María Fernanda Carvallo, Mexico City Community Manager
La esclavitud del S.XXI es la trata de personas, considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el tercer delito más lucrativo alrededor del mundo sólo detrás del tráfico de armas y drogas. En su acepción más general, la trata de personas es definida como una actividad por medio de la cual una persona obtiene o mantiene trabajos o servicios realizados por otra a través de la cohersión; y quienes son víctimas que sufren de un ciclo de violencia, desigualdad y desinformación.
Paradójicamente, mientras las fronteras se abren cada vez más a la libre circulación de información, mercancías y capitales, las políticas de control migratorio restringen cada vez más la entrada de migrantes a su territorio propiciando el incremento de desplazamientos ilegales. Así, aumenta la vulnerabilidad de las personas por las condiciones tan precarias en las que se ven obligados a emprender su viaje, condenándolas a la invisibilidad y a ser víctimas de cualquier tipo de atropello a sus derechos más elementales sin la posibilidad de reclamar por ello.
En este sentido, si bien cualquier persona puede ser víctima de trata, ciertamente quienes viven en condiciones de pobreza y marginación tienden a ser más vulnerables a ella. En México, la trata alcanza dimensiones descomunales en comparación con otros países, y si bien las razones son variadas, la condición del país como uno de origen, traslado y destino de migrantes, especialmente centroamericanos, aunada a la porosidad de la frontera sur que permite el ingreso clandestino de miles de personas, hacen de México tierra fértil para el desarrollo de esta actividad.
Con base en lo anterior, y considerando la gravedad del delito, diversos sectores han emprendido acciones para combatir la trata. Desde la sociedad civil, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS), el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), la Fundación Camino a Casa, Reintegra, A.C. y el Colectivo contra la Trata de Personas D.F. han desarrollado observatorios e investigación que sirvan de contrapeso a la información oficial sobre trata de personas y para incidir en políticas públicas como contrapeso a las instituciones gubernamentales.
Diagnóstico sobre la vulnerabilidad de las personas ante la trata de personas
El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS) es un centro de investigación específicamente diseñado para el estudio de los derechos humanos desde una perspectiva multidimensional que permita analizar todas sus vertientes. En este sentido, CEIDAS, A.C. señala que es lugar común afirmar que la protección de los derechos humanos es responsabilidad exclusiva del Estado. Y si bien esto es cierto, también lo es que su salvaguarda debe tener matices sociales que permitan a la ciudadanía ser partícipes de sus propios derechos.
Además de la generación de información y conocimiento, CEIDAS, A.C. busca que éstos deriven en acciones concretas que permitan incidir en el marco legal e institucional, por lo que ha desarrollado una red de capacitación e investigación a disposición del público en general a través de internet y redes sociales para así ampliar sus canales de acción.
Así mismo, CEIDAS, A.C. formaliza alianzas estratégicas con instituciones académicas, organizaciones de alcance internacional y gobiernos de los tres niveles para promover una agenda común de riesgos sociales. Según indica, aunque en los últimos años se ha dado una discusión sobre las dimensiones y consecuencias de este delito en México, no se ha construido un sistema nacional de información sobre el tema, y ni las autoridades ni la sociedad civil han logrado consolidar instrumentos de medición que proporcionen información cuantitativa en la materia. Así, desde 2009, CEIDAS asumió la tarea con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de construir el primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, el cuál fue realizado en alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De acuerdo a la organización, a partir de este diagnóstico fue posible identificar espacios de vulnerabilidad, territorios en los que la migración tanto nacional como internacional es más acentuada; ciudades y destinos turísticos denunciados por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil como de alta presencia de explotación sexual comercial infantil y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral; así como la debilidad institucional y del marco jurídico, tanto federal como local para prevenir, perseguir y sancionar a los delincuentes; más aún, para proteger a las víctimas.
