Category: Uncategorized

  • URBim | for just and inclusive cities

          

    Latin America is the most urbanized region in the world, with an average urbanization rate of 80 percent. Many of the region’s cities are developing quickly and becoming important economic, cultural and touristic hubs. In spite of this growth and development, and the fact that poverty rates have been declining, 25 percent of Latin America’s urban residents still live in poverty. URB.im would like to encourage the debate around solutions to tackle poverty, foster inclusion and promote broader channels of participation, to bring about more just and inclusive cities in Latin America.

    Join the conversation with our four panelists: Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico); Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia); and Jorge Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil).

    Con una tasa de urbanización del 80 por ciento, América Latina es la región más urbanizada del planeta. Varias ciudades de la región se están desarrollando rápidamente y se están consolidando como importantes centros económicos, culturales y turísticos. A pesar de dicho crecimiento y desarrollo, y aunque la pobreza ha venido disminuyendo, se estima que el 25 por ciento de los habitantes de las ciudades Latinoamericanas viven en condiciones de pobreza. URB.im quiere generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones sobre esfuerzos de reducción de pobreza y la promoción de la inclusión y la participación social, los cuales están contribuyendo a que las ciudades Latinoamericanas sean más justas e incluyentes.

    Únanse a la conversación con nuestros cuatro participantes invitados: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México); Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia); y Jorge Barbosa, Director, Observatorio de las Favelas (Brasil).

    América Latina é a região mais urbanizada do planeta com uma taxa de urbanização de 80 por cento. Varias cidades da região estão se desenvolvendo rapidamente e estão se tornando importantes centros econômicos, culturais e turísticos. Embora aquele crescimento e desenvolvimento, é o fato que a pobreza vem diminuindo, ainda o 25 por cento da população das cidades Latino-americanas experimentam condições de pobreza. URB.im gostaria de incentivar o debate em torno às soluções no combate da pobreza e da exclusão e dos mecanismos para ampliar os cais de participação das cidades Latino-americanas para que sejam mais justas e inclusivas.

    Participe na conversação com nossos quarto debatedores: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual e Ex-assessor Presidencial de Politicas Sociais (México); Paula Moreno, Ex-ministra de Cultura e Presidente, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-presidente de Pesquisa da Universidad del Valle (Colombia); e Jorge Barbosa, Diretor, Observatório de Favelas (Brasil).

    Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico)

    Latin America is the most urbanized of all developing regions. On its own, this fact could mean good news, as historically, cities have been able to reduce poverty rates and gender inequality, and have achieved substantial improvements in access to education, justice, and health services, among other benefits.

    However, the quantitative data is insufficient to explain the challenges that Latin American cities are facing. The quality and speed with which the urbanization process has taken place complements this picture, explaining why urbanization was characterized by inequality, socioeconomic segregation, and precarious provision of social services and basic infrastructure. The scenario is even less encouraging when considering the institutional weaknesses in most of our region’s local governments, which are further and further away from meeting demand for social services and policies. When reviewing the region’s history of urban development and demographic trends, the violence that characterizes most cities in the region should not surprise us (42 of the 50 most violent cities in the world are in Latin America).

    The future of Latin America’s development is closely linked to the quality with which its social and physical spaces are planned and managed.

    In this debate I intend to advocate for the need for a much broader urban paradigm than the one proposed by the urban development practice at the end of the twentieth century, which focuses on planning the uses, densities, housing, and basic infrastructure.

    The central proposal of my argument rests on the fact that urban issues should not be considered only a vertical of public policy like education, health, culture, sports, or economic development, but as cross-cutting policy, which would allow the “territorializing” (focusing on the territory) of other public policies.

    This focus on the territory is based on three fundamental premises:

    • Work from the intersection of the social strata, space, and their corresponding vertical public policy areas (such as health, education, etc.).
    • Align national and sub-national policies to plan and manage on three simultaneous scales: regional, urban/metropolitan, and neighborhood.
    • Define the mechanisms that allow the implementation of urban policies under a clear framework of social participation that prioritizes the public good and technical solutions over mere politics.

    Enrique Betancourt is the cofounder of Contextual, an agency that develops creative solutions to urban problems through collaborative processes. His work focuses on the intersection between research, public policy design, and implementation. Previously, Enrique was the Head of the National Center for Crime Prevention and Citizen Participation, as well as the Deputy Director of Social Policy at the Office of the Presidency of Mexico. He studied architecture at the Universidad de las Américas Puebla, holds a Masters in Urbanism from Harvard University, and is a Yale World Fellow.

    Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México)

    América Latina es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. El hecho en sí mismo podría anunciar buenas noticias, pues las ciudades han llegado, a lo largo de la historia, acompañadas de reducciones importantes en índices de pobreza, desigualdad de género y mejoras sustanciales respecto al acceso a educación, justica y servicios de salud entre otros beneficios.

    Sin embargo el dato cuantitativo resulta insuficiente para explicar el reto que representa la vida en las ciudades de nuestra región. La calidad y la velocidad con la que ha sucedido el proceso de urbanización complementan el panorama y terminan por explicar como éste último se ha caracterizado por la desigualdad, la segregación socioeconómica y la precariedad en la provisión de servicios sociales e infraestructura básica. El escenario resulta menos alentador ante la clara debilidad institucional de la mayoría de los gobiernos locales de la región, quienes se encuentran cada vez más lejos de poder satisfacer la demanda de servicios y políticas sociales. Ante la revisión de la historia de desarrollo urbano y tendencias demográficas no debería sorprender mucho la violencia que caracteriza a la mayoría de las ciudades de la región. (42 de las 50 ciudades mas violentas del mundo son Latinoamericanas).

    El futuro del desarrollo de América Latina esta íntimamente ligado a la calidad con la que se planifiquen y gestionen los espacios sociales y físicos de sus ciudades.

    En este debate me propongo abogar por la necesidad de un paradigma urbano mucho más amplio que el propuesto por la noción de desarrollo urbana de finales del siglo XX centrada prioritariamente en la planeación de los usos, las densidades, la vivienda y la infraestructura básica.

    La propuesta central de mi argumento radica en la necesidad de que los asuntos urbanos no sean considerados únicamente como un área de política pública vertical más como lo son la educación, salud, cultura, deporte, desarrollo económico, sino un política transversal que permita la territorialización de las otras políticas públicas.

    Esta territorialización supondría tres premisas fundamentales:

    • Trabajar desde la intersección de las capas sociales, espaciales y las correspondientes a cada área de política vertical (salud, educación, etc.)
    • Alinear políticas nacionales y sub-nacionales para planear y gestionar en 3 escalas simultaneas: regional, la urbana / metropolitana y la barrial.
    • Definir mecanismos que permitan la operación táctica de políticas urbanas bajo un marco definido de participación social que priorice el bien público y las soluciones técnicas por encima de las meramente políticas.

    Enrique Betancourt es cofundador de Contextual, una agencia que desarrolla soluciones creativas a problemas urbanos a través de procesos colaborativos. Su trabajo se centra en la intersección que existe entre la investigación, el diseño de políticas públicas y su implementación. Anteriormente fue Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y Director Adjunto de Política Social en la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México. Es Arquitecto por la Universidad de las Américas en Puebla, Maestro en Urbanismo por la Universidad de Harvard y Yale World Fellow.

    Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia)

    One of the most critical challenges in increasingly urbanized Latin American cities is how to enforce social integration as a strategy to reduce urban violence and promote greater social cohesion and resilience among its citizens. The dynamics of public space not only as a symbol of physical welfare but also as a determinant of equal social relations is a major challenge to be addressed. I would like to mention the case of Medellin, a Colombian city with both a complex history in terms of violence, illegal networks, and segregation, and at the same time the most dynamic cultural and economic nodes, with opportunities for structural social change in the medium term.

    Medellin is the clearest example of urban transformation in recent years in Colombia. First, the city’s government has showed continuous political support for and prioritization of social integration. Second, the city has developed comprehensive urban interventions that prioritize social integration as a tool to tackle violence and social degradation. These interventions take the form of urban upgrading programs, which invest not only in improving the physical conditions of low-income neighborhoods, but also in their social capital. Today, after almost a decade of sustained public interventions, one of the most critical components of Medellin’s scheme is not only the architectural icons or the modern transportation systems that the city has built, but the incubation of strengthened social networks that nurture and sustain the physical intervention, and also generate the social fabric to prevent violence and to shape a common project for the city.

    Throughout the years, the quality of physical transformation has been complemented by social policies to map and effectively empower social networks. The building capacity strategy, mainly supported by the public administration but also by national and international organizations (e.g. Paisa Joven of GTZ, Picacho Corporation (Ford Foundation) or the projects of Fundación Social or Fundación Suraméricana) strengthened the capacities and roles of commune leaders and organizations. Visible grassroots leaders with administration leadership positions have access to top public and private universities (e.g. EPM Fund), and create a knowledge base that integrates their own territorial views into the academy and the public decision-making process through schemes like participatory security and budgeting. This social architecture, built upon bridging organizations with political advocacy, economic alternatives, and social mobility with a major territorial attachment, has become a major force in tackling criminal networks in the city. (Two examples of bridging organizations of this type are Son Batá and la Elite Hip Hop.)

    Paula Moreno is an industrial engineer with experience in social project management, design and implementation of public policies. She was the youngest minister in the history of Colombia and the first Afro-Colombian women to hold a ministerial office. In 2010 she was selected by the Council of the Americas as one of the most influential young leaders in the region for her work on effectively understanding diversity, and by the Black Mayors Association as one of the most influential Black leaders in the world. She founded and is currently serving as president of the Visible Hands Corporation, an NGO focused on practices of effective inclusion for youth at risk and ethnic communities in Colombia. Ms. Moreno holds a Master’s Degree in Management Studies from the University of Cambridge and was a United States Fulbright scholar for the program of urban and regional planning at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

    Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia)

    Uno de los desafíos más importantes en el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, es cómo promover la integración social como una estrategia para reducir la violencia urbana, además de cómo generar una mayor cohesión social y resiliencia entre sus ciudadanos. La dinámica del espacio público no es sólo un símbolo del bienestar físico, sino también es un factor determinante de las relaciones sociales de igualdad—y se convierte en un desafío importante de abordar. Me gustaría mencionar el caso de Medellín, una ciudad colombiana con una complejidad histórica importante en términos de violencia, redes ilegales y segregación; al mismo tiempo, tiene los nodos culturales y económicos más dinámicos del país y ofrece oportunidades para el cambio social estructural a medio plazo.

    Medellín es el ejemplo más claro de la transformación urbana de los últimos años en Colombia. En primer lugar, el gobierno de la ciudad ha mostrado un apoyo político continuo y también ha mostrado prioridad a la integración social. en segundo lugar, la ciudad ha desarrollado intervenciones urbanas integrales que dan prioridad a la integración social como una herramienta para hacer frente a la violencia y a la degradación social. Estas intervenciones se enfocan en programas de mejoramiento urbano, que no sólo invierten en la mejora de las condiciones físicas de los barrios de bajos ingresos, sino también en su capital social. Hoy en día, después de casi una década de intervenciones públicas sostenidas, los componentes más relevantes de Medellín no son sólo los iconos arquitectónicos o los sistemas de transporte modernos que la ciudad ha construido, sino también la incubación de las redes y organizaciones sociales fortalecidas que promueven y mantienen la intervención física, y que también generan el tejido social para prevenir la violencia, y contribuyen a dar forma a un proyecto común para la ciudad.

    A través de los años, la calidad de la transformación física se ha complementado con las políticas sociales para formar y capacitar más efectivamente las redes y organizaciones sociales. El desarrollo de la estrategia de capacidad no es únicamente apoyada por la administración pública, sino también por organizaciones internacionales como por ejemplo Paisa Joven de la GTZ y Corporación Picacho de la Fundación Ford, (o los proyectos de la Fundación Social y de la Fundación Suramericana), los cuales fortalecen las capacidades y las funciones de los líderes de las comunas y de las organizaciones sociales locales. Los líderes que son visibles con base social y con posición de liderazgo en la administración, tienen acceso a las mejores universidades públicas y privadas (v.gr., el Fondo EPM). Ellos crean una base de conocimientos integrados a través de sus propios puntos de vista territoriales y crean el proceso de decisiones públicas a través de esquemas como: la seguridad y la creación de presupuestos en forma participativa. Esta es una arquitectura social para crear alianzas entre organizaciones con incidencia política y alternativas económicas. Además, funciona para crear otro tipo de movilidad social con una mayor vinculación territorial que se ha convertido en una fuerza importante para hacer frente a los ciclos de redes criminales en la ciudad.

    Paula Moreno es ingeniera industrial con experiencia en gestión de proyectos sociales, diseño e implementación de políticas públicas. Ella fue la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo ministerial y la más joven en la historia de Colombia. En 2010 fue seleccionada por el Consejo de las Américas como una de las líderes jóvenes y más influyentes de la región por su trabajo en la comprensión de la diversidad. La Black Mayors Association también la destaca como una de las líderes negras más influyentes en el mundo. Ella fundó y es la presidenta de la la Corporación Manos Visibles. La organización es una ONG centrada en las prácticas de inclusión efectiva para los jóvenes en situación de riesgo y de las comunidades étnicas en Colombia. Paula tiene una Maestría en Estudios de Gestión por la Universidad de Cambridge y fue una becaria Fulbright en los Estados Unidos para el programa de planificación urbana y regional en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

    Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia)

    One of the biggest challenges we face in Latin America and the Caribbean is the reduction of poverty. We must seek equity levels to counterbalance the disturbing situation of social inequality that characterizes our countries. In this context, urban planning plays a central role. This is because improving the quality of life of families in poverty is directly related to the urban policies of inclusion and neighborhood upgrading, and has a direct relationship with competitive strategies and natural resource management.

    Nevertheless, while it seems clear that public policies aimed at these purposes should occupy the front lines of government agendas, the reality is that there is much talk and little is done. But why?

    First, I consider that the processes of social inclusion, being long-term processes, are not attractive to those in power who, in the case of Colombia, have four years to show results for their management. Unfortunately, we have seen that there have been few leaders who initiate a program and leave the results to another. Second, the high investment and complexity involved in implementing a program of poverty reduction and neighborhood upgrading is a challenge that only a few people want to take on.

    Perhaps this is the result of the indifference of the citizens and their willingness to go along with the projects undertaken by those in power. For example, complaints are not common when the tax money is invested in road infrastructure conducive to private vehicles. It’s a quick way to show immediate results to taxpayers. Neither are there frequent questions from civil society on major social housing schemes, which contribute little to the quality of life of the poorest and least of urban quality.

    However, some recent governments in Colombia have shown great commitment and have faced the problem of poverty and social inequality seriously. We should keep in mind the lessons learned from the governments of Antanas Mockus and Enrique Peñalosa in Bogotá, during which civic culture, public space, and school infrastructure left a positive balance in reducing the “social distance” and increasing tolerance and security.

    In Medellin, Sergio Fajardo and the subsequent politicians set the goal to change the HDI in the marginal sectors, focusing investments on accessibility, school infrastructure, and the development of programs to create jobs and opportunities.

    In Cali, the current mayor Rodrigo Guerrero is designing strategies to direct investment towards informal settlements and the most segregated areas of the city. As a result of the current local government work, the Ford Foundation included Cali in the Just Cities initiative. Now the city is challenged to take this opportunity to reduce inequality and poverty rates. But more important than defining projects and investments, all local actors should seek the empowerment of civil society, unions, academia, and all other stakeholders related to urban development. This empowerment would ensure that proposed projects transcend the current administration and become a navigation chart to achieve a profound change in the city and for its citizens.

    Angela Franco is Vice-President of Research at the University Del Valle in Cali, Colombia. She is an architect and an urban planner and holds a MSc in Sociology. Her research projects are focused on informal settlements, urban segregation, and urban renewal processes in downtown areas. In 2012 she did a fellowship in the Special Program for Urban and Regional Studies at MIT, where she was working on international development good practices to explore new topics of analysis and applied research in the Latin America and the Caribbean region.

    Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia)

    Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en América Latina y el Caribe es la reducción de la pobreza. Nuestros esfuerzos se deberían concentrar en procurar mejores niveles de equidad para contrarrestar la alarmante situación de desigualdad social que caracteriza a nuestros países. En este contexto, la planificación urbana tiene un rol central, dado que la acción de mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de pobreza está directamente relacionada con las legislaciones urbanas de inclusión y el mejoramiento de barrios; además, tiene una relación directa con las estrategias de competitividad y la administración de recursos naturales.

    Sin embargo, aunque parece evidente que las políticas públicas dirigidas a estos fines deben estar al frente de las agendas de los gobiernos, la realidad es que se habla mucho y se hace poco, pero ¿por qué?

    En primer lugar, considero que los procesos de inclusión social, al ser procesos a largo plazo, no son atractivos para los gobernantes que, en el caso de Colombia, tienen cuatro años para mostrar resultados de su administración. Desafortunadamente, hemos visto como pocos líderes inician un programa para dejarle los resultados a otro. En segundo lugar, la alta inversión y la alta complejidad involucrada en un programa de reducción de pobreza y de mejoramiento de barrios es un reto que sólo pocos quieren asumir.

    Tal vez este es el resultado de la indiferencia de los ciudadanos y de su conformidad a los proyectos llevados a cabo por aquellos en posiciones de poder. Por ejemplo, hay muy pocas quejas cuando el dinero de los impuestos se invierte en la infraestructura vial, que beneficia a los vehículos privados. Estas inversiones son una forma rápida de mostrar resultados inmediatos para los contribuyentes. Tampoco, hay cuestionamientos por parte de la sociedad civil sobre los programas de vivienda, los cuales contribuyen poco a la calidad de vida de los más pobres y de los que viven una vida de poca calidad urbana.

    Sin embargo, algunos gobiernos locales recientes en Colombia han mostrado un gran compromiso y se han enfrentado seriamente al problema de la pobreza y de la desigualdad social. Se debe tener en cuenta las lecciones aprendidas de los alcaldes Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa en Bogotá, durante los cuales la cultura cívica, el espacio público y la infraestructura escolar dejaron un equilibrio positivo en la reducción de la “distancia social” y en el aumento de la tolerancia y de la seguridad.

    En Medellín, el alcalde Sergio Fajardo, y los gobernantes siguientes, fijaron la meta de cambiar el Indice de Desarrollo Humano (IDH) en los sectores marginales, centrándose en mayor parte en las inversiones de materia de accesibilidad, la infraestructura escolar y el desarrollo de programas para crear empleos y oportunidades laborales.

    En Cali, el alcalde actual, Rodrigo Guerrero, está diseñando estrategias para la inversión directa hacia los asentamientos informales y las áreas más segregadas de la ciudad. En consecuencia de la labor actual de los gobiernos locales, la Fundación Ford incluyó a Cali en la iniciativa, Ciudades Justas. Ahora la ciudad tiene el reto de tomar esta oportunidad para reducir los índices de la desigualdad y de pobreza. Y más que definir inversiones, es más importante que todos los actores locales busquen el empoderamiento de la sociedad civil, los sindicatos, las universidades y demás actores relacionados con el desarrollo urbano. Dicho empoderamiento aseguraría que los proyectos propuestos trasciendan la administración actual y se conviertan en una carta de navegación para lograr un cambio profundo en la ciudad y en los ciudadanos.

    Angela Franco es Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es arquitecta, urbanista y tiene Maestría en Sociología. Sus proyectos de investigación se centran en asentamientos informales, la segregación urbana y los procesos de renovación urbana en las áreas del centro de la ciudad. Durante el año 2012 obtuvo una beca de investigación en el Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales en MIT donde trabajó en el desarrollo de buenas prácticas y nuevos temas de análisis y de investigación aplicada en la región de Latinoamérica y el Caribe.

    Jorge Luiz Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil)

    The territories of our social life are becoming increasingly complex and diverse, especially when we live in cities that keep growing due to concentrated urbanization. The relationship between city, neighborhood, and the day-to-day seems to be a nostalgic experience rather than a reality. In this new urban condition, pluralized identities and new practices emerge to symbolically appropriate space and time. Therefore, the utopia of a more generous city invites us to promote an alternative political space for democracy and citizenship.

    To realize the multiple possibilities of a city, the social and political qualities of public space are pivotal. In addition to the State and the Market, there are other dimensions to consider for life in society. In this sense, the role of civil society as a political instrument is necessary to renew the public sphere.

    Aristotle considered the human being to be endowed by words. According to him, the use of words contributed to the shift of human beings from “animalistic” to civilization. The doxa (opinion) was the expression of building the community ethos (koinonía) of autonomous and collective beings. This expression led to the construction of an ethical subject in action, with its own space: the Polis.

    For us, a serious public sphere is a space of visibility for an individual and for others. But this is only possible if words and actions are used in the exercise of rights. In this vein, the concept of citizenship gains relevant emancipatory elements in the practice of rights, especially regarding the return to the territory of the public political sphere.

    The return to the territory is pivotal to political practice once the day-to-day of all beings, all actions, and all human intentions are integrated in established times and spaces. Within a territory, it is possible to recognize collective interests and mobilize joint forces of change.

    When trying to determine an agenda to overcome social inequalities, we need to identify the stakeholders that create change. This leads us to recognize that new collective subjects must assume a key role in building effective citizenship policy, especially with regard to overcoming inequalities due to ethnicity, race, gender, and sexual orientation.

    Various civil society organizations have a key role in the political process described, especially those working in areas marked by deep social inequalities and reduced participation in the public sphere. The Favela Observatory has been working through its various modes of intervention (urban policy, human rights, education, culture, arts, and communication) to place unprivileged and excluded territories at the center of the political construction of the right to the city, ensuring new actors in these new spaces of political participation.

    Jorge Luiz Barbosa is a Professor at the Federal Fluminense University, Director of the Favela Observatory, and co-author of the following books: Favela: Joy and Pain in the City, What is a Favela, Anyway?, The New Carioca, and Cultural Grounds.

    Jorge Luiz Barbosa, Diretor do Observatório das Favelas (Brasil)

    Os territórios de nossa vida social são cada vez mais complexos e diversos, sobretudo quando vivemos em metrópoles agigantadas pela urbanização concentrada. A relação cidade / bairro / cotidiano do passado parece ser mais uma experiência nostálgica do que uma realidade ainda próxima. Nesta nova condição urbana revelam-se identidades pluralizadas e práticas inteiramente novas de apropriação material e simbólica do espaço e do tempo. Portanto, a utopia de uma cidade mais generosa ainda pulsa e nos convida a promover outro campo político para a democracia e a para a cidadania.

    Para a realização das múltiplas possibilidades do viver a cidade se faz indispensável a qualidade social e política do espaço público. Para além do Estado e do Mercado há outras dimensões para pensar a construção de referências para a vida em sociedade. Nesse sentido, a retomada do papel da sociedade civil como instância política é necessária e inadiável para instituir uma renovada esfera pública.

    Aristóteles considerava o homem como um ser dotado da palavra. Segundo ele, a partilha das palavras contribuía para o ser humano aceder da animalidade à civilidade, pois a doxa (opinião) era a expressão própria da construção do ethos comunitário (koinonía) de sujeitos autônomos e coletivos. Essa partilha, que conduzia a constituição do sujeito ético em ação, possuía um lugar próprio: a Pólis.

    A esfera pública seria, para nós, um espaço da visibilidade de si e do outro. Ou seja, do domínio da alteridade como campo da política. Todavia, só possível de existência tangível com a corporificação da palavra e da ação no exercício de direitos à liberdade. Nesta senda, a concepção cidadania ganha elementos emancipatórios fundamentais como prática de direitos, dentre eles, o retorno ao território com esfera pública da política.

    O retorno ao território é o fundamento da prática política, uma vez que o cotidiano de todos os sujeitos, de todas as ações e todas as intenções humanas possui a sua integralidade em espaços/tempos demarcados. No território é possível reconhecer os interesses coletivos, promover pertencimentos e de mobilizar forças plurais de mudança.

    E, quando tratamos da elaboração de uma agenda de superação das desigualdades sociais precisamos identificar os atores de sua criação e efetivação. Essa posição nos conduz a reconhecer que novos sujeitos coletivos devem assumir um papel principal na construção política de efetivação de cidadania, sobretudo no que diz respeito à superação de desigualdades que se reproduzem com recortes étnicos, raciais, etários, de gênero e de orientação sexual.

    As diferentes organizações da sociedade civil terão um papel fundamental no processo político em destaque, principalmente as que atuam em territórios marcados por profundas desigualdades sociais e de reduzida participação na esfera pública. O Observatório de Favelas vem se empenhando, por meio de seus diferentes campos de atuação (política urbana, direitos humanos, educação, cultura, artes e comunicação), em colocar os territórios populares na centralidade construção política do Direito à Cidade, afirmando novos atores em novos cenários de participação política.

    Jorge Luiz Barbosa é Professor da Universidade Federal Fluminense, Diretor do Observatório de Favelas e Co-autor dos Livros: “Favela: Alegria e dor na Cidade”; “O que é favela, afinal?”; “O novo carioca”; e “Solos Culturais”.

    Submitted by Editor — Sun, 11/17/2013 – 23:00

  • URBim | for just and inclusive cities

    Transportation infrastructure is a key factor in enhancing economic growth and quality of life. Still, many recent transportation initiatives, by focusing on cars and highways, have favored the rich and the middle class. The following articles explore ways to provide safe, affordable, eco-friendly, and reliable transportation to the poor in the Global South. Read on to learn more, then join the discussion below.

    Tariq Toffa, Johannesburg Community Manager

    Apartheid policies in South Africa made for ineffective cities. Fragmented and segmented, Johannesburg has an ambivalent relationship with public transport. Historically, more affluent, mostly northern white suburbs were provided with extensive transport infrastructure, such as electric trams (1906-48) and later highways (see Fig. 1). By contrast, the denser and poorer black townships, mostly in the south, were provided with limited and marginalised rail and bus public transport. Yet out of desperate need by being located far away from major industrial and commercial centres, in the 1970s a mini-bus taxi industry emerged, which has grown to serve approximately 72 percent of all public transport users.

    Despite a number of post-1994 initiatives, urban transport system problems persist. Recently (2006-2012), in the largest Public Private Partnership yet launched in South Africa, between the Gauteng Provincial Government and Bombela International Consortium, a rapid rail project worth R20 billion (US$ 2 billion) was implemented. The “Gautrain” rapid rail network consists of two spines: one (south-north) linking Johannesburg and Pretoria, and the other (west-east) linking the Sandton business district and OR Tambo International airport. Coupled with this, in 2007 the City began constructing an ambitious Bus Rapid Transit System (BRT) known as the “Rea Vaya” (see Fig. 2).

    The new systems address speed, efficiency, and traffic decongestion, as well as problems of safety, facilities, and crime that have affected the taxi industry. Crucially, the BRT in particular improves access of marginalised communities to industrial and commercial centers: firstly linking the townships in the south to Johannesburg’s CBD (phase 1A and 1B), and subsequently linking Alexandra township in the north with Sandton and Johannesburg’s CBD (phase 1C). Together with the Gautrain, it is envisioned as a key catalyst for the city’s Transit Orientated Development (TOD) plan for urban regeneration and economic development at transit hubs. Hence two BRT routes (phase 1B and 1C) will become “corridors” of mixed-use development.

    In contrast to the BRT, the Gautrain, in catering purely for the affluent car owner/user, from a social perspective clearly suffers from the criticism of class/mobility-related exclusion; although this could be offset by a BRT system that, unlike the Gautrain where there is no clarity in providing mixed-income residential development around its stations, clearly allows for mixed-income along BRT corridors.

    Nonetheless, on the whole, both projects direct growth toward former white group areas which are developed, and not toward new corridor and nodal development in previously underdeveloped areas; and so they also do not remove the burden of excessive and reverse commuting. The terminal infrastructure developments of both projects, too, are located away from the marginal communities’ location.

    Other issues include the sustained opposition by some organisations within the taxi industry, which the BRT wishes to absorb, and the high cost of the BRT (R35 million / US$ 3.5 million per km, and at least R7 million / US$ 700,000 per BRT station). It is unclear how much investment was essential for the long-term operational sustainability of the project, and how much could also have been creatively employed for the project to balance other more social priority purposes.

    At first glance the Gautrain/BRT initiative appears a master-stroke of integrative urban transport; yet while it is still incomplete and without a full-scale evaluation of its impact, particularly for poor neighbourhoods and travel patterns, from a social perspective, the jury is still out.

    Fig. 1: Early twentieth century electric trams (Beavon 2001)
    Fig. 2: Historic racial segregation, with new BRT and Gautrain routes (map by author)

    Olatawura Ladipo-Ajayi, Lagos Community Manager

    Lagos is a small city with a large population. Lagos state is the smallest in Nigeria, with an area of 356,861 hectares of which 75,755 hectares are wetlands, yet it has over 5 percent of the national population, making it the most populous state in the nation. The city is overpopulated and still growing, with a growth rate of 8 percent. This issue causes congestion problems in various facets of city life, but most especially in transportation. Lagos is notorious for its heavy traffic, where a 30-minute journey can take two hours on a weekday. Congestion saps the population of energy, contributes to an unhealthy lifestyle, and generally makes for a less productive workforce.

    In 2008, Governor Fashola’s state government introduced the Bus Rapid Transit (BRT) scheme through the Lagos Metropolitan Transport Authority (LAMATA) to improve road transport system and ultimately reduce congestion. The new fleet of buses were designed to be more comfortable, and introduced an organised system of public transportation. The pilot BRT transport scheme runs through 22 km of exclusive lanes, providing faster transport at affordable prices for commuters. Since its inception, a lot of positive impact has been recorded. Highlights recorded by the World Bank include:

    • Reduction in time and money spent by poor households on travel from 90 minutes and 150 Naira in 2003, to 23 minutes and 100 Naira in June 2009.
    • Money spent by poor households on public transportation was reduced from 17 percent of all spending in 2003 to 11 percent in June 2009.
    • Average pilot bus route waiting time at terminal was reduced from 20 minutes in 2003 to 10 minutes in June 2009.

    Significant progress is being made to solve the problem of public transportation for Lagos residents. Recently, the state Governor Fashola introduced an e-ticketing system to the BRT scheme to create a more efficient and people-friendly transport ticketing system in the city. The system allows for certain groups to pay as low as 20 Naira (approximately 12 cents) for short distance commutes, and allows for purchase of weekly tickets, making public road infrastructure more attractive.

    However effective the fleets of buses are, they need to be augmented by more transport alternatives. The city is blessed with waterways and rail tracks — it would be interesting to see how much less congestion on city roads could be achieved if other modes of transportation infrastructure are put in place (the rail system is in the process of being revived). More ferries on the waterways and intra-city rail transport would go a long way in road decongestion. Creating a system with wider reach would produce a system more efficient at reducing road congestion.

    The state is aware of the need for alternatives and is partnering with organisations to propose alternative transport infrastructures. The World Bank, joined by the Agence Française de Développement, is working with LAMATA to prepare the Lagos Urban Transport Project 2 to meet some of this demand and to extend the BRT routes. The BRT project extension is expected to be completed by December, 2014. Ultimately, LAMATA plans to expand the BRT system strategically along eight different corridors within the city. Hopefully recorded success does not lead to agencies relaxing their resolve, and that the improvement of the BRT system is a continuous goal of the state government.

    Photo credit: Tolu Talabi

    Carlin Carr, Mumbai Community Manager

    Mumbai’s commuter woes are as oft discussed as scores to the latest cricket match. They are griped about daily and exchanged with fervor. Gridlock, overcrowded trains, non-existent east-west routes dominate the discussion and so do the controversial solutions on the table: sealinks, flyovers, monorails. Transportation activists such as Rishi Aggarwal, a research fellow at the Observer Research Foundation (ORF) and member of the Mumbai Transport Forum (MTF), says that one of the major issues is that there is no integrated approach to planning, leaving commuters with ad hoc, disconnected systems.

