Jorge Bela

 
Titulación de predios fiscales: un caso de éxito en Bogotá

Jorge Bela, Gestor Comunitario de Bogotá

 

Uno de los principales frenos al desarrollo de los asentamientos irregulares es la falta de títulos de propiedad por parte de sus ocupantes. En Colombia, donde los conflictos armados que se prolongan desde hace décadas han sumado un número significativo de desplazados por la violencia a los flujos migratorios observados en toda Latinoamérica, este problema tiene una especial gravedad. Para atajar este problema en el año 2005 se aprobó una ley que permitía la transferencia gratuita de predios fiscales, o de titularidad pública, que hubieran sido ocupados antes de 2001. El alcance de esta ley deja fuera del proyecto de titulación a los asentamientos edificados sobre predios de propiedad privada.

Uno de los proyectos mas exitosos dentro de este programa se está realizando en Bogotá. Se trata de un asentamiento informal extendido sobre 70 hectáreas en las localidades Álvaro Uribe Uribe y Suba, y en el que vivían más de 5.000 familias. El proyecto fue lanzado en 2008 y en la actualidad se han entregado ya 4.200 títulos. El proyecto es singular por su tamaño, es el mayor de Colombia, y por el alto porcentaje de éxito conseguido con el mismo. Alejandro Quintero, coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial del Ministerio de Vivienda considera que el proyecto constituye un modelo a seguir en otras ciudades, y ya tienen previsto aplicarlo en a Cúcuta y Melgar.

Los terrenos eran propiedad del Estado colombiano, lo que requirió una serie de actos legales para facilitar su cesión: incluso el Presidente tuvo que emitir un acto administrativo para ceder en primera instancia la propiedad al ministerio de vivienda, quien con posterioridad lo transfirió a la Alcaldía de Bogotá. Fue la Alcaldía, a través de a Secretaría Distrital del Habitat quien se encargó del complejo proceso de entrega de títulos. A pesar de la dificultad jurídica de la operación y de la diferente orientación política de las administraciones local y nacional, la relación entre ambas ha sido fluida en este proyecto, según afirmó Alejandro Quintero.

Aunque la asignación de títulos es relativamente costosa, pues se requiere un certificado de plano predial, el avalúo del inmueble y otros gastos, gran parte de estos se cubrieron gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que acompañó al Ministerio de la Vivienda en este proyecto. Aunque los habitantes de los asentamientos en un principio recibieron las visitas de los funcionarios, que se acercaban a sus viviendas para recabar datos, con recelo, pronto se solventaron estos problemas de confianza. Las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, como quebradas, o en el ámbito de seguridad de la cárcel de la Picota, fueron excluidas, y sus habitantes incluidos en un proceso de reubicación. Tampoco se entregaron títulos a las personas que hubieron obtenido la vivienda mediante fraude o extorsión, ni a las que excedían de un valor de 79.000.000 COP (unos 40.000US).

Al tiempo que se entregaban los títulos, se realizó un proyecto de regulación urbanística y otro de mejoramiento de viviendas. Para Alejandro Quintero los efectos de todas estas intervenciones han sido rotundos: los habitantes de los 14 barrios que resultaron tienen una mayor calidad de vida, gozan de una mayor seguridad jurídica, quedan más lejos de la pobreza al tener un patrimonio que les permite respaldar actividades económicas, y generan ingresos fiscales nuevos para Bogotá. Para el 15 de noviembre han organizado un Foro Internacional de Titulación en el que esperan intercambiar experiencias con otros países de la región.