Category: Uncategorized

  • URBim | for just and inclusive cities

          

    Latin America is the most urbanized region in the world, with an average urbanization rate of 80 percent. Many of the region’s cities are developing quickly and becoming important economic, cultural and touristic hubs. In spite of this growth and development, and the fact that poverty rates have been declining, 25 percent of Latin America’s urban residents still live in poverty. URB.im would like to encourage the debate around solutions to tackle poverty, foster inclusion and promote broader channels of participation, to bring about more just and inclusive cities in Latin America.

    Join the conversation with our four panelists: Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico); Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia); and Jorge Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil).

    Con una tasa de urbanización del 80 por ciento, América Latina es la región más urbanizada del planeta. Varias ciudades de la región se están desarrollando rápidamente y se están consolidando como importantes centros económicos, culturales y turísticos. A pesar de dicho crecimiento y desarrollo, y aunque la pobreza ha venido disminuyendo, se estima que el 25 por ciento de los habitantes de las ciudades Latinoamericanas viven en condiciones de pobreza. URB.im quiere generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones sobre esfuerzos de reducción de pobreza y la promoción de la inclusión y la participación social, los cuales están contribuyendo a que las ciudades Latinoamericanas sean más justas e incluyentes.

    Únanse a la conversación con nuestros cuatro participantes invitados: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México); Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia); y Jorge Barbosa, Director, Observatorio de las Favelas (Brasil).

    América Latina é a região mais urbanizada do planeta com uma taxa de urbanização de 80 por cento. Varias cidades da região estão se desenvolvendo rapidamente e estão se tornando importantes centros econômicos, culturais e turísticos. Embora aquele crescimento e desenvolvimento, é o fato que a pobreza vem diminuindo, ainda o 25 por cento da população das cidades Latino-americanas experimentam condições de pobreza. URB.im gostaria de incentivar o debate em torno às soluções no combate da pobreza e da exclusão e dos mecanismos para ampliar os cais de participação das cidades Latino-americanas para que sejam mais justas e inclusivas.

    Participe na conversação com nossos quarto debatedores: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual e Ex-assessor Presidencial de Politicas Sociais (México); Paula Moreno, Ex-ministra de Cultura e Presidente, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-presidente de Pesquisa da Universidad del Valle (Colombia); e Jorge Barbosa, Diretor, Observatório de Favelas (Brasil).

    Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico)

    Latin America is the most urbanized of all developing regions. On its own, this fact could mean good news, as historically, cities have been able to reduce poverty rates and gender inequality, and have achieved substantial improvements in access to education, justice, and health services, among other benefits.

    However, the quantitative data is insufficient to explain the challenges that Latin American cities are facing. The quality and speed with which the urbanization process has taken place complements this picture, explaining why urbanization was characterized by inequality, socioeconomic segregation, and precarious provision of social services and basic infrastructure. The scenario is even less encouraging when considering the institutional weaknesses in most of our region’s local governments, which are further and further away from meeting demand for social services and policies. When reviewing the region’s history of urban development and demographic trends, the violence that characterizes most cities in the region should not surprise us (42 of the 50 most violent cities in the world are in Latin America).

    The future of Latin America’s development is closely linked to the quality with which its social and physical spaces are planned and managed.

    In this debate I intend to advocate for the need for a much broader urban paradigm than the one proposed by the urban development practice at the end of the twentieth century, which focuses on planning the uses, densities, housing, and basic infrastructure.

    The central proposal of my argument rests on the fact that urban issues should not be considered only a vertical of public policy like education, health, culture, sports, or economic development, but as cross-cutting policy, which would allow the “territorializing” (focusing on the territory) of other public policies.

    This focus on the territory is based on three fundamental premises:

    • Work from the intersection of the social strata, space, and their corresponding vertical public policy areas (such as health, education, etc.).
    • Align national and sub-national policies to plan and manage on three simultaneous scales: regional, urban/metropolitan, and neighborhood.
    • Define the mechanisms that allow the implementation of urban policies under a clear framework of social participation that prioritizes the public good and technical solutions over mere politics.

    Enrique Betancourt is the cofounder of Contextual, an agency that develops creative solutions to urban problems through collaborative processes. His work focuses on the intersection between research, public policy design, and implementation. Previously, Enrique was the Head of the National Center for Crime Prevention and Citizen Participation, as well as the Deputy Director of Social Policy at the Office of the Presidency of Mexico. He studied architecture at the Universidad de las Américas Puebla, holds a Masters in Urbanism from Harvard University, and is a Yale World Fellow.

    Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México)

    América Latina es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. El hecho en sí mismo podría anunciar buenas noticias, pues las ciudades han llegado, a lo largo de la historia, acompañadas de reducciones importantes en índices de pobreza, desigualdad de género y mejoras sustanciales respecto al acceso a educación, justica y servicios de salud entre otros beneficios.

    Sin embargo el dato cuantitativo resulta insuficiente para explicar el reto que representa la vida en las ciudades de nuestra región. La calidad y la velocidad con la que ha sucedido el proceso de urbanización complementan el panorama y terminan por explicar como éste último se ha caracterizado por la desigualdad, la segregación socioeconómica y la precariedad en la provisión de servicios sociales e infraestructura básica. El escenario resulta menos alentador ante la clara debilidad institucional de la mayoría de los gobiernos locales de la región, quienes se encuentran cada vez más lejos de poder satisfacer la demanda de servicios y políticas sociales. Ante la revisión de la historia de desarrollo urbano y tendencias demográficas no debería sorprender mucho la violencia que caracteriza a la mayoría de las ciudades de la región. (42 de las 50 ciudades mas violentas del mundo son Latinoamericanas).