    Yet a solution from Chennai offers a comprehensive example for Mumbai on how to move toward sustainable, comprehensive mobility. In August, Shreya Gadepalli, of the Institute for Transportation Development Policy (ITDP), presented her work with a new initiative, the Chennai Unified Metropolitan Transport Authority (CUMTA), at the ORF to share the progress Chennai has made and how it might apply to Mumbai.

    Importantly, CUMTA members include a cross-section of all different government authorities responsible for transportation, centralizing collaborative decision-making to move the organization’s goal forward. And the goal is ambitious: to achieve a modal shift away from car-centric transport to public transport, focusing on walking and cycling as dominant modes.

    CUMTA held a workshop in January 2013 to move forward its efforts. The members divided into four working groups, focusing on:

    • CUMTA as an agent of change
    • Developing an integrated, high quality bus and BRT network for Chennai
    • Improving streets and public realm
    • Management of road space and travel demand

    Since then, the group has already taken important steps to reclaim road space for pedestrians where there was little or none in the past. In fact, a large-scale cycle network strategy is part of the plan. The main cycle path will take advantage of Chennai’s seaside location, stretching for miles up the coast with connecting points to many neighborhoods and the stations along the way. There will be an extensive cycle-sharing program with less than a 300-meter walk to a cycle sharing station in the network.

    “We are always keen to learn from New York and London, so for a change, we will learn from Chennai,” says Aggarwal, who has also founded the Walking Project in Mumbai to promote better walking conditions and sidewalks in the city.

    One of the biggest achievements from Chennai, says Gadepalli, who emphasizes that there is “nothing on the ground to show right now,” is that there is a consensus from the highest levels in the city on implementing more sustainable approaches: “If you speak to people, there is a sea change in how they perceive things. If you go and ask anyone, the only thing they are talking about these days is how to create better facilities for pedestrians and improving public transport.”

    To watch Shreya Gadepalli’s full presentation, click here.

    Photo credit: Satish Krishnamurthy

    লেখকঃ নিশা কারকি

    অনুবাদকঃ নুসরাত ইয়াসমিন এবং ফারজানা নওশিন

    বিশ্ব ব্যাংক এক জরিপে বলেছে যে, বাংলাদেশে দরিদ্র (মাথাপিছু আয়২ ডলার) মানুষের সংখ্যা ২৬ শতাংশ কমে গিয়েছে অর্থাৎ যা ২০০০ সালে ছিল ৬,৩০,০০০০০ সেটি ২০১০ সালে কমে ৪,৭০,০০০০০ হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রতি বছর ১% করে বাড়ছে তারপরও গরীব ও মধ্যবিত্তের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এখনো আছে। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যতা মধ্যবিত্ত ও গরীবদের মধ্যে সরকার প্রদানকৃত যানবাহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। জনাব মান্নান এর মতে, ঢাকার যানবাহন পরিস্থিতি উচ্চ আয়ের পরিবারের জন্য বেশী প্রযোজ্য এবং সুবিধাজনক। ঢাকায় যেসব পরিবারের নিজস্ব মোটরযান আছে তাদের ৬৬% মানুষেরই আয় ৩০,০০০ টাকার বেশী। অন্যদিকে, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মোটরবিহীন গণপরিবহন ব্যবহার করার প্রবনতা বেশী। এ কারণে এ সমস্ত যানবাহনে অতিরিক্ত ভীড় থাকে; বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের জন্য এসব যানবাহন ব্যবহার করা অস্বস্তিকর করে পড়ে। সি.এন.জি, নিজস্ব গাড়ী এবং বাস অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে শহুরে জনগোষ্ঠী গণপরিবহনের মান কমিয়ে দিয়েছে; উপরন্তু, রিকশা এবং বাইসাইকেলেরও মান কমে গিয়েছে।

    ১৯৬১ অধ্যাদেশে সপ্তম নম্বরের অধীনে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বি.আর.টি.সি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃত পরিবহন কর্পোরেশন যা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সস্তা এবং আরামদায়ক ভ্রমন ব্যবস্থা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বি.আর.টি.সি এর ১,১১৬ টি বাস পুরো বাংলাদেশে চলাচল করছে কিন্তু এগুলো ৪৭ মিলিয়ন (প্রায় ২৬ শতাংশ) দরিদ্র মানুষের পরিবহন চাহিদা মিটাতে যথেষ্ট নয়।

    অনুরূপভাবে, কার্যকরী, সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবহন ব্যবস্থা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা নগর পরিবহন প্রকল্প (DUTP) প্রতিষ্ঠিত করেছে। খন্দকার ও রাউসের মতে, ডি.ইউ.টি.পি. ফ্লাইওভার নির্মাণের মাধ্যমে প্রধান সড়কে যানবাহন চলাচলের উন্নতিসাধন করেছে; যদিও বাস্তবে এর দ্বারা পুরুষ যাত্রীগণ, উচ্চবিত্ত মানুষ এবং মোটরগাড়ী-মালিকবৃন্দ প্রধানত উপকৃত হচ্ছে। বস্তুত, নিম্ন আয়ের মানুষ, যাদের যানবাহন ছিল পরিবহন সাশ্রয়ী রিকশা, তাদের ফ্লাইওভার নির্মাণকালীন সময়ে কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। ক্ষুদ্র পুঁজিবাদীদের উপর এই প্রকল্পের পর্যাপ্ত বিচার-বিশ্লেষণের অভাবের ফলে দরিদ্র জীবনে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে।

    দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পরিবহন পরিকাঠামোগত ফাঁক কমানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে গণপরিবহন, যেমন-রেলওয়ে বা স্বল্প দামী পাবলিক বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সকল প্রকার পরিবহনের সেবা চার্জ যেন সব শ্রেণীর জন্য সহজলভ্য হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। এক বিবৃতিতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলে, “পরিবহন বিধি যা মোটরবিহীন-চালিত যানবাহন ব্যবহারের প্রচার চালায় তা সাধারণত সেই জনগোষ্ঠীর সরাসরি কল্যাণ সাধন করে যারা মোটরচালিত যানবাহন ব্যবহারে সামর্থ্য নয়।” তাই সরকারের মোটরবিহীন-চালিত যানবাহন ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, রিকশা এবং বাইসাইকেলের উপর থেকে কর সরিয়ে ফেলা বা হ্রাস করা এবং পারকিং এর জন্য খালি স্থান তৈরী করতে হবে। ভবিষ্যতে পরিবহন প্রকল্প গঠনের সময় যেমনঃ ডি.ইউ.টি.পি.(DUTP), দরিদ্রদের উপর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক প্রভাব কীরূপ পড়ছে তা পরিকল্পনাকারীকে ও সরকারকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ধনীদের উপকার করার পাশাপাশি সরাসরি দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা উচিত।

    Photo credit: Robert Monestel

    Nisha Karki, Dhaka Community Manager

    The World Bank has stated that the number of Bangladeshis living in poverty, with a per capita income of less than $2 a day, has declined from 63 million in 2000 to 47 million (26 percent of the overall Bangladeshi population) in 2010. Though Bangladesh has successfully upgraded its economic growth rate every decade by one percent, there is still a huge economic gap between the poor and the middle class. This economic gap causes inequality regarding the transportation facilities provided to the rich and to the poor. According to Md. Shafiqul Mannan, the Dhaka transportation system favors high-income households. Sixty-six percent of the households with private motor vehicles belong to the income group higher than 30,000 BDT. In contrast, low-income groups have a higher tendency to choose non-motorized vehicles (rickshaws and bicycles). Public transportation is usually uncomfortable, crowded, overloaded, and difficult to access for poor women and children. The middle-class use of compressed natural gas-powered auto-rickshaws, private cars and buses has led to a decrease in service and quality of public transportation and non-motorized vehicles, such as rickshaws and bicycles.

    Under the ordinance No. VII of 1961, the Bangladesh Road Transport Corporation (BRTC) was established as a government corporate transport body to provide cheap and comfortable travel for all groups of people. Currently, there are 1,116 BRTC buses running all over Bangladesh, but this number is not sufficient to provide the desired services for the 47 million poor people who live in Bangladesh.

    In order to create efficient, affordable, and sustainable transport, the Bangladesh government, in collaboration with the World Bank, established the Dhaka Urban Transport Project (DUTP). According to Khandoker and Rouse, the DUTP has brought improvements in the flow of traffic along main roads by constructing flyovers. However, the benefits were felt mainly by private bus users and car owners, not the poor. Indeed, lower-income people were excluded since non-motorized vehicles such as rickshaws were banned during the construction period. Lack of careful examination and analysis of the impact of this project on poor stakeholders caused negative impacts on the lives of the poor.

    To minimize gaps between the transportation infrastructure for the poor and the middle class, the Bangladesh government needs to increase the number of public transportation options that are less expensive, such as railways or public buses. Ticket prices for all kinds of transportation should be monitored to ensure that they are affordable for all. As the World Bank stated, “Transport interventions that promote the use of non-motorized transport usually contribute directly to the welfare of those people who cannot afford motorized transport.” Therefore, the government needs to provide special attention to the uses and benefits of non-motorized vehicles. For example, taxes on rickshaws and bicycles should be removed or reduced, and free lanes should be created for parking non-motorized vehicles. When designing transportation projects such as DUTP, planners and the government must take into account the effects that these projects will have on the poor.

    Photo credit: Robert Monestel

    Widya Anggraini, Jakarta Contributor

    Many of Jakarta’s residents use Kopaja buses to get around, a 25-seat minibus that is cheap and serves the whole city. Kopaja is owned by a private cooperation established in the 1970s but currently faces a number issues regarding safety, comfort, pollution, and poor maintenance. The government is therefore intervening to integrate Kopaja with the Transjakarta busway system and to rejuvenate the bus conditions. The government is planning to add 1000 Kopaja buses, provide better service, switch to more eco-friendly gas, and subsidize the corporation so that prices remain affordable.

    KOPAJA! Siapa orang Jakarta yang tidak tahu tentang Kopaja. Bis ukuran sedang dengan kapasitas 25 orang yang sering digunakan sebagai angkutan umum oleh masyarakat awam. Ia disukai karena murah dengan tarif Rp 3.000, untuk jarak dekat maupun jauh. Kopaja dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa angkutan umum bernama Koperasi Angkutan Jakarta yang telah berdiri sejak 1970an. Masyarakat kecil yang tidak mampu membeli kendaraan pribadi cukup terbantu dengan keberadaan Kopaja dan Metromini yang memiliki rute lengkap dan tersebar di Jakarta Pusat, Barat, Utara, Timur dan Selatan meski dengan kompromi kurangnya rasa nyaman. Karenanya saat ini Pemerintah Jakarta melakukan intervensi terhadap keberadaan Kopaja dengan membantu proses peremajaan bis hingga penyediaan subsidi; menyediakan armada bis baru dan integrasi dengan jalur busway Transjakarta.

    Sebagai angkutan umum, Kopaja sering mendapat sorotan negatif dikarenakan alasan: Pertama, penumpang Kopaja sering berlebih hingga dua kali lipat sehingga rawan kejahatan seperti pencurian dan pelecehan. Kedua, Kopaja juga dianggap jauh dari aman sebab sering kali alat kemudi dan pengukur kecepatan yang seadanya. Banyak pengemudi mobil pribadi yang merasa terancam sebab cara menyetir sopir Kopaja yang ugal-ugalan dan sering melanggar rambu-rambu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain. Ketiga, Kopaja merupakan penyumbang besar polusi perkotaan disebabkan buruknya sistem pembuangan karbon yang cukup membahayakan bagi manusia dan lingkungan.

    Mengingat peran strategi Kopaja dalam menyediakan angkutan umum yang murah maka pemerintah DKI Jakarta akan mulai membenahi infrastruktur dan kondisi Kopaja. Untuk saat ini pemerintah DKI Jakarta sedang berupaya mengintegrasikan antara keberadaan Kopaja dan Busway misalnya dengan penggunaan jalur Transjakarta yang cenderung “istimewa” untuk jalur Kopaja. Transjakarta sendiri adalah moda transportasi baru yang mulai berjalan sejak tahun 2004. Keberadaan Transjakarta disambut positif oleh masyarakat sebab ia bebas macet, memiliki kursi yang nyaman, berpendingin, dan relative aman dibanding menggunakan Kopaja meski harga hampir dua kali lebih mahal. Meski demikian Transjakarta belum memiliki jalur sebanyak Kopaja sehingga integrasi Kopaja ke jalur Transjakarta akan sangat membantu dalam memperluas jaringan pelayanan Transjakarta.

    Untuk itu, Kopaja yang menggunakan jalur busway haruslah bis-bis yang secara fisik telah sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak Transjakarta misalnya dilengkapi dengan AC dan kursi yang lebih nyaman dan mesin yang layak. Untuk saat ini bis yang sudah diintegrasikan di jalur busway adalah Kopaja AC bernomor rute S.13, P20, S13 dan S602. Harga tiket Kopaja AC dibuat sama dengan Transjakarta sehingga penumpang dapat menggunakan tiket yang sama untuk kedua moda transportasi tersebut.

    Selanjutnya untuk memperbaiki kualitas Kopaja yang beroperasi di Jakarta, Kopaja berencana secara mandiri akan meremajakan unit-unit bisnya. Sejak Januari hingga Mei 2013 kurang lebih ada 77 unit Kopaja yang sudah tertangani dan masih ada sekitar 1.479 unit Kopaja regular yang belum mengalami perbaikan. Untuk itu Kopaja berencana bekerjasama dengan pemerintah dan berupaya memperoleh subsidi untuk peremajaan bis. Terkait hal tersebut Guberbur DKI Jakarta, Joko Widodo, juga telah menyampaikan inisiatifnya untuk peremajaan Kopaja dengan melakukan uji kelayakan dan mengganti bis-bis yang sudah tidak layak pakai. Jokowi sendiri berjanji akan menambah 1000 unit Kopaja baru di akhir tahun ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengkonversi Kopaja dengan Bahan Bakar Gas untuk menekan biaya bahan bakar dan mengurangi pencemaran udara.

    Foto: XXVIII

    Catalina Gomez, Coordenadora da Rede em Rio de Janeiro

    Segundo Rio Como Vamos, a insatisfação dos cariocas com a mobilidade e o transporte público da cidade vem crescendo nos últimos anos. A mais recente pesquisa da Rio Como Vamos foi feita em 2013 previamente aos protestos de Junho. Para compreender aquela insatisfação coletiva é importante conhecer melhor as condições do sistema de transporte público da cidade para identificar suas fraquezas e potenciais soluções.

    Iniciemos com o metrô. Embora ele tenha sido inaugurado faz quase 35 anos atrás e apresente um atendimento médio de 650 mil pessoas durante um dia útil, ele está subutilizado. Por exemplo, ele tem só 35 estações em quanto o de São Paulo, tem 62 e aquele de Buenos Aires tem 86. Também existem queixas constantes sobre a superlotação, contribuindo a percursos incômodos e inseguros.

    A Prefeitura reporta que perto de seis por cento dos passageiros da cidade é transportada pelo metro, enquanto os ônibus transportam 70 por cento da população com uma frota de 9 mil veículos. As vans transportam perto de 17 por cento da população. Mais o principal problema com os ônibus e vans é que eles têm que compartilhar as limitadas ruas com automóveis particulares. Só nos últimos três anos o número de carros na cidade aumentou em 225 mil. Preocupações adicionais incluem a insegurança dos percursos noturnos e os tempos de espera. Especificamente com o novo BRT, embora ele tenha sido bem recebido pelos cidadãos, ainda apresenta desafios de melhora incluindo a redução da superlotação, a falta de ar acondicionado e ventilação e acessibilidade adequada da frota.

