Jorge Bela

 
Minimo vital de agua en Bogotá

Jorge Bela, Gestor Comunitario de Bogotá

 

El agua de Bogotá es potable y deliciosa, algo excepcional en las grandes ciudades de América latina. Esto se debe a su proximidad a abundantes fuentes de agua, especialmente los páramos de Chingaza y Sumapaz, y a una buena gestión del recurso. La mayor parte del agua consumida actualmente proviene de la represa de Chingaza, ubicada a unos 50 kilómetros de Bogotá. Sin embargo, la misma proximidad de la mega urbe supone un riesgo para los frágiles ecosistemas de los páramos: Sumapaz comienza en el mismo término municipal de la capital. Aunque la capacidad de suministro actual se estima suficiente a medio plazo, a largo plazo será necesario construir nuevas represas y canalizaciones, proyectos técnicamente complejos y que probablemente generarán fuertes controversias por su impacto ambiental.

La gestión del suministro del agua corresponde a la Empresa del Acueducto de Bogotá, una entidad pública. Siguiendo es esquema de subsidios basados en los estratos, los habitantes de los barrios con mayores recursos económicos (5 y 6) pagan un sobreprecio que es utilizado para subvencionar a los estratos con menores recursos: el estrato 1 paga el 30 por ciento del costo del agua, el 2 un 40 por ciento y el 3 un 75 por ciento, en todos los casos con un límite de 20m3 por periodo de cobro (el estrato 4 paga el valor real del agua). Este sistema de subsidios es deficitario, y la propia Empresa del Acueducto, que no paga utilidad al municipio, asume el déficit con sus propios recursos.

A partir de febrero de 2012, Bogotá estableció mediante decreto el derecho a un mínimo vital de agua, un derecho reconocido por las Naciones Unidas mediante la Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010. El decreto establece que para los estratos 1 y 2, los primeros 12m3 consumidos en cada periodo de facturación serán suministrados de forma gratuita. A partir de dicho consumo se aplicarán las tarifas habituales para dichos estratos. Esta cuota supone una asignación gratuita de unos 50 litros por persona y día, lo que está dentro de los criterios que se manejan habitualmente para estimar un consumo mínimo de agua en un entorno como Bogotá. El costo de la medida para el año 2012 fue de 71 000 millones de pesos (unos $35 millones de USD al cambio actual), según datos del Distrito. Esta cantidad fue íntegramente cubierta con fondos del propio Distrito.

Aunque la medida ha sido bien recibida entre la mayoría de los expertos como un avance en la implementación de la resolución de las Naciones Unidas, no ha estado libre de controversia. Un punto cuestionado es la limitación del mínimo vital a dos estratos: una asignación del mínimo vital debería incluir todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales. Pero quizá la cuestión de mayor envergadura que se suscita sea la realidad de numerosos municipios colombianos que no disponen de la capacidad financiera para asignar este mínimo vital. Aunque escapa del ámbito de Bogotá, la solución a este problema sería el establecimiento de un fondo nacional destinado a este fin.