    El futuro del desarrollo de América Latina esta íntimamente ligado a la calidad con la que se planifiquen y gestionen los espacios sociales y físicos de sus ciudades.

    En este debate me propongo abogar por la necesidad de un paradigma urbano mucho más amplio que el propuesto por la noción de desarrollo urbana de finales del siglo XX centrada prioritariamente en la planeación de los usos, las densidades, la vivienda y la infraestructura básica.

    La propuesta central de mi argumento radica en la necesidad de que los asuntos urbanos no sean considerados únicamente como un área de política pública vertical más como lo son la educación, salud, cultura, deporte, desarrollo económico, sino un política transversal que permita la territorialización de las otras políticas públicas.

    Esta territorialización supondría tres premisas fundamentales:

    • Trabajar desde la intersección de las capas sociales, espaciales y las correspondientes a cada área de política vertical (salud, educación, etc.)
    • Alinear políticas nacionales y sub-nacionales para planear y gestionar en 3 escalas simultaneas: regional, la urbana / metropolitana y la barrial.
    • Definir mecanismos que permitan la operación táctica de políticas urbanas bajo un marco definido de participación social que priorice el bien público y las soluciones técnicas por encima de las meramente políticas.

    Enrique Betancourt es cofundador de Contextual, una agencia que desarrolla soluciones creativas a problemas urbanos a través de procesos colaborativos. Su trabajo se centra en la intersección que existe entre la investigación, el diseño de políticas públicas y su implementación. Anteriormente fue Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y Director Adjunto de Política Social en la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México. Es Arquitecto por la Universidad de las Américas en Puebla, Maestro en Urbanismo por la Universidad de Harvard y Yale World Fellow.

    Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia)

    One of the most critical challenges in increasingly urbanized Latin American cities is how to enforce social integration as a strategy to reduce urban violence and promote greater social cohesion and resilience among its citizens. The dynamics of public space not only as a symbol of physical welfare but also as a determinant of equal social relations is a major challenge to be addressed. I would like to mention the case of Medellin, a Colombian city with both a complex history in terms of violence, illegal networks, and segregation, and at the same time the most dynamic cultural and economic nodes, with opportunities for structural social change in the medium term.

    Medellin is the clearest example of urban transformation in recent years in Colombia. First, the city’s government has showed continuous political support for and prioritization of social integration. Second, the city has developed comprehensive urban interventions that prioritize social integration as a tool to tackle violence and social degradation. These interventions take the form of urban upgrading programs, which invest not only in improving the physical conditions of low-income neighborhoods, but also in their social capital. Today, after almost a decade of sustained public interventions, one of the most critical components of Medellin’s scheme is not only the architectural icons or the modern transportation systems that the city has built, but the incubation of strengthened social networks that nurture and sustain the physical intervention, and also generate the social fabric to prevent violence and to shape a common project for the city.

    Throughout the years, the quality of physical transformation has been complemented by social policies to map and effectively empower social networks. The building capacity strategy, mainly supported by the public administration but also by national and international organizations (e.g. Paisa Joven of GTZ, Picacho Corporation (Ford Foundation) or the projects of Fundación Social or Fundación Suraméricana) strengthened the capacities and roles of commune leaders and organizations. Visible grassroots leaders with administration leadership positions have access to top public and private universities (e.g. EPM Fund), and create a knowledge base that integrates their own territorial views into the academy and the public decision-making process through schemes like participatory security and budgeting. This social architecture, built upon bridging organizations with political advocacy, economic alternatives, and social mobility with a major territorial attachment, has become a major force in tackling criminal networks in the city. (Two examples of bridging organizations of this type are Son Batá and la Elite Hip Hop.)

    Paula Moreno is an industrial engineer with experience in social project management, design and implementation of public policies. She was the youngest minister in the history of Colombia and the first Afro-Colombian women to hold a ministerial office. In 2010 she was selected by the Council of the Americas as one of the most influential young leaders in the region for her work on effectively understanding diversity, and by the Black Mayors Association as one of the most influential Black leaders in the world. She founded and is currently serving as president of the Visible Hands Corporation, an NGO focused on practices of effective inclusion for youth at risk and ethnic communities in Colombia. Ms. Moreno holds a Master’s Degree in Management Studies from the University of Cambridge and was a United States Fulbright scholar for the program of urban and regional planning at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

    Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia)

    Uno de los desafíos más importantes en el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, es cómo promover la integración social como una estrategia para reducir la violencia urbana, además de cómo generar una mayor cohesión social y resiliencia entre sus ciudadanos. La dinámica del espacio público no es sólo un símbolo del bienestar físico, sino también es un factor determinante de las relaciones sociales de igualdad—y se convierte en un desafío importante de abordar. Me gustaría mencionar el caso de Medellín, una ciudad colombiana con una complejidad histórica importante en términos de violencia, redes ilegales y segregación; al mismo tiempo, tiene los nodos culturales y económicos más dinámicos del país y ofrece oportunidades para el cambio social estructural a medio plazo.