    Num evento recente do Rio Como Vamos, o Secretario de Transporte, Carlos Osório falou que “2013 será o pior ano para o transito, face às 92 intervenções sendo realizadas”. Aquelas obras temporárias esperam se converter em melhoras de longo prazo para a cidade, incluindo a expansão do metro para a zona sul do Rio, melhoras nos elevadores e outras reformas que favorecem a acessibilidade nas estações do metrô, além da incorporação de novos trens para reduzir os intervalos de serviço. A cidade também vai a implantar um conjunto de câmaras para monitorar em tempo real o sistema de ônibus e garantir mais seguridade durante os percursos noturnos e conseguir identificar problemas recorrentes e soluções pertinentes.

    Embora Rio seja considerado uma cidade com um sistema de transporte bem estabelecido e completo, sua infraestrutura e respetiva operação é inadequada. Algumas soluções no curto prazo incluem o desenvolvimento de medidas de manutenção mais eficientes nas estações, trens e ônibus da frota municipal. Outras soluções mais complexas e de logo prazo incluem a redução do uso do carro particular, por meio da incorporação de taxas especiais de uso. Outras ações de longo prazo que precisam ser debatidas mais amplamente incluem o dimensionamento do transporte e a mobilidade do Rio como um tema metropolitano, não municipal. Este debate é chave para assegurar os recursos e o gerenciamento adequado do sistema.

    Foto: Severino Silva

    Catalina Gomez, Rio de Janeiro Community Manager

    According to Rio Como Vamos, the unhappiness of residents about mobility and transportation infrastructure in Rio is on the rise. The most recent research was carried out in 2013, before the June protests started. To explain this collective disapproval, it is worth taking a closer look at the city’s public transportation system to better understand its failures and some of its potential solutions.

    Let’s start with the metro. Although it was inaugurated almost 35 years ago and currently serves an average of 650,000 people on a weekday, it is considered to be below its full potential. For example, the system has only 35 stations, while the similar metro system in São Paulo has 62 stations, and the one in Buenos Aires has 86. In addition, there are constant complaints about the long intervals between trains, contributing to crowding, discomfort, and safety concerns both in stations and on the train.

    The local government reports that six percent of the city’s total passengers use the metro, while buses, with a fleet of more than 9,000 vehicles, are responsible for carrying 70 percent of them. Vans are another transportation modality that account for almost 17 percent of citizen transportation. The main problem with buses and vans is that they share the limited city roads with an increasing number of passenger cars. In the last three years alone, there were an additional 225,000 new cars on Rio’s roads. Additional concerns regarding buses and vans include safety at night, and overall waiting time. Although the new BRT has been positively received by residents, challenges remain related to overcrowding, lack of proper ventilation, and accessibility.

    In a recent event organized by Rio Como Vamos, Carlos Osório, the city’s secretary of transportation, mentioned that “2013 will be the worst year for transit purposes, as there are more than 92 transportation works around the city.” These temporary works are aimed at improving the city’s transportation in the long term, including an ambitious expansion of the metro line towards the city’s southern area, the installation of elevators and other accessibility features in most stations, and the incorporation of new metro trains in order to reduce the intervals of train service. In addition, the city will implement a network of cameras to monitor the provision of bus service in real time, to ensure security during night shifts, and to find and correct recurring service problems.

    Even though Rio could be considered to have a well-established and complete transportation system, its current infrastructure and the way it is operated are not enough to ensure that it functions adequately. Some short-term solutions would be to put in place better and more regular maintenance efforts of all stations, trains, and buses from the municipal fleet. Other more complex long-term measures include reducing the use of cars by incorporating fees and other taxes on their users, especially in the city center. Another long-term task that needs to be further explored is moving away from a municipal scope to a metropolitan understanding of mobility and transportation in the Rio area, thereby ensuring proper resource management that takes into account the dimensions and demands of such a complex system.

    Photo credit: Severino Silva

    Jorge Bela, Gestor Comunitario de Bogotá

    Bogotá ha ganado el premio a liderazgo urbano en su categoría de transporte. Los premios, de los cuales este año se celebra su primera edición, son otorgados por el grupo C40 y por Siemens, a través de su fundación Crystal. El premio de liderazgo en transporte busca identificar proyectos o iniciativas que mejoren la situación medioambiental, medidos en términos de fomento de cambio en los modos de transporte y de la reducción de la emisión de gases causantes del efecto invernadero.

    Para los conocedores de la situación actual en Bogotá la recepción del premio supone inicialmente una sorpresa. La ausencia de metro y la presencia de busetas sin ningún control de emisiones son dos realidades que saltan inmediatamente a la vista. El sistema Transmilenio, que ha servido de modelo de transporte rápido mediante autobuses a varias ciudades del mundo, se encuentra a tope de su capacidad y los proyectos de ampliación se han visto ralentizados por problemas de corrupción, retrasos y sobrecostes.

    Aunque la situación actual dista mucho de ser buena, el premio se ha otorgado a un proyecto actualmente en marcha y que puede redundar en una mejora significativa de la situación medioambiental. En primer lugar, está previsto que 200 autobuses híbridos comiencen a circular por Bogotá a partir del 15 de diciembre. Los buses, marca Volvo, son fabricados en Brasil y ensamblados en Colombia. Podrán circular tanto por los carriles de alta velocidad del Transmilenio como por rutas convencionales, pues tienen puertas a ambos lados. Está previsto que circulen por la Carrera 7º, una de las principales de la ciudad y por la que en la actualidad solo circulan busetas y coches particulares. Una vez que los autobuses híbridos comiencen a circular por esta carrera, sus elevados niveles de contaminación descenderán de forma significativa. Estos buses no necesitan conectarse a la red eléctrica para recargarse.

    La segunda iniciativa tomada en consideración para otorgar el premio es el lanzamiento de un programa piloto de taxis completamente eléctricos, es decir, de emisión cero. Este programa piloto contempla hasta un máximo de 50 taxis, de los cuales 12 ya han sido presentados y comenzarán a circular en los próximos días. Para su recarga se están construyendo estaciones de recarga específicas. En Bogotá hay más de 50.000 taxis, un número elevadísimo, sobre todo si consideramos que este modo de transporte es el que genera más gases de efecto invernadero por pasajero de todos los existentes. La hipotética sustitución de un número significativo de los taxis impulsados por gas gasolina a otros eléctricos tendría un impacto considerable.

    Aunque no se consideró a la hora de otorgar los premios, Bogotá está finalizando los estudios previos para la construcción del metro y está planificando una ampliación significativa del Transmilenio, sustituyendo de esta forma a las contaminantes busetas. Si todos estos proyectos llegan a buen puerto, en pocos años la situación ambiental de Bogotá mejorará dramáticamente. Esperemos que así sea.

    Fotos: Miguel Matus

    Jorge Bela, Bogotá Community Manager

    Bogotá just won the City Climate Leadership Award for transportation. The award, still on its first edition, is sponsored by the C40 group and Siemens, through its Crystal Initiative. The leadership award in transportation seeks to identify projects or initiatives aimed at improving the environmental quality of the cities for which they are intended. The methodology used to measure such improvement is based on modal shift or the reduction of greenhouse gases (GHG).

    For anyone familiar with the current situation of transportation in Bogotá the award might come as a surprise. It is striking considering the lack of a metro system and the still widespread presence of small buses (busetas, as locals call them), which seem to be free of any emissions controls, as they spew thick clouds of black smoke. Even if the rapid bus transportation system, Transmileno, has been very successful and even taken as a model by large cities elsewhere in Latin America and Asia, it is now operating at full capacity. Expansion projects have been plagued by corruption, delays, and cost overruns.

    Even if the current situation is far from ideal, the award was granted to a project, currently being implemented, with a considerable potential to improve the environmental conditions in Bogotá. The project seeks to introduce hybrid buses and zero emissions taxis by the end of 2013. To this end, 200 hybrid buses have been purchased and are expected to start running in late December. These Volvo buses are built in Brazil and assembled in Colombia, and they do not need to recharge in the grid. They can be used in Transmilenio express lanes as well as in regular streets, as they have doors on both sides. They will first be deployed on a new line that crosses the city from south to north, including a long stretch on 7th Avenue, one of Bogota’s most emblematic. Once the hybrid buses replace the highly polluting minibuses which now serve 7th Avenue, the air quality in the area will improve significantly.

    The zero emissions taxi pilot project plans to introduce 50 electric taxis. The first 12 taxis have already been officially presented by authorities and are expected to start operating in the next few weeks. Charging stations are being built in strategic locations, and the first one is already operating. Taxis generate the highest volume of GHG per passenger of all transportation modes, and Bogotá has more than 50,000 of them. The replacement of a significant number of gasoline or natural gas taxis by electric units would have a considerable impact on overall city pollution.

    Although it was not taken into consideration for the awards, Bogotá is in the final planning stages for its first metro system. It is also planning to substantially expand the Transmilenio system. These two mega-projects will all but eliminate the highly polluting busetas from most of the city. If all of these projects are successfully implemented, the environmental situation in Bogotá will have improved dramatically. Let’s hope that it does.

    Photo credit: Miguel Matus

  • URBim | for just and inclusive cities

          

    Latin America is the most urbanized region in the world, with an average urbanization rate of 80 percent. Many of the region’s cities are developing quickly and becoming important economic, cultural and touristic hubs. In spite of this growth and development, and the fact that poverty rates have been declining, 25 percent of Latin America’s urban residents still live in poverty. URB.im would like to encourage the debate around solutions to tackle poverty, foster inclusion and promote broader channels of participation, to bring about more just and inclusive cities in Latin America.

    Join the conversation with our four panelists: Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico); Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia); and Jorge Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil).

    Con una tasa de urbanización del 80 por ciento, América Latina es la región más urbanizada del planeta. Varias ciudades de la región se están desarrollando rápidamente y se están consolidando como importantes centros económicos, culturales y turísticos. A pesar de dicho crecimiento y desarrollo, y aunque la pobreza ha venido disminuyendo, se estima que el 25 por ciento de los habitantes de las ciudades Latinoamericanas viven en condiciones de pobreza. URB.im quiere generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones sobre esfuerzos de reducción de pobreza y la promoción de la inclusión y la participación social, los cuales están contribuyendo a que las ciudades Latinoamericanas sean más justas e incluyentes.

    Únanse a la conversación con nuestros cuatro participantes invitados: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México); Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia); y Jorge Barbosa, Director, Observatorio de las Favelas (Brasil).

    América Latina é a região mais urbanizada do planeta com uma taxa de urbanização de 80 por cento. Varias cidades da região estão se desenvolvendo rapidamente e estão se tornando importantes centros econômicos, culturais e turísticos. Embora aquele crescimento e desenvolvimento, é o fato que a pobreza vem diminuindo, ainda o 25 por cento da população das cidades Latino-americanas experimentam condições de pobreza. URB.im gostaria de incentivar o debate em torno às soluções no combate da pobreza e da exclusão e dos mecanismos para ampliar os cais de participação das cidades Latino-americanas para que sejam mais justas e inclusivas.

    Participe na conversação com nossos quarto debatedores: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual e Ex-assessor Presidencial de Politicas Sociais (México); Paula Moreno, Ex-ministra de Cultura e Presidente, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-presidente de Pesquisa da Universidad del Valle (Colombia); e Jorge Barbosa, Diretor, Observatório de Favelas (Brasil).

    Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico)

    Latin America is the most urbanized of all developing regions. On its own, this fact could mean good news, as historically, cities have been able to reduce poverty rates and gender inequality, and have achieved substantial improvements in access to education, justice, and health services, among other benefits.

    However, the quantitative data is insufficient to explain the challenges that Latin American cities are facing. The quality and speed with which the urbanization process has taken place complements this picture, explaining why urbanization was characterized by inequality, socioeconomic segregation, and precarious provision of social services and basic infrastructure. The scenario is even less encouraging when considering the institutional weaknesses in most of our region’s local governments, which are further and further away from meeting demand for social services and policies. When reviewing the region’s history of urban development and demographic trends, the violence that characterizes most cities in the region should not surprise us (42 of the 50 most violent cities in the world are in Latin America).

    The future of Latin America’s development is closely linked to the quality with which its social and physical spaces are planned and managed.

    In this debate I intend to advocate for the need for a much broader urban paradigm than the one proposed by the urban development practice at the end of the twentieth century, which focuses on planning the uses, densities, housing, and basic infrastructure.

    The central proposal of my argument rests on the fact that urban issues should not be considered only a vertical of public policy like education, health, culture, sports, or economic development, but as cross-cutting policy, which would allow the “territorializing” (focusing on the territory) of other public policies.

    This focus on the territory is based on three fundamental premises:

    • Work from the intersection of the social strata, space, and their corresponding vertical public policy areas (such as health, education, etc.).
    • Align national and sub-national policies to plan and manage on three simultaneous scales: regional, urban/metropolitan, and neighborhood.
    • Define the mechanisms that allow the implementation of urban policies under a clear framework of social participation that prioritizes the public good and technical solutions over mere politics.

    Enrique Betancourt is the cofounder of Contextual, an agency that develops creative solutions to urban problems through collaborative processes. His work focuses on the intersection between research, public policy design, and implementation. Previously, Enrique was the Head of the National Center for Crime Prevention and Citizen Participation, as well as the Deputy Director of Social Policy at the Office of the Presidency of Mexico. He studied architecture at the Universidad de las Américas Puebla, holds a Masters in Urbanism from Harvard University, and is a Yale World Fellow.

    Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México)

    América Latina es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. El hecho en sí mismo podría anunciar buenas noticias, pues las ciudades han llegado, a lo largo de la historia, acompañadas de reducciones importantes en índices de pobreza, desigualdad de género y mejoras sustanciales respecto al acceso a educación, justica y servicios de salud entre otros beneficios.

    Sin embargo el dato cuantitativo resulta insuficiente para explicar el reto que representa la vida en las ciudades de nuestra región. La calidad y la velocidad con la que ha sucedido el proceso de urbanización complementan el panorama y terminan por explicar como éste último se ha caracterizado por la desigualdad, la segregación socioeconómica y la precariedad en la provisión de servicios sociales e infraestructura básica. El escenario resulta menos alentador ante la clara debilidad institucional de la mayoría de los gobiernos locales de la región, quienes se encuentran cada vez más lejos de poder satisfacer la demanda de servicios y políticas sociales. Ante la revisión de la historia de desarrollo urbano y tendencias demográficas no debería sorprender mucho la violencia que caracteriza a la mayoría de las ciudades de la región. (42 de las 50 ciudades mas violentas del mundo son Latinoamericanas).

    El futuro del desarrollo de América Latina esta íntimamente ligado a la calidad con la que se planifiquen y gestionen los espacios sociales y físicos de sus ciudades.

    En este debate me propongo abogar por la necesidad de un paradigma urbano mucho más amplio que el propuesto por la noción de desarrollo urbana de finales del siglo XX centrada prioritariamente en la planeación de los usos, las densidades, la vivienda y la infraestructura básica.

    La propuesta central de mi argumento radica en la necesidad de que los asuntos urbanos no sean considerados únicamente como un área de política pública vertical más como lo son la educación, salud, cultura, deporte, desarrollo económico, sino un política transversal que permita la territorialización de las otras políticas públicas.

    Esta territorialización supondría tres premisas fundamentales:

    • Trabajar desde la intersección de las capas sociales, espaciales y las correspondientes a cada área de política vertical (salud, educación, etc.)
    • Alinear políticas nacionales y sub-nacionales para planear y gestionar en 3 escalas simultaneas: regional, la urbana / metropolitana y la barrial.
    • Definir mecanismos que permitan la operación táctica de políticas urbanas bajo un marco definido de participación social que priorice el bien público y las soluciones técnicas por encima de las meramente políticas.

    Enrique Betancourt es cofundador de Contextual, una agencia que desarrolla soluciones creativas a problemas urbanos a través de procesos colaborativos. Su trabajo se centra en la intersección que existe entre la investigación, el diseño de políticas públicas y su implementación. Anteriormente fue Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y Director Adjunto de Política Social en la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México. Es Arquitecto por la Universidad de las Américas en Puebla, Maestro en Urbanismo por la Universidad de Harvard y Yale World Fellow.

    Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia)

    One of the most critical challenges in increasingly urbanized Latin American cities is how to enforce social integration as a strategy to reduce urban violence and promote greater social cohesion and resilience among its citizens. The dynamics of public space not only as a symbol of physical welfare but also as a determinant of equal social relations is a major challenge to be addressed. I would like to mention the case of Medellin, a Colombian city with both a complex history in terms of violence, illegal networks, and segregation, and at the same time the most dynamic cultural and economic nodes, with opportunities for structural social change in the medium term.

    Medellin is the clearest example of urban transformation in recent years in Colombia. First, the city’s government has showed continuous political support for and prioritization of social integration. Second, the city has developed comprehensive urban interventions that prioritize social integration as a tool to tackle violence and social degradation. These interventions take the form of urban upgrading programs, which invest not only in improving the physical conditions of low-income neighborhoods, but also in their social capital. Today, after almost a decade of sustained public interventions, one of the most critical components of Medellin’s scheme is not only the architectural icons or the modern transportation systems that the city has built, but the incubation of strengthened social networks that nurture and sustain the physical intervention, and also generate the social fabric to prevent violence and to shape a common project for the city.

    Throughout the years, the quality of physical transformation has been complemented by social policies to map and effectively empower social networks. The building capacity strategy, mainly supported by the public administration but also by national and international organizations (e.g. Paisa Joven of GTZ, Picacho Corporation (Ford Foundation) or the projects of Fundación Social or Fundación Suraméricana) strengthened the capacities and roles of commune leaders and organizations. Visible grassroots leaders with administration leadership positions have access to top public and private universities (e.g. EPM Fund), and create a knowledge base that integrates their own territorial views into the academy and the public decision-making process through schemes like participatory security and budgeting. This social architecture, built upon bridging organizations with political advocacy, economic alternatives, and social mobility with a major territorial attachment, has become a major force in tackling criminal networks in the city. (Two examples of bridging organizations of this type are Son Batá and la Elite Hip Hop.)

    Paula Moreno is an industrial engineer with experience in social project management, design and implementation of public policies. She was the youngest minister in the history of Colombia and the first Afro-Colombian women to hold a ministerial office. In 2010 she was selected by the Council of the Americas as one of the most influential young leaders in the region for her work on effectively understanding diversity, and by the Black Mayors Association as one of the most influential Black leaders in the world. She founded and is currently serving as president of the Visible Hands Corporation, an NGO focused on practices of effective inclusion for youth at risk and ethnic communities in Colombia. Ms. Moreno holds a Master’s Degree in Management Studies from the University of Cambridge and was a United States Fulbright scholar for the program of urban and regional planning at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

    Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia)

    Uno de los desafíos más importantes en el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, es cómo promover la integración social como una estrategia para reducir la violencia urbana, además de cómo generar una mayor cohesión social y resiliencia entre sus ciudadanos. La dinámica del espacio público no es sólo un símbolo del bienestar físico, sino también es un factor determinante de las relaciones sociales de igualdad—y se convierte en un desafío importante de abordar. Me gustaría mencionar el caso de Medellín, una ciudad colombiana con una complejidad histórica importante en términos de violencia, redes ilegales y segregación; al mismo tiempo, tiene los nodos culturales y económicos más dinámicos del país y ofrece oportunidades para el cambio social estructural a medio plazo.

    Medellín es el ejemplo más claro de la transformación urbana de los últimos años en Colombia. En primer lugar, el gobierno de la ciudad ha mostrado un apoyo político continuo y también ha mostrado prioridad a la integración social. en segundo lugar, la ciudad ha desarrollado intervenciones urbanas integrales que dan prioridad a la integración social como una herramienta para hacer frente a la violencia y a la degradación social. Estas intervenciones se enfocan en programas de mejoramiento urbano, que no sólo invierten en la mejora de las condiciones físicas de los barrios de bajos ingresos, sino también en su capital social. Hoy en día, después de casi una década de intervenciones públicas sostenidas, los componentes más relevantes de Medellín no son sólo los iconos arquitectónicos o los sistemas de transporte modernos que la ciudad ha construido, sino también la incubación de las redes y organizaciones sociales fortalecidas que promueven y mantienen la intervención física, y que también generan el tejido social para prevenir la violencia, y contribuyen a dar forma a un proyecto común para la ciudad.

    A través de los años, la calidad de la transformación física se ha complementado con las políticas sociales para formar y capacitar más efectivamente las redes y organizaciones sociales. El desarrollo de la estrategia de capacidad no es únicamente apoyada por la administración pública, sino también por organizaciones internacionales como por ejemplo Paisa Joven de la GTZ y Corporación Picacho de la Fundación Ford, (o los proyectos de la Fundación Social y de la Fundación Suramericana), los cuales fortalecen las capacidades y las funciones de los líderes de las comunas y de las organizaciones sociales locales. Los líderes que son visibles con base social y con posición de liderazgo en la administración, tienen acceso a las mejores universidades públicas y privadas (v.gr., el Fondo EPM). Ellos crean una base de conocimientos integrados a través de sus propios puntos de vista territoriales y crean el proceso de decisiones públicas a través de esquemas como: la seguridad y la creación de presupuestos en forma participativa. Esta es una arquitectura social para crear alianzas entre organizaciones con incidencia política y alternativas económicas. Además, funciona para crear otro tipo de movilidad social con una mayor vinculación territorial que se ha convertido en una fuerza importante para hacer frente a los ciclos de redes criminales en la ciudad.

    Paula Moreno es ingeniera industrial con experiencia en gestión de proyectos sociales, diseño e implementación de políticas públicas. Ella fue la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo ministerial y la más joven en la historia de Colombia. En 2010 fue seleccionada por el Consejo de las Américas como una de las líderes jóvenes y más influyentes de la región por su trabajo en la comprensión de la diversidad. La Black Mayors Association también la destaca como una de las líderes negras más influyentes en el mundo. Ella fundó y es la presidenta de la la Corporación Manos Visibles. La organización es una ONG centrada en las prácticas de inclusión efectiva para los jóvenes en situación de riesgo y de las comunidades étnicas en Colombia. Paula tiene una Maestría en Estudios de Gestión por la Universidad de Cambridge y fue una becaria Fulbright en los Estados Unidos para el programa de planificación urbana y regional en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

    Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia)

    One of the biggest challenges we face in Latin America and the Caribbean is the reduction of poverty. We must seek equity levels to counterbalance the disturbing situation of social inequality that characterizes our countries. In this context, urban planning plays a central role. This is because improving the quality of life of families in poverty is directly related to the urban policies of inclusion and neighborhood upgrading, and has a direct relationship with competitive strategies and natural resource management.

    Nevertheless, while it seems clear that public policies aimed at these purposes should occupy the front lines of government agendas, the reality is that there is much talk and little is done. But why?

    First, I consider that the processes of social inclusion, being long-term processes, are not attractive to those in power who, in the case of Colombia, have four years to show results for their management. Unfortunately, we have seen that there have been few leaders who initiate a program and leave the results to another. Second, the high investment and complexity involved in implementing a program of poverty reduction and neighborhood upgrading is a challenge that only a few people want to take on.

    Perhaps this is the result of the indifference of the citizens and their willingness to go along with the projects undertaken by those in power. For example, complaints are not common when the tax money is invested in road infrastructure conducive to private vehicles. It’s a quick way to show immediate results to taxpayers. Neither are there frequent questions from civil society on major social housing schemes, which contribute little to the quality of life of the poorest and least of urban quality.

    However, some recent governments in Colombia have shown great commitment and have faced the problem of poverty and social inequality seriously. We should keep in mind the lessons learned from the governments of Antanas Mockus and Enrique Peñalosa in Bogotá, during which civic culture, public space, and school infrastructure left a positive balance in reducing the “social distance” and increasing tolerance and security.

    In Medellin, Sergio Fajardo and the subsequent politicians set the goal to change the HDI in the marginal sectors, focusing investments on accessibility, school infrastructure, and the development of programs to create jobs and opportunities.

    In Cali, the current mayor Rodrigo Guerrero is designing strategies to direct investment towards informal settlements and the most segregated areas of the city. As a result of the current local government work, the Ford Foundation included Cali in the Just Cities initiative. Now the city is challenged to take this opportunity to reduce inequality and poverty rates. But more important than defining projects and investments, all local actors should seek the empowerment of civil society, unions, academia, and all other stakeholders related to urban development. This empowerment would ensure that proposed projects transcend the current administration and become a navigation chart to achieve a profound change in the city and for its citizens.

    Angela Franco is Vice-President of Research at the University Del Valle in Cali, Colombia. She is an architect and an urban planner and holds a MSc in Sociology. Her research projects are focused on informal settlements, urban segregation, and urban renewal processes in downtown areas. In 2012 she did a fellowship in the Special Program for Urban and Regional Studies at MIT, where she was working on international development good practices to explore new topics of analysis and applied research in the Latin America and the Caribbean region.

    Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia)

    Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en América Latina y el Caribe es la reducción de la pobreza. Nuestros esfuerzos se deberían concentrar en procurar mejores niveles de equidad para contrarrestar la alarmante situación de desigualdad social que caracteriza a nuestros países. En este contexto, la planificación urbana tiene un rol central, dado que la acción de mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de pobreza está directamente relacionada con las legislaciones urbanas de inclusión y el mejoramiento de barrios; además, tiene una relación directa con las estrategias de competitividad y la administración de recursos naturales.

    Sin embargo, aunque parece evidente que las políticas públicas dirigidas a estos fines deben estar al frente de las agendas de los gobiernos, la realidad es que se habla mucho y se hace poco, pero ¿por qué?

    En primer lugar, considero que los procesos de inclusión social, al ser procesos a largo plazo, no son atractivos para los gobernantes que, en el caso de Colombia, tienen cuatro años para mostrar resultados de su administración. Desafortunadamente, hemos visto como pocos líderes inician un programa para dejarle los resultados a otro. En segundo lugar, la alta inversión y la alta complejidad involucrada en un programa de reducción de pobreza y de mejoramiento de barrios es un reto que sólo pocos quieren asumir.

    Tal vez este es el resultado de la indiferencia de los ciudadanos y de su conformidad a los proyectos llevados a cabo por aquellos en posiciones de poder. Por ejemplo, hay muy pocas quejas cuando el dinero de los impuestos se invierte en la infraestructura vial, que beneficia a los vehículos privados. Estas inversiones son una forma rápida de mostrar resultados inmediatos para los contribuyentes. Tampoco, hay cuestionamientos por parte de la sociedad civil sobre los programas de vivienda, los cuales contribuyen poco a la calidad de vida de los más pobres y de los que viven una vida de poca calidad urbana.

    Sin embargo, algunos gobiernos locales recientes en Colombia han mostrado un gran compromiso y se han enfrentado seriamente al problema de la pobreza y de la desigualdad social. Se debe tener en cuenta las lecciones aprendidas de los alcaldes Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa en Bogotá, durante los cuales la cultura cívica, el espacio público y la infraestructura escolar dejaron un equilibrio positivo en la reducción de la “distancia social” y en el aumento de la tolerancia y de la seguridad.

    En Medellín, el alcalde Sergio Fajardo, y los gobernantes siguientes, fijaron la meta de cambiar el Indice de Desarrollo Humano (IDH) en los sectores marginales, centrándose en mayor parte en las inversiones de materia de accesibilidad, la infraestructura escolar y el desarrollo de programas para crear empleos y oportunidades laborales.

    En Cali, el alcalde actual, Rodrigo Guerrero, está diseñando estrategias para la inversión directa hacia los asentamientos informales y las áreas más segregadas de la ciudad. En consecuencia de la labor actual de los gobiernos locales, la Fundación Ford incluyó a Cali en la iniciativa, Ciudades Justas. Ahora la ciudad tiene el reto de tomar esta oportunidad para reducir los índices de la desigualdad y de pobreza. Y más que definir inversiones, es más importante que todos los actores locales busquen el empoderamiento de la sociedad civil, los sindicatos, las universidades y demás actores relacionados con el desarrollo urbano. Dicho empoderamiento aseguraría que los proyectos propuestos trasciendan la administración actual y se conviertan en una carta de navegación para lograr un cambio profundo en la ciudad y en los ciudadanos.

    Angela Franco es Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es arquitecta, urbanista y tiene Maestría en Sociología. Sus proyectos de investigación se centran en asentamientos informales, la segregación urbana y los procesos de renovación urbana en las áreas del centro de la ciudad. Durante el año 2012 obtuvo una beca de investigación en el Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales en MIT donde trabajó en el desarrollo de buenas prácticas y nuevos temas de análisis y de investigación aplicada en la región de Latinoamérica y el Caribe.

    Jorge Luiz Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil)

    The territories of our social life are becoming increasingly complex and diverse, especially when we live in cities that keep growing due to concentrated urbanization. The relationship between city, neighborhood, and the day-to-day seems to be a nostalgic experience rather than a reality. In this new urban condition, pluralized identities and new practices emerge to symbolically appropriate space and time. Therefore, the utopia of a more generous city invites us to promote an alternative political space for democracy and citizenship.

    To realize the multiple possibilities of a city, the social and political qualities of public space are pivotal. In addition to the State and the Market, there are other dimensions to consider for life in society. In this sense, the role of civil society as a political instrument is necessary to renew the public sphere.

    Aristotle considered the human being to be endowed by words. According to him, the use of words contributed to the shift of human beings from “animalistic” to civilization. The doxa (opinion) was the expression of building the community ethos (koinonía) of autonomous and collective beings. This expression led to the construction of an ethical subject in action, with its own space: the Polis.

    For us, a serious public sphere is a space of visibility for an individual and for others. But this is only possible if words and actions are used in the exercise of rights. In this vein, the concept of citizenship gains relevant emancipatory elements in the practice of rights, especially regarding the return to the territory of the public political sphere.

    The return to the territory is pivotal to political practice once the day-to-day of all beings, all actions, and all human intentions are integrated in established times and spaces. Within a territory, it is possible to recognize collective interests and mobilize joint forces of change.

    When trying to determine an agenda to overcome social inequalities, we need to identify the stakeholders that create change. This leads us to recognize that new collective subjects must assume a key role in building effective citizenship policy, especially with regard to overcoming inequalities due to ethnicity, race, gender, and sexual orientation.

    Various civil society organizations have a key role in the political process described, especially those working in areas marked by deep social inequalities and reduced participation in the public sphere. The Favela Observatory has been working through its various modes of intervention (urban policy, human rights, education, culture, arts, and communication) to place unprivileged and excluded territories at the center of the political construction of the right to the city, ensuring new actors in these new spaces of political participation.

    Jorge Luiz Barbosa is a Professor at the Federal Fluminense University, Director of the Favela Observatory, and co-author of the following books: Favela: Joy and Pain in the City, What is a Favela, Anyway?, The New Carioca, and Cultural Grounds.

    Jorge Luiz Barbosa, Diretor do Observatório das Favelas (Brasil)

    Os territórios de nossa vida social são cada vez mais complexos e diversos, sobretudo quando vivemos em metrópoles agigantadas pela urbanização concentrada. A relação cidade / bairro / cotidiano do passado parece ser mais uma experiência nostálgica do que uma realidade ainda próxima. Nesta nova condição urbana revelam-se identidades pluralizadas e práticas inteiramente novas de apropriação material e simbólica do espaço e do tempo. Portanto, a utopia de uma cidade mais generosa ainda pulsa e nos convida a promover outro campo político para a democracia e a para a cidadania.

    Para a realização das múltiplas possibilidades do viver a cidade se faz indispensável a qualidade social e política do espaço público. Para além do Estado e do Mercado há outras dimensões para pensar a construção de referências para a vida em sociedade. Nesse sentido, a retomada do papel da sociedade civil como instância política é necessária e inadiável para instituir uma renovada esfera pública.

    Aristóteles considerava o homem como um ser dotado da palavra. Segundo ele, a partilha das palavras contribuía para o ser humano aceder da animalidade à civilidade, pois a doxa (opinião) era a expressão própria da construção do ethos comunitário (koinonía) de sujeitos autônomos e coletivos. Essa partilha, que conduzia a constituição do sujeito ético em ação, possuía um lugar próprio: a Pólis.