Esta investigación constituyó el primer Índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas que, entre otras cosas, ofrece datos cuantitativos sobre los factores más relevantes que aumentan la vulnerabilidad de ser víctima de trata. Asimismo, el índice ofrece un contexto social y económico que permite identificar el perfil de las personas que han caído en el delito así como de las personas que lo cometen. De la misma manera, incluye un indicador numérico que permite desagregar información por entidad federativa sobre el riesgo del delito.
Para distribuir el riesgo del delito en territorio nacional, el índice agrupa a las entidades federativas con base en la probabilidad de que sus habitantes o quienes transiten por ahí lleguen a ser víctimas de trata. Así, los estados se dividen en alta, media o baja vulnerabilidad según el nivel de protección y cumplimiento de los derechos humanos, no en la incidencia del delito.
Siguiendo esta línea de argumentación, el índice también identifica tres fases principales en las que se desarrolla la trata en México: enganche; traslado, encierro y privación de la libertad y explotación para fines diversos. Finalmente, es importante destacar que en la selección de las variables que integran el índice no todos los casos de trata de personas son cometidos por redes organizadas de criminales, señalando con ello que la trata puede ser cometido por personas cercanas a las víctimas.
Con base en lo establecido en el índice, la mayoría de las víctimas provienen de entornos de pobreza, marginación, desigualdad, violencia familiar o comunitaria, adicciones, deserción escolar o analfabetismo, bajos ingresos, trabajos precarios, riesgosos, mal remunerados o la informalidad.
Desarrollo de capacidades a través de la prevención y rehabilitación de la trata de personas
Para pasar de la información a la acción, el proyecto de CEIDAS A.C, no solo tuvo entre sus objetivos generar y sistematizar información, sino también la implementación de talleres de prevención de la trata de personas y promoción de los derechos humanos a profesores y alumnos en escuelas, al tiempo que se incluyeron actividades de continuidad como ciclos de cine y concursos escolares de cartel, ensayo y fotografía. El resultado fue la identificación de poblaciones vulnerables y con base en ello construir un modelo de prevención con seis dimensiones para su mejor atención, que abarca Violencia social, pobreza y carencias sociales, Justicia y seguridad pública deficiente, Precariedad económica y condiciones laborales de explotación, Migración interna e internacional y Violencia y discriminación por género. Una vez identificadas las poblaciones vulnerables, el Modelo busca incidir y aplicarse en las mismas, para lo cual la formación de alianzas resulta fundamental para impactar positivamente las comunidades objetivo.
Por su parte, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. es una asociación civil que, en el marco de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, surgió de la necesidad de un grupo de sacerdotes que, en conjunto con académicos laicos, de crear un centro de estudios sociales y culturales sin ningún tipo de afiliación a alguna iglesia para el análisis de la realidad y el entorno más próximo y así contribuir a solucionar los problemas que la aquejan.
Su perfil está enfocado en conocer y analizar la realidad de los procesos sociales en todas sus vertientes en el marco de los derechos humanos a fin de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa. Al igual que CEIDAS, A.C., el centro Montesinos busca traspasar la línea de la investigación y desarrolla estrategias de intervención para ayudar a mitigar los problemas que consideran más apremiantes. Para ello, forman redes de acción entre distintos actores sociales en zonas empobrecidas para hacerlas partícipes de sus derechos y sepan exigir su cumplimiento si las circunstancias lo ameritan.
El equipo de trabajo del centro sistematiza sus experiencias en las distintas regiones en las que operan con una metodología participativa con el fin de compartirla con otras organizaciones sociales para finalmente impulsar acciones y proyectos de formación como diplomados y talleres en torno a sus perspectivas centrales. De estas actividades, puedan surgir propuestas sobre Política Social y Participación Ciudadana en organismos gubernamentales, civiles y académicos.
En vista de que el objetivo del centro es contribuir a la organización de los sujetos civiles, sociales y eclesiales para su influencia en asuntos públicos, fortaleciendo sus capacidades de articulación e incidencia, su equipo de trabajo ha desarrollado en conjunto con Indesol, una extensa investigación sobre la trata de personas en el D.F. por considerarlo un delito de suma gravedad que merma la calidad de vida de las víctimas.