    Medellín es el ejemplo más claro de la transformación urbana de los últimos años en Colombia. En primer lugar, el gobierno de la ciudad ha mostrado un apoyo político continuo y también ha mostrado prioridad a la integración social. en segundo lugar, la ciudad ha desarrollado intervenciones urbanas integrales que dan prioridad a la integración social como una herramienta para hacer frente a la violencia y a la degradación social. Estas intervenciones se enfocan en programas de mejoramiento urbano, que no sólo invierten en la mejora de las condiciones físicas de los barrios de bajos ingresos, sino también en su capital social. Hoy en día, después de casi una década de intervenciones públicas sostenidas, los componentes más relevantes de Medellín no son sólo los iconos arquitectónicos o los sistemas de transporte modernos que la ciudad ha construido, sino también la incubación de las redes y organizaciones sociales fortalecidas que promueven y mantienen la intervención física, y que también generan el tejido social para prevenir la violencia, y contribuyen a dar forma a un proyecto común para la ciudad.

    A través de los años, la calidad de la transformación física se ha complementado con las políticas sociales para formar y capacitar más efectivamente las redes y organizaciones sociales. El desarrollo de la estrategia de capacidad no es únicamente apoyada por la administración pública, sino también por organizaciones internacionales como por ejemplo Paisa Joven de la GTZ y Corporación Picacho de la Fundación Ford, (o los proyectos de la Fundación Social y de la Fundación Suramericana), los cuales fortalecen las capacidades y las funciones de los líderes de las comunas y de las organizaciones sociales locales. Los líderes que son visibles con base social y con posición de liderazgo en la administración, tienen acceso a las mejores universidades públicas y privadas (v.gr., el Fondo EPM). Ellos crean una base de conocimientos integrados a través de sus propios puntos de vista territoriales y crean el proceso de decisiones públicas a través de esquemas como: la seguridad y la creación de presupuestos en forma participativa. Esta es una arquitectura social para crear alianzas entre organizaciones con incidencia política y alternativas económicas. Además, funciona para crear otro tipo de movilidad social con una mayor vinculación territorial que se ha convertido en una fuerza importante para hacer frente a los ciclos de redes criminales en la ciudad.

    Paula Moreno es ingeniera industrial con experiencia en gestión de proyectos sociales, diseño e implementación de políticas públicas. Ella fue la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo ministerial y la más joven en la historia de Colombia. En 2010 fue seleccionada por el Consejo de las Américas como una de las líderes jóvenes y más influyentes de la región por su trabajo en la comprensión de la diversidad. La Black Mayors Association también la destaca como una de las líderes negras más influyentes en el mundo. Ella fundó y es la presidenta de la la Corporación Manos Visibles. La organización es una ONG centrada en las prácticas de inclusión efectiva para los jóvenes en situación de riesgo y de las comunidades étnicas en Colombia. Paula tiene una Maestría en Estudios de Gestión por la Universidad de Cambridge y fue una becaria Fulbright en los Estados Unidos para el programa de planificación urbana y regional en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

    Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia)

    One of the biggest challenges we face in Latin America and the Caribbean is the reduction of poverty. We must seek equity levels to counterbalance the disturbing situation of social inequality that characterizes our countries. In this context, urban planning plays a central role. This is because improving the quality of life of families in poverty is directly related to the urban policies of inclusion and neighborhood upgrading, and has a direct relationship with competitive strategies and natural resource management.

    Nevertheless, while it seems clear that public policies aimed at these purposes should occupy the front lines of government agendas, the reality is that there is much talk and little is done. But why?

    First, I consider that the processes of social inclusion, being long-term processes, are not attractive to those in power who, in the case of Colombia, have four years to show results for their management. Unfortunately, we have seen that there have been few leaders who initiate a program and leave the results to another. Second, the high investment and complexity involved in implementing a program of poverty reduction and neighborhood upgrading is a challenge that only a few people want to take on.

    Perhaps this is the result of the indifference of the citizens and their willingness to go along with the projects undertaken by those in power. For example, complaints are not common when the tax money is invested in road infrastructure conducive to private vehicles. It’s a quick way to show immediate results to taxpayers. Neither are there frequent questions from civil society on major social housing schemes, which contribute little to the quality of life of the poorest and least of urban quality.

    However, some recent governments in Colombia have shown great commitment and have faced the problem of poverty and social inequality seriously. We should keep in mind the lessons learned from the governments of Antanas Mockus and Enrique Peñalosa in Bogotá, during which civic culture, public space, and school infrastructure left a positive balance in reducing the “social distance” and increasing tolerance and security.

    In Medellin, Sergio Fajardo and the subsequent politicians set the goal to change the HDI in the marginal sectors, focusing investments on accessibility, school infrastructure, and the development of programs to create jobs and opportunities.

    In Cali, the current mayor Rodrigo Guerrero is designing strategies to direct investment towards informal settlements and the most segregated areas of the city. As a result of the current local government work, the Ford Foundation included Cali in the Just Cities initiative. Now the city is challenged to take this opportunity to reduce inequality and poverty rates. But more important than defining projects and investments, all local actors should seek the empowerment of civil society, unions, academia, and all other stakeholders related to urban development. This empowerment would ensure that proposed projects transcend the current administration and become a navigation chart to achieve a profound change in the city and for its citizens.

    Angela Franco is Vice-President of Research at the University Del Valle in Cali, Colombia. She is an architect and an urban planner and holds a MSc in Sociology. Her research projects are focused on informal settlements, urban segregation, and urban renewal processes in downtown areas. In 2012 she did a fellowship in the Special Program for Urban and Regional Studies at MIT, where she was working on international development good practices to explore new topics of analysis and applied research in the Latin America and the Caribbean region.

    Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia)

    Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en América Latina y el Caribe es la reducción de la pobreza. Nuestros esfuerzos se deberían concentrar en procurar mejores niveles de equidad para contrarrestar la alarmante situación de desigualdad social que caracteriza a nuestros países. En este contexto, la planificación urbana tiene un rol central, dado que la acción de mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de pobreza está directamente relacionada con las legislaciones urbanas de inclusión y el mejoramiento de barrios; además, tiene una relación directa con las estrategias de competitividad y la administración de recursos naturales.