    A esfera pública seria, para nós, um espaço da visibilidade de si e do outro. Ou seja, do domínio da alteridade como campo da política. Todavia, só possível de existência tangível com a corporificação da palavra e da ação no exercício de direitos à liberdade. Nesta senda, a concepção cidadania ganha elementos emancipatórios fundamentais como prática de direitos, dentre eles, o retorno ao território com esfera pública da política.

    O retorno ao território é o fundamento da prática política, uma vez que o cotidiano de todos os sujeitos, de todas as ações e todas as intenções humanas possui a sua integralidade em espaços/tempos demarcados. No território é possível reconhecer os interesses coletivos, promover pertencimentos e de mobilizar forças plurais de mudança.

    E, quando tratamos da elaboração de uma agenda de superação das desigualdades sociais precisamos identificar os atores de sua criação e efetivação. Essa posição nos conduz a reconhecer que novos sujeitos coletivos devem assumir um papel principal na construção política de efetivação de cidadania, sobretudo no que diz respeito à superação de desigualdades que se reproduzem com recortes étnicos, raciais, etários, de gênero e de orientação sexual.

    As diferentes organizações da sociedade civil terão um papel fundamental no processo político em destaque, principalmente as que atuam em territórios marcados por profundas desigualdades sociais e de reduzida participação na esfera pública. O Observatório de Favelas vem se empenhando, por meio de seus diferentes campos de atuação (política urbana, direitos humanos, educação, cultura, artes e comunicação), em colocar os territórios populares na centralidade construção política do Direito à Cidade, afirmando novos atores em novos cenários de participação política.

    Jorge Luiz Barbosa é Professor da Universidade Federal Fluminense, Diretor do Observatório de Favelas e Co-autor dos Livros: “Favela: Alegria e dor na Cidade”; “O que é favela, afinal?”; “O novo carioca”; e “Solos Culturais”.

    Submitted by Editor — Sun, 11/17/2013 – 23:00

  • URBim | for just and inclusive cities

    Catalina Gomez, Coordenadora da Rede em São Paulo

    Segundo a Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, três por cento da população brasileira sofre de transtornos mentais severos que precisam cuidados contínuos e nove por cento da população apresenta transtornos leves que precisam de tratamentos eventuais.

    Para atender o grande desafio da atenção à saúde mental, o governo brasileiro vem apresentando avanços importantes liderados pelo Ministério da Saúde. No tema regulatório, o ministério aprovou no ano 2001 a Politica Nacional de Saúde Mental que estabelece importantes orientações de política afastando-se das hospitalizações e dando prioridade aos serviços de terapia e reintegração social. Adicionalmente, a legislação orienta que os municípios são as unidades encarregadas de providenciar os serviços de saúde mental no seu território.

    Demos uma olhada sobre como funciona a resposta municipal no cuidado da saúde mental numa cidade. São Paulo, por exemplo, é uma das cidades que tem sido líder neste tema; sua resposta à saúde mental é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde. Aquela Secretaria tem adotado uma abordagem integral, compreendendo que a saúde mental faz parte fundamental da saúde em geral; seu diagnostico e tratamento deve estar acompanhado pelos diferentes serviços de saúde. Por exemplo, aqueles pacientes que tenham doenças mentais leves são referidos aos serviços de saúde básica para controle e monitoramento.

    Para o tratamento de doenças mais severas, a Secretaria vem implantando os Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos como CAPS, os quais são instituições que visam à substituição dos hospitais psiquiátricos focados no isolamento dos pacientes. Os CAPS oferecem serviços gratuitos mais humanos focados no cuidado, no tratamento e na interação social dos pacientes. Cada centro tem equipes conformados por psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, auxiliares de enfermagem e monitores.

    Atualmente operam vários CAPS distribuídos pela cidade, incluindo 20 CAPS para adultos e mais outros 20 CAPS com foco na atenção de drogas e álcool, uma das doenças que estão preocupando mais às autoridades públicas. Também a cidade tem 13 CAPS para crianças e adolescentes com doenças mentais que precisam de tratamento terapêutico. Estes centros fomentam um trabalho junto com as famílias e tentam evitar ao máximo a internação dos pacientes para evitar seu isolamento.

    Embora exista uma necessidade de ampliar estes serviços, a cidade tem avançado com o estabelecimento de serviços adequados. Para complementar estes esforços, a Secretaria Municipal de Saúde organiza atividades para indivíduos com doenças menores com objetivo de promover sua integração social. A Secretaria, conjuntamente com outros órgãos públicos e em parceria com organizações da sociedade civil, organizam caminhadas pela cidade, visitas a museus e atividades comunitárias para que os pacientes consigam interatuar, compartilhar experiências e ainda mais importante, consigam se sentir cidadãos ativos e valorados.

    Foto: Secretaria Municipal de Saúde

    Catalina Gomez, São Paulo Community Manager

    According to Brazil’s National Coordination of Mental Health, Alcohol, and Other Drugs, three percent of the country’s population suffers from severe mental disorders that require continuous treatment, care, and support, and around nine percent of the population has mild mental disorders that require sporadic treatment.

    To address mental health issues, the Brazilian government, through its Ministry of Health, has moved forward with key steps. On the regulatory side, the country approved the 2001 Mental Health Policy, which marked a strategic change of policy from a focus on hospitalization towards a greater emphasis on therapeutic care and social reintegration. Additionally, the legislation emphasizes that although mental health care is a shared responsibility within the various levels of government, municipalities should be the main implementors of care services.

    Given that mental health care provision is considered a municipal responsibility, let’s take a look at what this implies at the city level — São Paulo has been one of the leading cities in this respect. Its response to mental health care is coordinated by the Municipal Secretariat of Health, which has adopted a comprehensive approach. This means that the city understands mental health as a fundamental part of overall health, and it therefore promotes its diagnosis and treatment in coordination with other health services, and never in isolation. This also means that individuals who present mild and temporary mental illness are referred to the basic health care system.

    To address more severe mental illnesses, the Secretariat has put into place Psycho-Social Attention Centers, known as CAPS (Centros de Atenção Psicossocial). These aim to replace the traditional psychiatric hospitals that used to isolate patients with more human interventions focused on care, support, and social interaction. The CAPS conduct proper diagnosis and offer free care and support services to people with different levels of mental illness. Each center has a specialized team assigned composed of psychiatrists, nurses, psychologists, occupational therapists, and social monitors.

    Currently, São Paulo has several CAPS operating throughout the city, including 20 CAPS for adults and 20 additional CAPS that focus specifically on treating alcohol and drug abuse, which are some of the most pressing concerns from public authorities nowadays. In addition, there are 13 CAPS for children and adolescents with mental illnesses that require therapeutic treatment. The centers targeted to youth tend to avoid committing children to institutions in order to prevent their isolation from their families and communities. Their work focuses on promoting social integration and family involvement in their treatment.

    Although there is an urgent need to expand these services, the Secretariat of Health has certainly moved forward in implementing an adequate service model. To complement these efforts, it organizes free activities targeted to individuals with mild mental illness in order to promote their integration within society and to avoid their exclusion and stigmatization. The Secretariat, along with other government institutions and in partnership with non-governmental organizations working in this field, organizes walks around the city, museum visits, and other social activities to help patients interact with other peers, share experiences, and crucially, feel like active and valuable citizens.

    Photo credit: Secretaria Municipal de Saúde

  • URBim | for just and inclusive cities

    Manmohan Singh, India’s prime minister, speaking during India’s 66th independence day, admitted that the government has not done enough on skill building for India’s youth and announced the setting up of a national skill development agency (NSDA). Read more.

    Submitted by Rakhi Mehra — Mon, 08/19/2013 – 05:52

    Bangladeshi garment factories have become synonymous with deathbeds, as evidenced by the frequent accidents, fires, and building collapses in recent years. The recent building collapse in Savar caused the deaths of thousands of workers. As a consequence, foreign investors are withdrawing their investments from the garments sector, which accounts for 80 percent of the country’s export earnings. It is surprising that despite the overwhelming importance of this sector, law enforcement in this sector is depressingly weak. Read more or join the discussion.

    Submitted by Editor — Mon, 07/15/2013 – 00:00

    Nairobi is not the city it was five years ago. The capital of Kenya is transforming its skyline: high-rises are mushrooming up and away from the Central Business District in a quest to find unoccupied space and expand. Accompanying this vertical climb is the ongoing construction of a network of roads and bypasses, aimed to make Nairobi a more fluid and modern city. Some of the key roads that are now nearing completion have been under construction for years. This has opened up an opportunity for street vendors to create informal markets and stalls from which to provide the workforce with food and refreshments. Read more or join the discussion.

    Submitted by Katy Fentress — Mon, 07/15/2013 – 00:00

    Labour laws exist to protect employees from exploitation by their employers. Unfortunately, many companies and factories in Lagos do not adhere to these laws, leading to overworked, underpaid workers who perform in hostile, unhealthy, and dangerous work environments. In one recent case in Lagos, an employee lost his life while on duty in a Chinese-owned nylon manufacturing company with over 500 factory employees. This incident set off a series of worker protests against labour violations and unjust employment conduct. Read more or join the discussion.

    Submitted by Wura — Mon, 07/15/2013 – 00:00

    The Bangladesh garment factory collapse reminded us of the humanity behind our every day fashion. The substandard conditions are common to stitchers in Bangalore as well. Even before the tragedy in Dhaka, Bangalore played host to a people’s tribunal, “Living Wages for Garment Workers,” to hear the voices behind the brands speak on issues related to living wages and decent working conditions as a human right. It was the “first-ever attempt” to bring together workers from all major apparel hubs from across India. Read more or join the discussion.

    Submitted by Carlin Carr — Mon, 07/15/2013 – 00:00

    Since the 1950s, Brazil has been taking important steps to ensure the basic protection of all its workers. The most relevant advances include the approval of a series of laws and regulations that ensure formal workers a minimum wage, and a number of benefits, including unemployment benefits, maternity leave, access to a pension fund, and paid time off, and sometimes transportation and meal subsidies. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 07/15/2013 – 00:00

    Brasil vem avançando a partir de 1950 na expansão da proteção básica para todos seus trabalhadores. Entre os avanços mais importantes estão à aprovação de um conjunto de leis e normas para garantir um salario mínimo para todos os trabalhadores formais, além de outros benefícios, como o seguro de desemprego, beneficio de maternidade, aceso a um fundo de popança, feiras remuneradas e bolsas de transporte e alimentação. Leia mais o discutir.

    Since the 1950s, Brazil has been taking important steps to ensure the basic protection of all its workers. The most relevant advances include the approval of a series of laws and regulations that ensure formal workers a minimum wage, and a number of benefits, including unemployment benefits, maternity leave, access to a pension fund, and paid time off, and sometimes transportation and meal subsidies. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 07/15/2013 – 00:00

    Shaila Satpute and her husband have been running a footwear shop in Mumbai for the last 15 years. Their $130 monthly profit goes to taking care of household expenses and the family’s future — educating their three children, providing them with opportunities Shaila and her husband were unable to access. The Satputes’ always had aspirations to grow their small business, but were unable to save enough to invest in more stock. That all changed when Shaila took a small loan from Mumbai-based microfinance organization, Swadhaar FinServe. Now on her third loan cycle, Shaila’s monthly profit has doubled. Read more or join the discussion.

    Submitted by Carlin Carr — Mon, 05/13/2013 – 00:00

    Microfinance has proven to be one of the most effective, targeted tools to promote pro-poor economic growth. Inclusive growth is one of post-revolutionary Egypt’s goals, and microfinance is indeed effective in creating growth that focuses on increasing social justice, closing the income gap, and creating new job opportunities. There are over 400 micro-finance institutions (MFIs) currently operate in Egypt, positioning microfinance services as key tools for impacting the poor. Read more or join the discussion.

    Submitted by Howaida Kamel — Mon, 05/13/2013 – 00:00

    For many entrepreneurs around the globe, starting a new business is a great challenge. Launching a new business is even harder for micro-entrepreneurs from low-income communities: they generally lack access to credit because they have no guarantors. When they do manage to get credit, the interest rate is often much higher than usual, limiting the possibilities to launch a business and to live off it. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 05/13/2013 – 00:00

  • URBim | for just and inclusive cities

    Throughout the developing world, urban farming is taking root in a variety of forms and yielding not only food but also livelihoods and community. Above-ground planting beds, kitchen gardens, and rooftop greenhouses are cropping up in urban centers. Farming is transforming tall buildings, empty lots and abandoned warehouses. In many cases, people are using the most basic tools or extremely innovative new combinations of existing tools. Some examples are leveraging newer production methods and tools.

    Three are numerous signals for how urban farming will unfold in the future where we will be faced with larger populations and more limited natural resources. Technological advances will improve resource efficiency and productive yields. Examples of our high tech future include LED grow lights (Philips), high-rise hydroponic (nutrient-enriched water) or aeroponically (nutrient-enriched air) greenhouses (Vertical Harvest) and in-door farming (FarmedHere) and fisheries. The Swedish-Chinese collaboration in indoor farming, Plantagon, develops high-tech industrial integration of waste and productive streams.

    In the meantime, other innovative but lower-tech solutions are surfacing in urban centers in the developing world. Sack farming in Kibera, the slum of about one million residents around Nairobi, is producing nutritious food for families as well as surplus to be sold at a profit. This growing business opportunity is growing in other African urban centers.

    In India, urban farming is taking hold across economic groups, building community, and importantly improving nutrition in the slums. After growing into much of its surrounding farm land, the City of Pune is now integrating food production into its high-rise planning. Since 2008 they have been encouraging urban farmers on land and even in the kitchen. The City of Hyderabad is supporting urban farming by providing families with starter kits. By composting household waste, community farming creates sustainable systems for food production in cities. More elaborate low-tech systems like those developed by the Urban Farming Guys can have great impact in a community.

  • URBim | for just and inclusive cities

    Howaida Kamel, Cairo Community Manager

    Compared to other countries in the Middle East and North Africa, Egypt is much better off with regards to access to freshwater resources, primarily thanks to the Nile. With the majority of the country’s population densely situated along the river basin, government statistics show that 99 percent of the country’s population has access to water, and access in urban areas is 100 percent. However, these statistics drown the many other political, social and economic issues that surround the water sector.

    According to UNICEF estimates, approximately 9.1 percent of children mortality is caused by acute diarrheal disease and other waterborne diseases. While the government claims that water is accessible to everyone in urban areas, only around 92 percent of urban households have access to safe water sources, and this statistic only includes households that are formally registered with the government. In the informal sector, when plumbing is available it is often linked to individual underground water sources that are generally untreated and unfiltered. Lack of planning in these areas exacerbates pollution and environmental degradation of these sources as they become contaminated with urban waste and sewage leakages.

    While many local communities have started addressing the issues of health and sanitation, especially for children, little has been done to address the impacts of water quality. Even last month, Prime Minister Hisham Kandil stated in a national address that the cause for the high relevance of diarrhea among Egyptian children was not poor water quality, but Egyptian mothers’ “unclean breasts”. While lack of education about hygiene and sanitation is another major issue, the general public is also left ignorant about the quality of their water sources and simple methods to kill most bacteria and other contaminants, like boiling water.

    Government reforms to the water sector in 2004 also made efforts to increase awareness about water conservation and sanitation in the public education system. However, poor curriculum development and other bureaucratic procedures have made it difficult to implement a unified water education program. As a response, the Wadi Educational Science Center (WESC) began implementing its own educational program to educate students about water problems in Egypt and around the world, water conservation methods, and environmentally friendly, sustainable solutions. The initiative began in 2005 with a core group of 60 students, both boys and girls, from sixth grade and above, meeting at WESC for a three-day, intensive workshop coordinated by WESC staff alongside water consulting engineers, outside experts and guest speakers.

