¿Qué esperar en la segunda mitad? (Parte III)

En la entrega anterior comenté acerca de lo que esperaba de crecimiento económico para este año, así como algunos datos referentes a la generación de empleos formales. Asimismo, señalé las reformas constitucionales logradas a la fecha, y cómo se pueden “empaquetar” en diferentes vertientes.

Al respecto, me gustaría comentar que, dado los acontecimientos recientes en materia micro y macroeconómica, espero un crecimiento menor al señalado hace unas semanas:

De esta forma, estaría esperando en lugar de un crecimiento del 2.6%, uno del 2.3%. En cuanto a la inflación, considero que ésta pudiera rondar los 3.3%.

Aunado a lo anterior, es importante comentar que tal parece que este año se pudiera dar un recorte al gasto público, algunos organismos privados como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) han señalado que rondaría entre los 85 mil y 90 mil millones de pesos, yo considero que inclusive pudiera llegar a los 115 mil millones. De igual forma, es posible que el Banco de México incremente la tasa de interés, lo que a la larga pudiera contraer la actividad económica del país.

Así pues, bajo un entorno macroeconómico tan volátil debido, a entre otras cosas, a una economía estadounidense que al parecer se recuperará a una velocidad menor a la esperada, una economía china en ya una visible desaceleración y una sobre oferta de petróleo por los países miembros de la OPEP, el gobierno mexicano tendrá que realizar un ajuste no sólo para este año, sino para el 2017. Retos importantes para cualquier economía.

Es importante que dicha reducción al gasto gubernamental vaya enfocada al gasto corriente y no al gasto en infraestructura. Se deben analizar escenarios de eficiencias y optimizaciones en el ejercicio presupuestal.

Los ajustes al gasto no son fáciles, pero sin duda alguna son posibles. Un claro ejemplo de ello es lo realizado por el Doctor José Antonio González Anaya durante su paso por la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El Dr. González Anaya recibió un instituto con un “pasivo de caja” mayor a los 24 mil millones de pesos, con un gasto anual creciente mayor al 10%. El ahora director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) dejó al IMSS con un pasivo de 8 mil millones de pesos. Asimismo, contuvo el gasto pasando de un incremento anual mayor al 10% por uno del 7%, obteniendo ahorros que rondaron los 50 mil millones de pesos al año.

Este ejemplo que señalo, se tendrá que replicar en cada instancia gubernamental, para lograr las eficiencias necesarias y así evitar una reducción en el gasto que tiene verdaderamente un impacto en el desarrollo social: el de infraestructura.

Otro reto que debe ser abordado, durante la segunda mitad de esta administración, es el referente a seguridad y justicia. La Universidad de las Américas (UDLAP) dio a conocer el Índice Global de Impunidad México IGI-MEX para este 2016, donde se puede observar el gran rezago que tenemos en dicha materia.

Al respecto, la UDLAP señala que: “[L]a impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”.

El estudio es sumamente completo, y altamente recomendable de poder analizar, sobre todo para comprender la construcción del índice. Aquí únicamente daré dos resultados: México respecto al exterior, y México al interior.

En cuanto a nivel internacional, México se ubicó en la posición 58 de los 59 países analizados:

A nivel interno, los resultados del índice de impunidad por estado fueron los siguientes:

Es importante señalar que el promedio nacional fue de 67.42, para su medición interna, y que Michoacán “es la única entidad que se ubica con impunidad atípica, ya que considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado, lo cual se explica en parte porque el IGI-MEX no incluye variables que capturen la problemática de inseguridad pública y corrupción que se han puesto al descubierto últimamente”.

De acuerdo a diversos especialistas, y siguiendo algunos de los sub indicadores que presenta este estudio, México prácticamente tendría que duplicar su gasto en seguridad y justicia: se requieren más celadores en las cárceles, más cárceles (estatales y federales), mejores ministerios públicos, entre otras cosas. No puede existir una inclusión social real sin un estado de derecho eficiente y eficaz.

Ante ello, surge la necesidad, como sociedad, de presionar al poder legislativo para que dé pronta construcción al Sistema Nacional Anticorrupción. Es por ello, que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias está coordinando a un sinnúmero de organizaciones civiles para que los ciudadanos firmemos la denominada Ley 3 de 3. No olvidemos que para que esta ley sea presentada como iniciativa ciudadana se requieren 120 mil firmas.

En la siguiente entrega abordaré otros retos importantes que se tendrán que enfrentar en ésta segunda mitad del sexenio.

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