    Sin embargo, aunque parece evidente que las políticas públicas dirigidas a estos fines deben estar al frente de las agendas de los gobiernos, la realidad es que se habla mucho y se hace poco, pero ¿por qué?

    En primer lugar, considero que los procesos de inclusión social, al ser procesos a largo plazo, no son atractivos para los gobernantes que, en el caso de Colombia, tienen cuatro años para mostrar resultados de su administración. Desafortunadamente, hemos visto como pocos líderes inician un programa para dejarle los resultados a otro. En segundo lugar, la alta inversión y la alta complejidad involucrada en un programa de reducción de pobreza y de mejoramiento de barrios es un reto que sólo pocos quieren asumir.

    Tal vez este es el resultado de la indiferencia de los ciudadanos y de su conformidad a los proyectos llevados a cabo por aquellos en posiciones de poder. Por ejemplo, hay muy pocas quejas cuando el dinero de los impuestos se invierte en la infraestructura vial, que beneficia a los vehículos privados. Estas inversiones son una forma rápida de mostrar resultados inmediatos para los contribuyentes. Tampoco, hay cuestionamientos por parte de la sociedad civil sobre los programas de vivienda, los cuales contribuyen poco a la calidad de vida de los más pobres y de los que viven una vida de poca calidad urbana.

    Sin embargo, algunos gobiernos locales recientes en Colombia han mostrado un gran compromiso y se han enfrentado seriamente al problema de la pobreza y de la desigualdad social. Se debe tener en cuenta las lecciones aprendidas de los alcaldes Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa en Bogotá, durante los cuales la cultura cívica, el espacio público y la infraestructura escolar dejaron un equilibrio positivo en la reducción de la “distancia social” y en el aumento de la tolerancia y de la seguridad.

    En Medellín, el alcalde Sergio Fajardo, y los gobernantes siguientes, fijaron la meta de cambiar el Indice de Desarrollo Humano (IDH) en los sectores marginales, centrándose en mayor parte en las inversiones de materia de accesibilidad, la infraestructura escolar y el desarrollo de programas para crear empleos y oportunidades laborales.

    En Cali, el alcalde actual, Rodrigo Guerrero, está diseñando estrategias para la inversión directa hacia los asentamientos informales y las áreas más segregadas de la ciudad. En consecuencia de la labor actual de los gobiernos locales, la Fundación Ford incluyó a Cali en la iniciativa, Ciudades Justas. Ahora la ciudad tiene el reto de tomar esta oportunidad para reducir los índices de la desigualdad y de pobreza. Y más que definir inversiones, es más importante que todos los actores locales busquen el empoderamiento de la sociedad civil, los sindicatos, las universidades y demás actores relacionados con el desarrollo urbano. Dicho empoderamiento aseguraría que los proyectos propuestos trasciendan la administración actual y se conviertan en una carta de navegación para lograr un cambio profundo en la ciudad y en los ciudadanos.

    Angela Franco es Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es arquitecta, urbanista y tiene Maestría en Sociología. Sus proyectos de investigación se centran en asentamientos informales, la segregación urbana y los procesos de renovación urbana en las áreas del centro de la ciudad. Durante el año 2012 obtuvo una beca de investigación en el Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales en MIT donde trabajó en el desarrollo de buenas prácticas y nuevos temas de análisis y de investigación aplicada en la región de Latinoamérica y el Caribe.

    Jorge Luiz Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil)

    The territories of our social life are becoming increasingly complex and diverse, especially when we live in cities that keep growing due to concentrated urbanization. The relationship between city, neighborhood, and the day-to-day seems to be a nostalgic experience rather than a reality. In this new urban condition, pluralized identities and new practices emerge to symbolically appropriate space and time. Therefore, the utopia of a more generous city invites us to promote an alternative political space for democracy and citizenship.

    To realize the multiple possibilities of a city, the social and political qualities of public space are pivotal. In addition to the State and the Market, there are other dimensions to consider for life in society. In this sense, the role of civil society as a political instrument is necessary to renew the public sphere.

    Aristotle considered the human being to be endowed by words. According to him, the use of words contributed to the shift of human beings from “animalistic” to civilization. The doxa (opinion) was the expression of building the community ethos (koinonía) of autonomous and collective beings. This expression led to the construction of an ethical subject in action, with its own space: the Polis.

    For us, a serious public sphere is a space of visibility for an individual and for others. But this is only possible if words and actions are used in the exercise of rights. In this vein, the concept of citizenship gains relevant emancipatory elements in the practice of rights, especially regarding the return to the territory of the public political sphere.

    The return to the territory is pivotal to political practice once the day-to-day of all beings, all actions, and all human intentions are integrated in established times and spaces. Within a territory, it is possible to recognize collective interests and mobilize joint forces of change.

    When trying to determine an agenda to overcome social inequalities, we need to identify the stakeholders that create change. This leads us to recognize that new collective subjects must assume a key role in building effective citizenship policy, especially with regard to overcoming inequalities due to ethnicity, race, gender, and sexual orientation.

    Various civil society organizations have a key role in the political process described, especially those working in areas marked by deep social inequalities and reduced participation in the public sphere. The Favela Observatory has been working through its various modes of intervention (urban policy, human rights, education, culture, arts, and communication) to place unprivileged and excluded territories at the center of the political construction of the right to the city, ensuring new actors in these new spaces of political participation.