    What makes the WESC program so successful is that the learning is not limited to the core group: the 60 students are then given training on how to deliver the knowledge they have learned, and they travel to selected villages along the Nile Valley and Delta. These students become the teachers, and conduct forums that engage village children, school officials, parents and community leaders, and help facilitate a dialogue on how to address issues of water management, consumption and conservation in the village. The idea is to encourage all participants to take an active role in identifying and creating solutions for water issues as they experience them in their daily lives. Because of the essential nature of water as a resource, WESC operates under the philosophy that it is important for the community to collectively manage and protect it.

    By the program’s completion in 2007, it managed to directly deliver information to approximately 7,200 villagers in 25 different villages around Egypt. Moreover, it disseminated its materials and information to other NGOs. While initiatives like these are singular in number, their impact can be large thanks to the way information is transferred.

  • URBim | for just and inclusive cities

    Opportunity: Intern with Future Cape Town

    Future Cape Town is a non-profit think tank, passionate about the future of cities. It delivers on its mission through engagement, research and collaboration, creating a space for awareness, debate and action, in the area of urbanism in Cape Town and in cities around the world. Future Cape Town’s Urban Intelligence Unit (UIU), the research wing of the organisation, is in search of passionate, inspiring interns to assist this team.

    We conduct research in various arenas, through an experiential approach, across a vast range of urban and public issues e.g. public space, models of engagement, new media, urban regeneration, economic development and so forth. Click here to learn more about the internship and to apply.

  • URBim | for just and inclusive cities

    All around Brazil, including Rio de Janeiro, the term favela is used to refer to a low-income neighborhood. Favelas are often associated with poverty, insecurity, and violence; however, although such problems are still present in many of these communities, there is a lot more to favelas than that — and their negative reputations should be corrected to reflect this. A number of local NGOs and social organizations are currently helping to change the negative perception of favelas and their residents. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 04/15/2013 – 00:00

    No Brasil, incluindo Rio de Janeiro a palavra “favela” é utilizada para fazer referência a assentamentos de baixa renda. Na maioria dos casos, as favelas também são associadas com pobreza, insegurança e violência. Embora aqueles problemas sejam uma realidade na maioria destas comunidades, existe muito mais além de nosso conhecimento que merece ser aprofundado sobre as favelas para tirar aquela percepção negativa delas. Leia mais o discutir.

    All around Brazil, including Rio de Janeiro, the term favela is used to refer to a low-income neighborhood. Favelas are often associated with poverty, insecurity, and violence; however, although such problems are still present in many of these communities, there is a lot more to favelas than that — and their negative reputations should be corrected to reflect this. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 04/15/2013 – 00:00

    Brasil está fazendo grandes esforços na consolidação de suas politicas públicas enfocadas na promoção da segurança alimentar e de hábitos saudáveis com foco na população mais pobre e vulnerável. Para atender esta prioridade, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) tem desenvolvido um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para guiar o trabalho. Leia mais ou discutir.

    Brazil is in the process of consolidating its public programs that work toward food security and healthy habits for its poorest communities and most vulnerable populations. The Ministry of Social Development (MDS) has therefore developed various programs and initiatives. One of the most important steps forward has been the creation of the National Food Security and Nutrition Strategy. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 04/08/2013 – 00:00

    Brazil is in the process of consolidating its public programs that work toward food security and healthy habits for its poorest communities and most vulnerable populations. The Ministry of Social Development (MDS) has therefore developed various programs and initiatives. One of the most important steps forward has been the creation of the National Food Security and Nutrition Strategy. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 04/08/2013 – 00:00

    A renovação urbana do Porto Maravilha no Rio de Janeiro é um ambicioso projeto de requalificação da deteriorada zona portuária que abrange uma área de 5 milhões de metros quadrados. O projeto busca criar novas condições de moradia, trabalho, transporte e lazer para a população que ali vive principalmente aquela de baixa renda, mais tentando gerar um espaço de uso misto pioneiro na cidade. Leia mais ou discutir.

    The Porto Maravilha project in Rio de Janeiro is an ambitious urban renewal initiative taking place in the old port, one of the most deteriorated parts of the city, spanning 5 million square meters. The project aims at improving the living conditions of its poorest residents, especially with regard to housing, labor, transportation, and recreation, as well as generating a pioneering mixed-income space within the city. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 03/25/2013 – 00:00

    The Porto Maravilha project in Rio de Janeiro is an ambitious urban renewal initiative taking place in the old port, one of the most deteriorated parts of the city, spanning 5 million square meters. The project aims at improving the living conditions of its poorest residents, especially with regard to housing, labor, transportation, and recreation, as well as generating a pioneering mixed-income space within the city. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 03/25/2013 – 00:00

    Rio de Janeiro tem boa cobertura de serviços de água, com só 1,5 por cento dos domicílios cariocas (32,908) sem serviço adequado. A cidade também tem avançado na ampliação da cobertura da rede de esgoto na passada década. Segundo Rio Como Vamos, no ano 2000, cerca de 21 por cento dos domicílios do Rio (387,367) não tenham conexão de esgoto. Em 2010, o indicador de famílias sem esgoto desceu para 5 por cento (109,258 domicílios). Leia mais o discutir.

    Rio de Janeiro has fairly good water service coverage, with only 1,5 percent of the city’s 32,908 households lacking proper service. The city has also made important improvements regarding sewer coverage in the past decade. According to Rio Como Vamos, in 2000 21 percent of the city’s households didn’t have sewer services, while ten years later, only five percent did not. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 03/18/2013 – 01:00

    Rio de Janeiro has fairly good water service coverage, with only 1,5 percent of the city’s 32,908 households lacking proper service. The city has also made important improvements regarding sewer coverage in the past decade. According to Rio Como Vamos, in 2000 21 percent of the city’s households didn’t have sewer services, while ten years later, only five percent did not. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 03/18/2013 – 01:00

    According to the National Survey of People Living on the Streets carried out by the Ministry of Social Development (MDS) in 2009, Rio de Janeiro has around 4,585 homeless people. Unfortunately, this survey only counts adults 18 years or older, thereby excluding homeless children. What we know about the homeless population is that although it’s quite heterogeneous, it shares common characteristics including poverty, fragile family bonds, and the absence of permanent shelter. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 03/11/2013 – 01:00

    Segundo a Pesquisa Nacional sobre a População de Rua feita em 2009 pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), a cidade de Rio de Janeiro tem 4,585 pessoas em “situação de rua”. Infelizmente esta pesquisa só tem levantamento de maiores de 18 anos, porem não existe muita clareza sobre o número total incluindo crianças. Este grupo populacional possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Leia mais ou discutir.

    According to the National Survey of People Living on the Streets carried out by the Ministry of Social Development (MDS) in 2009, Rio de Janeiro has around 4,585 homeless people. Unfortunately, this survey only counts adults 18 years or older, thereby excluding homeless children. What we know about the homeless population is that although it’s quite heterogeneous, it shares common characteristics including poverty, fragile family bonds, and the absence of permanent shelter. Read more or join the discussion.

    Submitted by Catalina Gomez — Mon, 03/11/2013 – 01:00

  • URBim | for just and inclusive cities

          

    Latin America is the most urbanized region in the world, with an average urbanization rate of 80 percent. Many of the region’s cities are developing quickly and becoming important economic, cultural and touristic hubs. In spite of this growth and development, and the fact that poverty rates have been declining, 25 percent of Latin America’s urban residents still live in poverty. URB.im would like to encourage the debate around solutions to tackle poverty, foster inclusion and promote broader channels of participation, to bring about more just and inclusive cities in Latin America.

    Join the conversation with our four panelists: Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico); Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia); and Jorge Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil).

    Con una tasa de urbanización del 80 por ciento, América Latina es la región más urbanizada del planeta. Varias ciudades de la región se están desarrollando rápidamente y se están consolidando como importantes centros económicos, culturales y turísticos. A pesar de dicho crecimiento y desarrollo, y aunque la pobreza ha venido disminuyendo, se estima que el 25 por ciento de los habitantes de las ciudades Latinoamericanas viven en condiciones de pobreza. URB.im quiere generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones sobre esfuerzos de reducción de pobreza y la promoción de la inclusión y la participación social, los cuales están contribuyendo a que las ciudades Latinoamericanas sean más justas e incluyentes.

    Únanse a la conversación con nuestros cuatro participantes invitados: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México); Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia); y Jorge Barbosa, Director, Observatorio de las Favelas (Brasil).

    América Latina é a região mais urbanizada do planeta com uma taxa de urbanização de 80 por cento. Varias cidades da região estão se desenvolvendo rapidamente e estão se tornando importantes centros econômicos, culturais e turísticos. Embora aquele crescimento e desenvolvimento, é o fato que a pobreza vem diminuindo, ainda o 25 por cento da população das cidades Latino-americanas experimentam condições de pobreza. URB.im gostaria de incentivar o debate em torno às soluções no combate da pobreza e da exclusão e dos mecanismos para ampliar os cais de participação das cidades Latino-americanas para que sejam mais justas e inclusivas.

    Participe na conversação com nossos quarto debatedores: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual e Ex-assessor Presidencial de Politicas Sociais (México); Paula Moreno, Ex-ministra de Cultura e Presidente, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-presidente de Pesquisa da Universidad del Valle (Colombia); e Jorge Barbosa, Diretor, Observatório de Favelas (Brasil).

    Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico)

    Latin America is the most urbanized of all developing regions. On its own, this fact could mean good news, as historically, cities have been able to reduce poverty rates and gender inequality, and have achieved substantial improvements in access to education, justice, and health services, among other benefits.

    However, the quantitative data is insufficient to explain the challenges that Latin American cities are facing. The quality and speed with which the urbanization process has taken place complements this picture, explaining why urbanization was characterized by inequality, socioeconomic segregation, and precarious provision of social services and basic infrastructure. The scenario is even less encouraging when considering the institutional weaknesses in most of our region’s local governments, which are further and further away from meeting demand for social services and policies. When reviewing the region’s history of urban development and demographic trends, the violence that characterizes most cities in the region should not surprise us (42 of the 50 most violent cities in the world are in Latin America).

    The future of Latin America’s development is closely linked to the quality with which its social and physical spaces are planned and managed.

    In this debate I intend to advocate for the need for a much broader urban paradigm than the one proposed by the urban development practice at the end of the twentieth century, which focuses on planning the uses, densities, housing, and basic infrastructure.

    The central proposal of my argument rests on the fact that urban issues should not be considered only a vertical of public policy like education, health, culture, sports, or economic development, but as cross-cutting policy, which would allow the “territorializing” (focusing on the territory) of other public policies.

    This focus on the territory is based on three fundamental premises:

    • Work from the intersection of the social strata, space, and their corresponding vertical public policy areas (such as health, education, etc.).
    • Align national and sub-national policies to plan and manage on three simultaneous scales: regional, urban/metropolitan, and neighborhood.
    • Define the mechanisms that allow the implementation of urban policies under a clear framework of social participation that prioritizes the public good and technical solutions over mere politics.

    Enrique Betancourt is the cofounder of Contextual, an agency that develops creative solutions to urban problems through collaborative processes. His work focuses on the intersection between research, public policy design, and implementation. Previously, Enrique was the Head of the National Center for Crime Prevention and Citizen Participation, as well as the Deputy Director of Social Policy at the Office of the Presidency of Mexico. He studied architecture at the Universidad de las Américas Puebla, holds a Masters in Urbanism from Harvard University, and is a Yale World Fellow.

    Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México)

    América Latina es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. El hecho en sí mismo podría anunciar buenas noticias, pues las ciudades han llegado, a lo largo de la historia, acompañadas de reducciones importantes en índices de pobreza, desigualdad de género y mejoras sustanciales respecto al acceso a educación, justica y servicios de salud entre otros beneficios.

    Sin embargo el dato cuantitativo resulta insuficiente para explicar el reto que representa la vida en las ciudades de nuestra región. La calidad y la velocidad con la que ha sucedido el proceso de urbanización complementan el panorama y terminan por explicar como éste último se ha caracterizado por la desigualdad, la segregación socioeconómica y la precariedad en la provisión de servicios sociales e infraestructura básica. El escenario resulta menos alentador ante la clara debilidad institucional de la mayoría de los gobiernos locales de la región, quienes se encuentran cada vez más lejos de poder satisfacer la demanda de servicios y políticas sociales. Ante la revisión de la historia de desarrollo urbano y tendencias demográficas no debería sorprender mucho la violencia que caracteriza a la mayoría de las ciudades de la región. (42 de las 50 ciudades mas violentas del mundo son Latinoamericanas).

    El futuro del desarrollo de América Latina esta íntimamente ligado a la calidad con la que se planifiquen y gestionen los espacios sociales y físicos de sus ciudades.

    En este debate me propongo abogar por la necesidad de un paradigma urbano mucho más amplio que el propuesto por la noción de desarrollo urbana de finales del siglo XX centrada prioritariamente en la planeación de los usos, las densidades, la vivienda y la infraestructura básica.

    La propuesta central de mi argumento radica en la necesidad de que los asuntos urbanos no sean considerados únicamente como un área de política pública vertical más como lo son la educación, salud, cultura, deporte, desarrollo económico, sino un política transversal que permita la territorialización de las otras políticas públicas.

    Esta territorialización supondría tres premisas fundamentales:

    • Trabajar desde la intersección de las capas sociales, espaciales y las correspondientes a cada área de política vertical (salud, educación, etc.)
    • Alinear políticas nacionales y sub-nacionales para planear y gestionar en 3 escalas simultaneas: regional, la urbana / metropolitana y la barrial.
    • Definir mecanismos que permitan la operación táctica de políticas urbanas bajo un marco definido de participación social que priorice el bien público y las soluciones técnicas por encima de las meramente políticas.

    Enrique Betancourt es cofundador de Contextual, una agencia que desarrolla soluciones creativas a problemas urbanos a través de procesos colaborativos. Su trabajo se centra en la intersección que existe entre la investigación, el diseño de políticas públicas y su implementación. Anteriormente fue Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y Director Adjunto de Política Social en la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México. Es Arquitecto por la Universidad de las Américas en Puebla, Maestro en Urbanismo por la Universidad de Harvard y Yale World Fellow.

    Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia)

    One of the most critical challenges in increasingly urbanized Latin American cities is how to enforce social integration as a strategy to reduce urban violence and promote greater social cohesion and resilience among its citizens. The dynamics of public space not only as a symbol of physical welfare but also as a determinant of equal social relations is a major challenge to be addressed. I would like to mention the case of Medellin, a Colombian city with both a complex history in terms of violence, illegal networks, and segregation, and at the same time the most dynamic cultural and economic nodes, with opportunities for structural social change in the medium term.

    Medellin is the clearest example of urban transformation in recent years in Colombia. First, the city’s government has showed continuous political support for and prioritization of social integration. Second, the city has developed comprehensive urban interventions that prioritize social integration as a tool to tackle violence and social degradation. These interventions take the form of urban upgrading programs, which invest not only in improving the physical conditions of low-income neighborhoods, but also in their social capital. Today, after almost a decade of sustained public interventions, one of the most critical components of Medellin’s scheme is not only the architectural icons or the modern transportation systems that the city has built, but the incubation of strengthened social networks that nurture and sustain the physical intervention, and also generate the social fabric to prevent violence and to shape a common project for the city.

    Throughout the years, the quality of physical transformation has been complemented by social policies to map and effectively empower social networks. The building capacity strategy, mainly supported by the public administration but also by national and international organizations (e.g. Paisa Joven of GTZ, Picacho Corporation (Ford Foundation) or the projects of Fundación Social or Fundación Suraméricana) strengthened the capacities and roles of commune leaders and organizations. Visible grassroots leaders with administration leadership positions have access to top public and private universities (e.g. EPM Fund), and create a knowledge base that integrates their own territorial views into the academy and the public decision-making process through schemes like participatory security and budgeting. This social architecture, built upon bridging organizations with political advocacy, economic alternatives, and social mobility with a major territorial attachment, has become a major force in tackling criminal networks in the city. (Two examples of bridging organizations of this type are Son Batá and la Elite Hip Hop.)

