involucradas han estado al orden del día, sin mostrar una rendición de cuentas y transparencia total, ni castigos ejemplares a los funcionarios o ex funcionarios inmiscuidos en este problema, con centenares de miles de usuarios varados a su suerte ante la falta de transporte, con un alza en la tarifa del 40%, con un subsidio mensual a gente de la economía informal, y con un base fiscal casi inamovible a la que se le solicita pague sus impuestos (locales y federales) de manera puntual. Ante tal circunstancia, decimos ¡Ya basta!

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