    Jorge Luiz Barbosa is a Professor at the Federal Fluminense University, Director of the Favela Observatory, and co-author of the following books: Favela: Joy and Pain in the City, What is a Favela, Anyway?, The New Carioca, and Cultural Grounds.

    Jorge Luiz Barbosa, Diretor do Observatório das Favelas (Brasil)

    Os territórios de nossa vida social são cada vez mais complexos e diversos, sobretudo quando vivemos em metrópoles agigantadas pela urbanização concentrada. A relação cidade / bairro / cotidiano do passado parece ser mais uma experiência nostálgica do que uma realidade ainda próxima. Nesta nova condição urbana revelam-se identidades pluralizadas e práticas inteiramente novas de apropriação material e simbólica do espaço e do tempo. Portanto, a utopia de uma cidade mais generosa ainda pulsa e nos convida a promover outro campo político para a democracia e a para a cidadania.

    Para a realização das múltiplas possibilidades do viver a cidade se faz indispensável a qualidade social e política do espaço público. Para além do Estado e do Mercado há outras dimensões para pensar a construção de referências para a vida em sociedade. Nesse sentido, a retomada do papel da sociedade civil como instância política é necessária e inadiável para instituir uma renovada esfera pública.

    Aristóteles considerava o homem como um ser dotado da palavra. Segundo ele, a partilha das palavras contribuía para o ser humano aceder da animalidade à civilidade, pois a doxa (opinião) era a expressão própria da construção do ethos comunitário (koinonía) de sujeitos autônomos e coletivos. Essa partilha, que conduzia a constituição do sujeito ético em ação, possuía um lugar próprio: a Pólis.

    A esfera pública seria, para nós, um espaço da visibilidade de si e do outro. Ou seja, do domínio da alteridade como campo da política. Todavia, só possível de existência tangível com a corporificação da palavra e da ação no exercício de direitos à liberdade. Nesta senda, a concepção cidadania ganha elementos emancipatórios fundamentais como prática de direitos, dentre eles, o retorno ao território com esfera pública da política.

    O retorno ao território é o fundamento da prática política, uma vez que o cotidiano de todos os sujeitos, de todas as ações e todas as intenções humanas possui a sua integralidade em espaços/tempos demarcados. No território é possível reconhecer os interesses coletivos, promover pertencimentos e de mobilizar forças plurais de mudança.

    E, quando tratamos da elaboração de uma agenda de superação das desigualdades sociais precisamos identificar os atores de sua criação e efetivação. Essa posição nos conduz a reconhecer que novos sujeitos coletivos devem assumir um papel principal na construção política de efetivação de cidadania, sobretudo no que diz respeito à superação de desigualdades que se reproduzem com recortes étnicos, raciais, etários, de gênero e de orientação sexual.

    As diferentes organizações da sociedade civil terão um papel fundamental no processo político em destaque, principalmente as que atuam em territórios marcados por profundas desigualdades sociais e de reduzida participação na esfera pública. O Observatório de Favelas vem se empenhando, por meio de seus diferentes campos de atuação (política urbana, direitos humanos, educação, cultura, artes e comunicação), em colocar os territórios populares na centralidade construção política do Direito à Cidade, afirmando novos atores em novos cenários de participação política.

    Jorge Luiz Barbosa é Professor da Universidade Federal Fluminense, Diretor do Observatório de Favelas e Co-autor dos Livros: “Favela: Alegria e dor na Cidade”; “O que é favela, afinal?”; “O novo carioca”; e “Solos Culturais”.

    Submitted by Editor — Sun, 11/17/2013 – 23:00

  • URBim | for just and inclusive cities

    As 2013 draws to a close, it is a good opportunity to reflect on what we have learned from cities in the URB.im network during the last year. Some of our community managers discuss the benefits of increased citizen participation in the planning and implementation of urban initiatives. Others highlight the effectiveness of programs that build the capacity of youth and women to be agents for poverty alleviation. Many discuss how to ensure that the benefits of economic growth and urban improvement extend to the most marginalized residents. Continue reading to learn more about our lessons learned and join the discussion to share your own.

    Carlin Carr, Mumbai Community Manager

    This time last year, a horrific event took place in India. A young girl and her male friend took a late-night bus ride in Delhi after a movie; it ended up being the girl’s last. In the bus, she was gang raped and so brutally assaulted that even an emergency medical flight to Singapore couldn’t save her. The incident sparked national and international outrage; protestors poured into the streets of India’s major cities to force more stringent laws to protect women against violence.

    Months later, a female photojournalist out on an assignment in an abandoned mill area in the center of Mumbai endured a similarly brutal assault and gang rape. As it turns out, the men had done this to ragpicker women in the area before, but few women, especially the poor, feel comfortable stepping forward. Mumbai has always been touted as a safe city for women, but incidents like these have rattled this sense of security.

