María Fernanda Carvallo, Mexico City Community Manager
De acuerdo al estudio realizado por el Banco Mundial, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental (CEGAM), “Pobreza urbana y cambio climático para la Ciudad de México”, las consecuencias del cambio climático obligan a las ciudades a recurrir a estrategias de adaptación ya que de lo contrario la pobreza aumentaría en las urbes. En el caso del Distrito Federal (DF), de no adoptar medidas que hagan frente a los desastres naturales, los costos del impacto climático serían equivalentes al 20 por ciento del Producto Bruto Nacional actual, así como el incremento de un millón de pobres en la ciudad. Así mismo, el Gobierno del Distrito Federal afirma que el análisis de la información climática de las décadas recientes muestra que el Valle de México es vulnerable a condiciones extremas, sea que se trate de un incremento en las temperaturas ambiente, lluvias intensas o sequías.
Contexto
En los próximos 30 años, cerca de 7 millones de habitantes en el Distrito Federal se verán perturbados por los efectos del cambio climático, en especial la población que habita en zonas de riesgo como son los habitantes en asentamientos irregulares, barrancas, cauces de río, o las que habitan en las faldas de los cerros que son vulnerables ante inundaciones por lluvias torrenciales. Asimismo, de acuerdo a los investigadores de la UNAM, la formación de “islas de calor” en las ciudades provocarán una constante pérdida de áreas verdes en la ciudad en especial afectará a las delegaciones y municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México como Ecatepec, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc y Ciudad Neza.
Una de las relaciones más estrechas en este contexto es el cambio climático y el poder adquisitivo de la población, de tal forma que el mayor impacto del cambio climático afectará a las delegaciones con menos desarrollo, en particular, a la población con menores recursos económicos. Con cifras del estudio, los grupos vulnerables en términos de población son cerca del 42 por ciento de la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en donde el 40 por ciento de los hogares presentan alta vulnerabilidad por la ubicación de sus asentamientos en zonas de alto riesgo como pendientes con posibles deslizamientos de tierra frente a fuertes precipitaciones. En las zonas vulnerables, en términos de población, hay alta concentración de personas mayores de 18 años sin educación secundaria, con bajos ingresos y que se han movido de residencia en los últimos cinco años. En términos de vivienda, alrededor de 1.5 millones se concentran en zonas que se caracterizan por el uso de materiales de construcción precarios en paredes y techos, sin acceso a los servicios básicos, y con informalidad en la tenencia de la tierra.
Problemática: Impacto del cambio climático en la pobreza urbana
Diversas condiciones se relacionan de manera directa con el riesgo de la pobreza urbana ante el cambio climático o desastres naturales, siendo la principal la ubicación y tipo de los asentamientos de las viviendas que condicionan el acceso a los servicios básicos. En este sentido, dependiendo del grado de acceso a los servicios es el nivel de exposición y sensibilidad a los riesgos, siendo los asentamientos irregulares los más desaventajados e inseguros.
La falta de servicios básicos, junto con el hacinamiento en las viviendas, reduce la capacidad de resistencia de los pobres urbanos ante los riesgos, como consecuencia de los siguientes factores:
- Los materiales precarios de las viviendas conducen a la destrucción de amplias zonas ante los desastres, al colapsarse una casa se ponen el riesgo las de alrededor.
- La ausencia de drenaje resulta en inundaciones o desbordamiento ante lluvias torrenciales, debido al bajo nivel de las áreas de los asentamientos.
- El manejo de residuos sólidos inadecuados bloquea los canales de drenaje que impide que el flujo del agua de las lluvias salga del área impactada, provocando inundaciones en las zonas de asentamientos.
- La falta de infraestructura de distribución de agua y saneamiento conduce a la escasez de agua, contaminación del agua almacenada por inundaciones con material tóxico e infeccioso y propagación de enfermedades.
- La escasez de infraestructura de caminos y transporte limita el acceso a las zonas en riesgo durante las emergencias, al igual que incomunica la ayuda y distribución de víveres.
- Las redes de energía se dañan por el viento ante los desastres, al igual que las áreas dependientes de fuentes hidroeléctricas se ven amenazadas ante las sequías, lo que pone en riesgo las fuentes de energía de las viviendas para la generación de alternativas de ingresos.
- La informalidad de la tenencia de la tierra no permite la ayuda financiera por parte del gobierno para la adquisición de los bienes perdidos por los desastres naturales, o la reubicación a viviendas con las condiciones propicias.
- La salud de las personas se ve afectada por la propagación de enfermedades altamente sensibles a los cambios de temperatura y precipitación, además de las condiciones antihigiénicas originadas por las inundaciones y la exposición a los residuos sólidos sin tratar.
- Seguridad financiera de los habitantes de asentamientos irregulares e informales se ve amenazada, al participar en el mercado informal no tienen seguro que proteja sus bienes personales, así como los bienes empleados para la venta o generación de fuentes de ingresos.
Los elementos anteriores, generan una cadena de impactos en los pobres urbanos que reduce su capacidad de resistencia y los orilla a situaciones de vulnerabilidad más extremas y mayor empobrecimiento.
Estrategias de mitigación de riesgos
Para la prevención de desastres naturales e implementación de estrategias que hagan frente a los impactos, es necesario la coordinación de diversos actores, entre ellos, gobiernos locales, municipales, sociedad civil y ciudadanos.