Así, fue creado el Observatorio Ciudadano sobre trata de personas con fines de explotación sexual en la Ciudad de México, cuyo fin es analizar, difundir, articular y realizar propuestas con base en una perspectiva de derechos humanos y género sobre el actuar de las instituciones públicas que participan en la prevención, atención e investigación de casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Para lograrlo, el Centro e Indesol han formado una red de informantes en albergues, organizaciones de la sociedad civil y redes informales de apoyo que brindan información para un mejor análisis del problema.
En el marco de la actuación de la sociedad civil, la Fundación Camino a Casa, ayuda a las víctimas de explotación sexual comercial infantil, que suman más de 20,000 en México cada año, para la restauración de sus entornos a través de un modelo de atención que les brinda un hogar familiar para una recuperación integral a la sociedad y a una vida con nuevas oportunidades. La Fundación Camino a Casa, A.C. participó en el proyecto bilateral México-Estados Unidos conocido como proyecto Puente, en el cual se trabajó junto con la organización Concerned Women for America (CWFA) en la capacitación de líderes mexicanos para el combate de la explotación infantil. Así mismo, participa de manera activa como organización de la sociedad civil en la Comisión para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, para la aprobación y homologación de la “Ley General para prevenir, combatir y sancionar la Trata de Personas“.
La fundación ha trabajado íntimamente con distintas autoridades a nivel federal y de la Ciudad de México, quienes canalizan a las víctimas que son rescatadas por medio de operativos o llegan a sus instalaciones. Al ser menores de edad, la fundación brinda condiciones de seguridad en un albergue de alta seguridad que procura funcionar como un hogar integral para las víctimas. El modelo de atención implica apoyo a las víctimas en los procesos judiciales, psicológicos y legales en la integración de expedientes, averiguaciones y denuncias, así como apoyo médico, educativo y emocional. El albergue tiene un trato especializado a través de tutoras, trabajadoras sociales y “mamás sustitutas” que brinda un entorno familiar con principios y valores a fin de ayudarle a su recuperación, reconstrucción de autoestima e identidad y proyección de un futuro con nuevas oportunidades.
En el último han atendido a 67 víctimas en el refugio, cuyas edades fluctúan entre los 8 y 18 años y son provenientes de diversos estados del país, así como de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Ante el éxito del modelo, Fundación Camino a Casa tiene proyectado abrir doce hogares más con las mismas características en el interior de la República Mexicana.
De igual manera, la Fundación Reintegra, A.C. surgió para brindar atención y rehabilitación para las personas que han sido víctimas de explotación sexual comercial, a través de la restauración de sus derechos humanos, generando oportunidades para llevar una vida productiva, gratificante y digna del sobreviviente. Reintegra realiza proyectos en el área laboral, para que las sobrevivientes sean reintegradas a la sociedad, asesorando sus proyectos personales y de negocios. Al igual que imparte cursos de prevención a instituciones, promueve la denuncia de las sociedad civil y brinda asesoría legal.
En México el tutelaje y garantía de la protección de las personas se ha adoptado como evolución de los derechos humanos tanto en el ámbito local como en el nacional, dejando la responsabilidad de la protección y de la seguridad al Estado, sin embargo aún persisten lagunas que orillan a las deficiencias de los marcos normativos del Estado de derecho para hacer frente a fenómenos como el aquí expuesto. El Observatorio Ciudadano indica que los cambios legislativos no son suficientes si no hay claridad mental en los juzgadores, que son quienes tienen al final de cuentas en sus manos la posibilidad de condenar el delito de trata. De aquí la necesidad de que la sociedad civil actúe en un marco de pesos y contrapesos para exigir al Estado proteja los derechos humanos: el fenómeno de la esclavitud del siglo XXI podría abolirse a través de la sinergia de estos actores que orillan al Estado a adoptar medidas de políticas públicas y legislativas frente a este fenómeno.