    While legal frameworks, training for police officers, and educating men are all key areas in reducing violence against women, urban planning also has a large role to play. For women to feel safe in India’s urban environments, city planners need to ensure that appropriate infrastructure is in place to help women feel safer and more secure in — and to feel that they are a part of — urban India. Here are five key areas to address:

    • Transport: Women-only train cars have been a great addition in Mumbai; in Bangalore, sections of the buses also are reserved solely for women. These measures reserve safe spaces for women and signal that women are encouraged to travel in the city.
    • Lighting: Dark streets create an unwelcoming environment for women, and the lack of lighting also jeopardizes their safety. Streetlights are needed not only throughout main roads and thoroughfares, but also in informal settlements, where darkness hovers once the sun goes down.
    • Activity: Despite the antagonistic relationship that many Indian cities have toward street vendors, their presence brings a vitality that increases women’s security. Delhi proposed an initiative last year to create vending areas near metro entrances. Initiatives of this type, particularly around transport stations, will go a long way in creating a city that is not only vibrant, but also safe.
    • Passageways: Although crossing roads in Mumbai is risky, the underground passageways that allow walkers to traverse busy intersections are much scarier, especially for women. Some in the city seem much friendlier than others, with good lighting and security officers posted, but many others are dark and dank.
    • Sanitation: We recently reported on the abysmal toilet situation in Mumbai, where there is only one toilet seat for every 1,800 women. Even when there are toilets available, women and young girls often have to walk great distances or choose a dark and secluded area in order to have some measure of privacy. Providing proper sanitation preserves people’s dignity, but it also will go a long way toward reducing the risk of violence against women during this necessary act.

    Many of these measures are low-hanging fruit in the larger urban planning needs of the city. They are economically feasible and don’t require large infrastructure overhauls. Brighter, more vibrant and welcoming cities will benefit the entire citizenry and go a long way toward making women feel comfortable engaging in their urban environment.

    Photo credit: erin

    Katy Fentress, Nairobi Community Manager

    On the 12th of December, Kenya celebrated Jamhuri (Independence) Day. The event came at the end of a year that played host to a roller coaster of emotions for all those who have a part of themselves invested in this country.

    Nairobi’s 2013 was a year that witnessed impressive progress in terms of infrastructure development, but in which the government made no significant progress on providing services to the city’s numerous slum dwellers. It was a year in which Nairobians came together in great shows of unity, but also saw neighborhoods turn against each other; a year of victories and pride, but also one of great loss and shame. 2013 was the year in which it became clear to what extent corruption puts everyone’s security at risk and the year that the term “Silicon savannah” began to gain serious traction in the business world.

    Politics, technology, infrastructure development, and finance ruled the discussion board in 2013 and laid important cornerstones for future discussions on how the country will develop and evolve.

    In politics, Kenyans collectively held their breath for three months in the run-up to the elections. Come Election Day in Nairobi and the rest of the country, people eager to be counted queued for hours in the sun and dust in long peaceful lines. As radios and TV channels preached the mantra of non-violence — occasionally at the expense of the truth — the #KOT (Kenyans on Twitter) hashtag acquired prominence, and people flocked to social media to vent grievances or poke fun at the international press.

    Nairobi Governor Evans Kidero was voted in on a slew of electoral promises — amongst which, to improve service delivery to the capital, improve the living standards of slum dwellers, and address the problem of Dandora, the city’s overflowing dumpsite. Ten months after elections, the promises are yet to be met: Kidero has held meetings with representatives of Nairobi’s different slums, where he reiterated his commitment to increasing employment opportunities for youth; his wife has made public donations to various slum orphanages; and the Dandora question is under discussion.

    Yet lack of communication between the lands ministry, the Governor’s office, and interested stakeholders resulted in Nubian settlers from Kibera slum not being issued title deeds they had been promised, and the lighting, security, and city-wide cleanup residents believed would take place failed to materialize.

    In infrastructure development, despite a few hiccups, work on Nairobi’s southern and eastern bypasses continued to move forward, as did the construction of Nairobi’s new international airline terminal, which was launched in December despite the chaos that followed the burning of the arrivals terminal in August this year. The Nairobi light commuter rail network opened a new station, the Safaricom Kasarani stadium was brought to completion, and Machakos county (part of the city’s larger metropolitan area) unveiled its ambitious development plan and how it intends to create Machowood, Kenya’s first dedicated film production studios.

    Progresses in technology were routinely feted, the term “Silicon Savannah” became increasingly popular amongst technological investors eager to branch into the burgeoning African market, and Microsoft and IBM moved their African headquarters to Nairobi. Yet people’s trust in technology took a strong blow after the hyped-up IEBC e-voting machines routinely broke down over the election, prompting pollsters to return to a more traditional and easy-to-tamper-with ballot system.

    Finance went from strength to strength as the Kenyan stock market continued to rise throughout the year and the government began to recognize that the most sustainable form of development was the one that came from the grassroots. As a result, efforts were stepped up to invest in youth and women’s savings groups through the newly introduced Uwezo Fund.

    Photo 3: Javi Moreno. Photo 4: Damiano Lotteria.

    Olatawura Ladipo-Ajayi, Lagos Community Manager

    Lagos is the most populous city state in Nigeria, home to over five percent of the nation’s 166 million residents, and ever growing. To manage this large group of people and to create an environment that is not only safe and accommodating but also filled with opportunities for improved living and continuous growth, the state government and various civil society organisations have spent 2013 working on a number of ingenious projects to achieve these goals.

    Makoko’s slum clearance, part of the city’s effort to make the city safer and more modernized, illustrates the importance of considering the social impact of urban planning and growth projects. The economic and social effects of this slum clearance on the communities are grave: residents become displaced, lose their shelter, sense of safety, and livelihood. Other initiatives in Makoko have been more successful: the innovative floating school project plans to make education more accessible to slum residents.

    While some projects face strategic planning and implementation flaws, many of them are not only well-intentioned but also successful. Some of these projects include the Youth Empowerment and ICT Center, the Vocational Training Skills Acquisition Center, and the Real Women’s Foundation empowerment program. These programs focus on providing marginalized populations with skills and opportunities to alleviate poverty and to contribute productively to society. While the city and the ICT center’s programs such as the Urban Youth Empowerment Program focus on youth, the Real Women’s Foundation “peace villa” rehabilitates women and also provides life-skills training. Both programs encourage entrepreneurship and employment, an efficient way of alleviating poverty, and have recorded great success.