En este sentido, desde la cancha de la autoridad local, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha implementado acciones de política pública, entre ellas el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM), cuyo objetivo general es “integrar, coordinar e impulsar acciones públicas en el Distrito Federal para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático y promover el bienestar de la población mediante la reducción de emisiones y la captura de gases de efecto invernadero”. Dicha estrategia da continuidad a programas ya existentes del Gobierno del Distrito Federal y plantea iniciativas nuevas que buscan profundizar esos efectos. En el contexto de movilidad, el plan involucra la ampliación y la mejora del transporte público; la ampliación de la infraestructura para las formas de transporte más sustentable y el cambio en los hábitos de uso de transporte hacia la movilidad no motorizada; con respecto al agua se articulan las políticas y acciones de suministro y uso eficiente de agua con aquellas orientadas a la atención de los riesgos; en el tema de energía se promueve el ahorro uso eficiente y la utilización de energía solar y fuentes renovables de energía; desde el tema de residuos sólidos se promueve el reciclaje y el aprovechamiento del contenido energético de los residuos; por su parte, se busca la restauración del suelo de conservación y la ampliación de su superficie. Sin embargo, las estrategias de mitigación de los riesgos del cambio climático deben de ir acompañadas de las necesidades de información y capacitación de la población, así como acciones de educación para que la sociedad identifique las prácticas que contribuyen a la adaptación y prevención del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad de las personas.
Con el fin de coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones del PACMM, el GDF instauró la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, compuesta por representantes de cada una de las Delegaciones del DF, la cual deberá sugerir cambios para mejorar el mismo programa y fomentar la participación de los sectores público y privado en la implementación de acciones que hagan frente al cambio climático.
Entre las acciones que se deben implementar por las autoridades municipales, el estudio del Banco Mundial establece la coordinación con el gobierno local para impulsar la recuperación de cuerpos de agua, así como la restauración y ampliación de áreas verdes urbanas. En materia de prevención, es necesario que se identifique el patrón histórico y las tendencias de eventos hidro meteorológicos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y evaluar su distribución espacial y los impactos socio-económicos, desarrollar un modelo de impactos del cambio climático y desarrollar indicadores de riesgo y vulnerabilidad. Lo anterior con el fin de que se identifiquen las zonas más proclives para la implementación de estrategias coordinadas entre diversos actores.
A fin de construir la capacidad local para la resistencia a los riesgos y superación de la vulnerabilidad, es necesario el involucramiento de la sociedad civil y considerar las necesidades locales. En este sentido, el PACCM establece acciones de adaptación en el mediano plazo en las que la sociedad debe involucrarse para contrarrestar los efectos del cambio climático, entre ellas la naturación de las azoteas en zonas urbanas para reducir la emisión de gases. De acuerdo al GDF, el sistema de naturación de azotas es el tratamiento técnico de superficies edificadas, mediante el cual se crea una superficie vegetal inducida que nos permite recuperar e incorporar vegetación en inmuebles de todo tipo para su aplicación en zonas densamente urbanizadas con grandes beneficios que aportan a nivel ambiental, económico y social. La Ciudad de México es el primer caso internacional en donde el gobierno local toma el liderazgo para impulsar esta tecnología, a través de la publicación de la primera norma técnica en el país y Latinoamérica que incluye las especificaciones técnicas que garantiza la calidad de la naturación de azoteas. Así mismo, se promueve la aplicación de esta norma a través de las constancias de reducción del impuesto predial de las casas habitación a quién implemente una azotea verde en su casa.
Así mismo relacionado a la participación de la sociedad, el Banco Mundial establece que un elemento necesario para el fortalecimiento de la capacidad local son las universidades y centros de investigación a través de la orientación de los responsables de elaboración de políticas públicas futuras en la materia y formación de profesionales y ejecutivos que implementan estrategias de mitigación; de tal forma que se transfieran conocimientos actuales, enfoques y tecnologías. En este sentido, El Gobierno de la Ciudad de México (GDF) a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) y en conjunción con el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) crearon el Centro Virtual de Cambio Climático en la Ciudad de México, cuyo objetivo es contribuir al incremento y mejora del conocimiento disponible sobre el impacto del cambio climático en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), así como para contribuir a la formulación y ejecución de políticas públicas innovadoras que generen mayor adaptación y calidad de vida, menor vulnerabilidad, disminución en los riesgos y amenazas de la ZMCM y de sus habitantes; mediante la implementación de estrategias que integra la actuación de los sectores público, privado, social y científico en materia de agua, salud, suelo de conservación, servicios ambientales, transporte, energía y residuos sólidos.
Las medidas implementadas por el GDF buscan reducir la vulnerabilidad y aumentar la resistencia de la población en pobreza en la Cd. de México ante los desastres naturales e impactos del cambio climático. Sin embargo, para que el impacto de estas acciones sea mayor, es responsabilidad de los gobiernos municipales de proveer la infraestructura pública necesaria, la prestación de servicios básicos y la incorporación de la adaptación y reducción del riesgo de desastres en las prácticas de planificación y gestión urbana, así como mejores políticas para la planificación del uso del suelo. Lo anterior en asociación con las comunidades para la adopción de mejores prácticas sustentables.