    Paula Moreno is an industrial engineer with experience in social project management, design and implementation of public policies. She was the youngest minister in the history of Colombia and the first Afro-Colombian women to hold a ministerial office. In 2010 she was selected by the Council of the Americas as one of the most influential young leaders in the region for her work on effectively understanding diversity, and by the Black Mayors Association as one of the most influential Black leaders in the world. She founded and is currently serving as president of the Visible Hands Corporation, an NGO focused on practices of effective inclusion for youth at risk and ethnic communities in Colombia. Ms. Moreno holds a Master’s Degree in Management Studies from the University of Cambridge and was a United States Fulbright scholar for the program of urban and regional planning at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

    Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia)

    Uno de los desafíos más importantes en el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, es cómo promover la integración social como una estrategia para reducir la violencia urbana, además de cómo generar una mayor cohesión social y resiliencia entre sus ciudadanos. La dinámica del espacio público no es sólo un símbolo del bienestar físico, sino también es un factor determinante de las relaciones sociales de igualdad—y se convierte en un desafío importante de abordar. Me gustaría mencionar el caso de Medellín, una ciudad colombiana con una complejidad histórica importante en términos de violencia, redes ilegales y segregación; al mismo tiempo, tiene los nodos culturales y económicos más dinámicos del país y ofrece oportunidades para el cambio social estructural a medio plazo.

    Medellín es el ejemplo más claro de la transformación urbana de los últimos años en Colombia. En primer lugar, el gobierno de la ciudad ha mostrado un apoyo político continuo y también ha mostrado prioridad a la integración social. en segundo lugar, la ciudad ha desarrollado intervenciones urbanas integrales que dan prioridad a la integración social como una herramienta para hacer frente a la violencia y a la degradación social. Estas intervenciones se enfocan en programas de mejoramiento urbano, que no sólo invierten en la mejora de las condiciones físicas de los barrios de bajos ingresos, sino también en su capital social. Hoy en día, después de casi una década de intervenciones públicas sostenidas, los componentes más relevantes de Medellín no son sólo los iconos arquitectónicos o los sistemas de transporte modernos que la ciudad ha construido, sino también la incubación de las redes y organizaciones sociales fortalecidas que promueven y mantienen la intervención física, y que también generan el tejido social para prevenir la violencia, y contribuyen a dar forma a un proyecto común para la ciudad.

    A través de los años, la calidad de la transformación física se ha complementado con las políticas sociales para formar y capacitar más efectivamente las redes y organizaciones sociales. El desarrollo de la estrategia de capacidad no es únicamente apoyada por la administración pública, sino también por organizaciones internacionales como por ejemplo Paisa Joven de la GTZ y Corporación Picacho de la Fundación Ford, (o los proyectos de la Fundación Social y de la Fundación Suramericana), los cuales fortalecen las capacidades y las funciones de los líderes de las comunas y de las organizaciones sociales locales. Los líderes que son visibles con base social y con posición de liderazgo en la administración, tienen acceso a las mejores universidades públicas y privadas (v.gr., el Fondo EPM). Ellos crean una base de conocimientos integrados a través de sus propios puntos de vista territoriales y crean el proceso de decisiones públicas a través de esquemas como: la seguridad y la creación de presupuestos en forma participativa. Esta es una arquitectura social para crear alianzas entre organizaciones con incidencia política y alternativas económicas. Además, funciona para crear otro tipo de movilidad social con una mayor vinculación territorial que se ha convertido en una fuerza importante para hacer frente a los ciclos de redes criminales en la ciudad.

    Paula Moreno es ingeniera industrial con experiencia en gestión de proyectos sociales, diseño e implementación de políticas públicas. Ella fue la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo ministerial y la más joven en la historia de Colombia. En 2010 fue seleccionada por el Consejo de las Américas como una de las líderes jóvenes y más influyentes de la región por su trabajo en la comprensión de la diversidad. La Black Mayors Association también la destaca como una de las líderes negras más influyentes en el mundo. Ella fundó y es la presidenta de la la Corporación Manos Visibles. La organización es una ONG centrada en las prácticas de inclusión efectiva para los jóvenes en situación de riesgo y de las comunidades étnicas en Colombia. Paula tiene una Maestría en Estudios de Gestión por la Universidad de Cambridge y fue una becaria Fulbright en los Estados Unidos para el programa de planificación urbana y regional en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

    Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia)

    One of the biggest challenges we face in Latin America and the Caribbean is the reduction of poverty. We must seek equity levels to counterbalance the disturbing situation of social inequality that characterizes our countries. In this context, urban planning plays a central role. This is because improving the quality of life of families in poverty is directly related to the urban policies of inclusion and neighborhood upgrading, and has a direct relationship with competitive strategies and natural resource management.

    Nevertheless, while it seems clear that public policies aimed at these purposes should occupy the front lines of government agendas, the reality is that there is much talk and little is done. But why?

    First, I consider that the processes of social inclusion, being long-term processes, are not attractive to those in power who, in the case of Colombia, have four years to show results for their management. Unfortunately, we have seen that there have been few leaders who initiate a program and leave the results to another. Second, the high investment and complexity involved in implementing a program of poverty reduction and neighborhood upgrading is a challenge that only a few people want to take on.

    Perhaps this is the result of the indifference of the citizens and their willingness to go along with the projects undertaken by those in power. For example, complaints are not common when the tax money is invested in road infrastructure conducive to private vehicles. It’s a quick way to show immediate results to taxpayers. Neither are there frequent questions from civil society on major social housing schemes, which contribute little to the quality of life of the poorest and least of urban quality.

    However, some recent governments in Colombia have shown great commitment and have faced the problem of poverty and social inequality seriously. We should keep in mind the lessons learned from the governments of Antanas Mockus and Enrique Peñalosa in Bogotá, during which civic culture, public space, and school infrastructure left a positive balance in reducing the “social distance” and increasing tolerance and security.

    In Medellin, Sergio Fajardo and the subsequent politicians set the goal to change the HDI in the marginal sectors, focusing investments on accessibility, school infrastructure, and the development of programs to create jobs and opportunities.

    In Cali, the current mayor Rodrigo Guerrero is designing strategies to direct investment towards informal settlements and the most segregated areas of the city. As a result of the current local government work, the Ford Foundation included Cali in the Just Cities initiative. Now the city is challenged to take this opportunity to reduce inequality and poverty rates. But more important than defining projects and investments, all local actors should seek the empowerment of civil society, unions, academia, and all other stakeholders related to urban development. This empowerment would ensure that proposed projects transcend the current administration and become a navigation chart to achieve a profound change in the city and for its citizens.

    Angela Franco is Vice-President of Research at the University Del Valle in Cali, Colombia. She is an architect and an urban planner and holds a MSc in Sociology. Her research projects are focused on informal settlements, urban segregation, and urban renewal processes in downtown areas. In 2012 she did a fellowship in the Special Program for Urban and Regional Studies at MIT, where she was working on international development good practices to explore new topics of analysis and applied research in the Latin America and the Caribbean region.

    Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia)

    Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en América Latina y el Caribe es la reducción de la pobreza. Nuestros esfuerzos se deberían concentrar en procurar mejores niveles de equidad para contrarrestar la alarmante situación de desigualdad social que caracteriza a nuestros países. En este contexto, la planificación urbana tiene un rol central, dado que la acción de mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de pobreza está directamente relacionada con las legislaciones urbanas de inclusión y el mejoramiento de barrios; además, tiene una relación directa con las estrategias de competitividad y la administración de recursos naturales.

    Sin embargo, aunque parece evidente que las políticas públicas dirigidas a estos fines deben estar al frente de las agendas de los gobiernos, la realidad es que se habla mucho y se hace poco, pero ¿por qué?

    En primer lugar, considero que los procesos de inclusión social, al ser procesos a largo plazo, no son atractivos para los gobernantes que, en el caso de Colombia, tienen cuatro años para mostrar resultados de su administración. Desafortunadamente, hemos visto como pocos líderes inician un programa para dejarle los resultados a otro. En segundo lugar, la alta inversión y la alta complejidad involucrada en un programa de reducción de pobreza y de mejoramiento de barrios es un reto que sólo pocos quieren asumir.

    Tal vez este es el resultado de la indiferencia de los ciudadanos y de su conformidad a los proyectos llevados a cabo por aquellos en posiciones de poder. Por ejemplo, hay muy pocas quejas cuando el dinero de los impuestos se invierte en la infraestructura vial, que beneficia a los vehículos privados. Estas inversiones son una forma rápida de mostrar resultados inmediatos para los contribuyentes. Tampoco, hay cuestionamientos por parte de la sociedad civil sobre los programas de vivienda, los cuales contribuyen poco a la calidad de vida de los más pobres y de los que viven una vida de poca calidad urbana.

    Sin embargo, algunos gobiernos locales recientes en Colombia han mostrado un gran compromiso y se han enfrentado seriamente al problema de la pobreza y de la desigualdad social. Se debe tener en cuenta las lecciones aprendidas de los alcaldes Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa en Bogotá, durante los cuales la cultura cívica, el espacio público y la infraestructura escolar dejaron un equilibrio positivo en la reducción de la “distancia social” y en el aumento de la tolerancia y de la seguridad.

    En Medellín, el alcalde Sergio Fajardo, y los gobernantes siguientes, fijaron la meta de cambiar el Indice de Desarrollo Humano (IDH) en los sectores marginales, centrándose en mayor parte en las inversiones de materia de accesibilidad, la infraestructura escolar y el desarrollo de programas para crear empleos y oportunidades laborales.

    En Cali, el alcalde actual, Rodrigo Guerrero, está diseñando estrategias para la inversión directa hacia los asentamientos informales y las áreas más segregadas de la ciudad. En consecuencia de la labor actual de los gobiernos locales, la Fundación Ford incluyó a Cali en la iniciativa, Ciudades Justas. Ahora la ciudad tiene el reto de tomar esta oportunidad para reducir los índices de la desigualdad y de pobreza. Y más que definir inversiones, es más importante que todos los actores locales busquen el empoderamiento de la sociedad civil, los sindicatos, las universidades y demás actores relacionados con el desarrollo urbano. Dicho empoderamiento aseguraría que los proyectos propuestos trasciendan la administración actual y se conviertan en una carta de navegación para lograr un cambio profundo en la ciudad y en los ciudadanos.

    Angela Franco es Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es arquitecta, urbanista y tiene Maestría en Sociología. Sus proyectos de investigación se centran en asentamientos informales, la segregación urbana y los procesos de renovación urbana en las áreas del centro de la ciudad. Durante el año 2012 obtuvo una beca de investigación en el Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales en MIT donde trabajó en el desarrollo de buenas prácticas y nuevos temas de análisis y de investigación aplicada en la región de Latinoamérica y el Caribe.

    Jorge Luiz Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil)

    The territories of our social life are becoming increasingly complex and diverse, especially when we live in cities that keep growing due to concentrated urbanization. The relationship between city, neighborhood, and the day-to-day seems to be a nostalgic experience rather than a reality. In this new urban condition, pluralized identities and new practices emerge to symbolically appropriate space and time. Therefore, the utopia of a more generous city invites us to promote an alternative political space for democracy and citizenship.

    To realize the multiple possibilities of a city, the social and political qualities of public space are pivotal. In addition to the State and the Market, there are other dimensions to consider for life in society. In this sense, the role of civil society as a political instrument is necessary to renew the public sphere.

    Aristotle considered the human being to be endowed by words. According to him, the use of words contributed to the shift of human beings from “animalistic” to civilization. The doxa (opinion) was the expression of building the community ethos (koinonía) of autonomous and collective beings. This expression led to the construction of an ethical subject in action, with its own space: the Polis.

    For us, a serious public sphere is a space of visibility for an individual and for others. But this is only possible if words and actions are used in the exercise of rights. In this vein, the concept of citizenship gains relevant emancipatory elements in the practice of rights, especially regarding the return to the territory of the public political sphere.

    The return to the territory is pivotal to political practice once the day-to-day of all beings, all actions, and all human intentions are integrated in established times and spaces. Within a territory, it is possible to recognize collective interests and mobilize joint forces of change.

    When trying to determine an agenda to overcome social inequalities, we need to identify the stakeholders that create change. This leads us to recognize that new collective subjects must assume a key role in building effective citizenship policy, especially with regard to overcoming inequalities due to ethnicity, race, gender, and sexual orientation.

    Various civil society organizations have a key role in the political process described, especially those working in areas marked by deep social inequalities and reduced participation in the public sphere. The Favela Observatory has been working through its various modes of intervention (urban policy, human rights, education, culture, arts, and communication) to place unprivileged and excluded territories at the center of the political construction of the right to the city, ensuring new actors in these new spaces of political participation.

    Jorge Luiz Barbosa is a Professor at the Federal Fluminense University, Director of the Favela Observatory, and co-author of the following books: Favela: Joy and Pain in the City, What is a Favela, Anyway?, The New Carioca, and Cultural Grounds.

    Jorge Luiz Barbosa, Diretor do Observatório das Favelas (Brasil)

    Os territórios de nossa vida social são cada vez mais complexos e diversos, sobretudo quando vivemos em metrópoles agigantadas pela urbanização concentrada. A relação cidade / bairro / cotidiano do passado parece ser mais uma experiência nostálgica do que uma realidade ainda próxima. Nesta nova condição urbana revelam-se identidades pluralizadas e práticas inteiramente novas de apropriação material e simbólica do espaço e do tempo. Portanto, a utopia de uma cidade mais generosa ainda pulsa e nos convida a promover outro campo político para a democracia e a para a cidadania.

    Para a realização das múltiplas possibilidades do viver a cidade se faz indispensável a qualidade social e política do espaço público. Para além do Estado e do Mercado há outras dimensões para pensar a construção de referências para a vida em sociedade. Nesse sentido, a retomada do papel da sociedade civil como instância política é necessária e inadiável para instituir uma renovada esfera pública.

    Aristóteles considerava o homem como um ser dotado da palavra. Segundo ele, a partilha das palavras contribuía para o ser humano aceder da animalidade à civilidade, pois a doxa (opinião) era a expressão própria da construção do ethos comunitário (koinonía) de sujeitos autônomos e coletivos. Essa partilha, que conduzia a constituição do sujeito ético em ação, possuía um lugar próprio: a Pólis.

    A esfera pública seria, para nós, um espaço da visibilidade de si e do outro. Ou seja, do domínio da alteridade como campo da política. Todavia, só possível de existência tangível com a corporificação da palavra e da ação no exercício de direitos à liberdade. Nesta senda, a concepção cidadania ganha elementos emancipatórios fundamentais como prática de direitos, dentre eles, o retorno ao território com esfera pública da política.

    O retorno ao território é o fundamento da prática política, uma vez que o cotidiano de todos os sujeitos, de todas as ações e todas as intenções humanas possui a sua integralidade em espaços/tempos demarcados. No território é possível reconhecer os interesses coletivos, promover pertencimentos e de mobilizar forças plurais de mudança.

    E, quando tratamos da elaboração de uma agenda de superação das desigualdades sociais precisamos identificar os atores de sua criação e efetivação. Essa posição nos conduz a reconhecer que novos sujeitos coletivos devem assumir um papel principal na construção política de efetivação de cidadania, sobretudo no que diz respeito à superação de desigualdades que se reproduzem com recortes étnicos, raciais, etários, de gênero e de orientação sexual.

    As diferentes organizações da sociedade civil terão um papel fundamental no processo político em destaque, principalmente as que atuam em territórios marcados por profundas desigualdades sociais e de reduzida participação na esfera pública. O Observatório de Favelas vem se empenhando, por meio de seus diferentes campos de atuação (política urbana, direitos humanos, educação, cultura, artes e comunicação), em colocar os territórios populares na centralidade construção política do Direito à Cidade, afirmando novos atores em novos cenários de participação política.

    Jorge Luiz Barbosa é Professor da Universidade Federal Fluminense, Diretor do Observatório de Favelas e Co-autor dos Livros: “Favela: Alegria e dor na Cidade”; “O que é favela, afinal?”; “O novo carioca”; e “Solos Culturais”.

    Submitted by Editor — Sun, 11/17/2013 – 23:00