    Lagos has a magnitude of opportunity to improve the lot of its marginalized urban residents. While progress is being made in various aspects, such as transportation, health care awareness, and employment creation, it is important that urban planners and officials consider the impact of rapid progress on every class of its citizens, so as to avoid situations like those that arose with the slum clearance in Makoko. The urban future is very bright for Lagos; we have learned that, with adequate planning and proper social impact assessment, it is possible to create development solutions that do not leave certain groups of the society in the dark. With this in mind, Lagos can continue to make strides towards being a just and inclusive city in 2014.

    Photo credit: Roy Luck

    María Fernanda Carvallo, Gestor Comunitario de Mexico D.F.

    A lo largo del 2013 comentamos sobre diversas estrategias de inclusión y de superación de la pobreza en la Ciudad de México. Si bien las soluciones son variadas e innovadoras, un factor central en la solución de estos problemas es el involucramiento de la participación de la población que vive las situaciones de conflicto; puesto que desde un enfoque de participación para el desarrollo, ellos son los expertos que priorizan e identifican las necesidades y áreas de oportunidad de su desarrollo.

    Por ejemplo, el mapeo comunitario en Nezahualcóyotl, facilitado por la Universidad de las Américas, identificó las variables de vulnerabilidad de la población; al igual que los pobladores de San Andrés Totoltepec en Tlalpan, impulsado por la Organización Fomento Solidario de la Vivienda (FOSOVI). Los habitantes de ambas localidades realizaron un diagnóstico comunitario para visualizar las carencias sociales que debían de satisfacer, así como los recursos disponibles para obtener soluciones. En este sentido, se da evidencia de que la misma población que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, puede generar sus propias soluciones y así ser una comunidad que desarrolla estrategias de vida. El factor elemental en estos modelos de desarrollo local ha sido la intervención de actores externos, como las organizaciones de la sociedad civil, que habilitan mecanismos que cohesionan el capital social de las personas y empoderan para que la población descubra su capacidad.

    Hoy en día, la agenda de desarrollo rompe con el paradigma de los enfoques de políticas públicas desde arriba, para focalizar los esfuerzos en metodologías que permitan vincular a los diversos actores que juegan un rol activo en la promoción del bienestar. En este sentido, Enrique Betancourt, urbanista de la Ciudad de México, nos compartió en una entrevista, que uno de los grandes retos para esta ciudad es un paquete de acciones coordinadas — estrategias que integren el equipamiento e infraestructura con programas sociales y con un fuerte componente de participación ciudadana. Así mismo, la inclusión de la población marginada, como una tarea de planeación urbana, está relacionada con garantizar a las personas el derecho a la ciudad. Es decir el tutelaje de que todos accedan a los beneficios de vivir en comunidad, lo cual impulsa cambios de manera más rápida y eficiente. De acuerdo a Betancourt, es necesario borrar las barreras institucionales, sociales, y físicas que promueven que hasta ahora se dividan los ciudadanos de primera y segunda clase. Para lo anterior, es necesaria una sinergia de actores y del fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones sociales para ofrecer la atención de servicios de manera descentralizada y abarcando a la población que aún no ha podido ejercer su derecho.

    Una Ciudad debe de erigirse sobre la inclusión y participación de sus pobladores; de tal manera, para el 2014 debemos tener en la mira que la planeación urbana debe de ser un acuerdo pactado entre los ciudadanos y las autoridades sobre el papel que la Ciudad de México desempeñará, a fin de que la ciudadanía sea participativa en el cumplimiento de esa visión.

    Foto: FOSOVI

    María Fernanda Carvallo, Mexico City Community Manager

    Throughout 2013 we discussed various inclusion and poverty reduction strategies in Mexico City. While the solutions discussed are varied and innovative, a key factor is the involvement of the population through active participation. By participating in the development of their community, citizens share their expert knowledge, which prioritizes and identifies needs, as well as areas of opportunity and development.

    One good example is the community mapping in Nezahualcóyotl, facilitated by the University of the Americas: the initiative successfully identified the population’s vulnerability, as with the population of San Andrés Totoltepec in Tlalpan, led by the Organización Fomento Solidario de la Vivienda (FOSOVI). The inhabitants of both towns conducted a community assessment in order to show the social gaps that needed closing, as well as the resources available to meet the possible solutions. This shows that citizens living in vulnerable situations can in fact generate their own solutions and thus be a community that develops livelihoods. The essential factor in these models of local development is the involvement of external actors such as civil society organizations, which help to unite residents’ social capital and empower them to discover their own potential.

    Today, the development agenda shatters the paradigm of top-down public policy approaches in order to focus on methodologies that allow the linking of various stakeholders who play an active role in promoting wellness. Enrique Betancourt, an urban expert from Mexico City, said during an interview that one of the great challenges that the city faces is a package of coordinated actions: strategies that integrate supplies, infrastructure, and social programs with a strong component of citizen participation. Moreover, the inclusion of marginalized populations is related to guaranteeing residents the right to the city. This means that all citizens must have access to the benefits of living in a community, which in turn drives changes to happen more quickly and efficiently. According to Betancourt, it is necessary to remove the institutional, social, and physical barriers that promote divisions between first- and second-class citizens. For this, it is necessary to have a synergy of actors and to strengthen the capacity of organizations that provide decentralized social care services.

    A city should be established on the principles of inclusion and participation. Therefore, in 2014 we must look to urban planning to reach an agreement between citizens and authorities on the path that Mexico City will take, so that the entire population participates in the fulfillment of this vision.

    Photo: FOSOVI

  • URBim | for just and inclusive cities

          

    Latin America is the most urbanized region in the world, with an average urbanization rate of 80 percent. Many of the region’s cities are developing quickly and becoming important economic, cultural and touristic hubs. In spite of this growth and development, and the fact that poverty rates have been declining, 25 percent of Latin America’s urban residents still live in poverty. URB.im would like to encourage the debate around solutions to tackle poverty, foster inclusion and promote broader channels of participation, to bring about more just and inclusive cities in Latin America.

    Join the conversation with our four panelists: Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico); Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia); and Jorge Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil).

    Con una tasa de urbanización del 80 por ciento, América Latina es la región más urbanizada del planeta. Varias ciudades de la región se están desarrollando rápidamente y se están consolidando como importantes centros económicos, culturales y turísticos. A pesar de dicho crecimiento y desarrollo, y aunque la pobreza ha venido disminuyendo, se estima que el 25 por ciento de los habitantes de las ciudades Latinoamericanas viven en condiciones de pobreza. URB.im quiere generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones sobre esfuerzos de reducción de pobreza y la promoción de la inclusión y la participación social, los cuales están contribuyendo a que las ciudades Latinoamericanas sean más justas e incluyentes.

    Únanse a la conversación con nuestros cuatro participantes invitados: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México); Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia); y Jorge Barbosa, Director, Observatorio de las Favelas (Brasil).

    América Latina é a região mais urbanizada do planeta com uma taxa de urbanização de 80 por cento. Varias cidades da região estão se desenvolvendo rapidamente e estão se tornando importantes centros econômicos, culturais e turísticos. Embora aquele crescimento e desenvolvimento, é o fato que a pobreza vem diminuindo, ainda o 25 por cento da população das cidades Latino-americanas experimentam condições de pobreza. URB.im gostaria de incentivar o debate em torno às soluções no combate da pobreza e da exclusão e dos mecanismos para ampliar os cais de participação das cidades Latino-americanas para que sejam mais justas e inclusivas.

    Participe na conversação com nossos quarto debatedores: Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual e Ex-assessor Presidencial de Politicas Sociais (México); Paula Moreno, Ex-ministra de Cultura e Presidente, Corporación Manos Visibles (Colombia); Angela Franco, Vice-presidente de Pesquisa da Universidad del Valle (Colombia); e Jorge Barbosa, Diretor, Observatório de Favelas (Brasil).

    Enrique Betancourt, Co-founder of Contextual and Former Deputy Director of Social Policies, Office of the President (Mexico)

    Latin America is the most urbanized of all developing regions. On its own, this fact could mean good news, as historically, cities have been able to reduce poverty rates and gender inequality, and have achieved substantial improvements in access to education, justice, and health services, among other benefits.

    However, the quantitative data is insufficient to explain the challenges that Latin American cities are facing. The quality and speed with which the urbanization process has taken place complements this picture, explaining why urbanization was characterized by inequality, socioeconomic segregation, and precarious provision of social services and basic infrastructure. The scenario is even less encouraging when considering the institutional weaknesses in most of our region’s local governments, which are further and further away from meeting demand for social services and policies. When reviewing the region’s history of urban development and demographic trends, the violence that characterizes most cities in the region should not surprise us (42 of the 50 most violent cities in the world are in Latin America).

    The future of Latin America’s development is closely linked to the quality with which its social and physical spaces are planned and managed.

    In this debate I intend to advocate for the need for a much broader urban paradigm than the one proposed by the urban development practice at the end of the twentieth century, which focuses on planning the uses, densities, housing, and basic infrastructure.

    The central proposal of my argument rests on the fact that urban issues should not be considered only a vertical of public policy like education, health, culture, sports, or economic development, but as cross-cutting policy, which would allow the “territorializing” (focusing on the territory) of other public policies.

    This focus on the territory is based on three fundamental premises:

    • Work from the intersection of the social strata, space, and their corresponding vertical public policy areas (such as health, education, etc.).
    • Align national and sub-national policies to plan and manage on three simultaneous scales: regional, urban/metropolitan, and neighborhood.
    • Define the mechanisms that allow the implementation of urban policies under a clear framework of social participation that prioritizes the public good and technical solutions over mere politics.

    Enrique Betancourt is the cofounder of Contextual, an agency that develops creative solutions to urban problems through collaborative processes. His work focuses on the intersection between research, public policy design, and implementation. Previously, Enrique was the Head of the National Center for Crime Prevention and Citizen Participation, as well as the Deputy Director of Social Policy at the Office of the Presidency of Mexico. He studied architecture at the Universidad de las Américas Puebla, holds a Masters in Urbanism from Harvard University, and is a Yale World Fellow.

    Enrique Betancourt, Cofundador de Contextual y Ex Director Adjunto de Política Social de la Presidencia (México)

    América Latina es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. El hecho en sí mismo podría anunciar buenas noticias, pues las ciudades han llegado, a lo largo de la historia, acompañadas de reducciones importantes en índices de pobreza, desigualdad de género y mejoras sustanciales respecto al acceso a educación, justica y servicios de salud entre otros beneficios.

    Sin embargo el dato cuantitativo resulta insuficiente para explicar el reto que representa la vida en las ciudades de nuestra región. La calidad y la velocidad con la que ha sucedido el proceso de urbanización complementan el panorama y terminan por explicar como éste último se ha caracterizado por la desigualdad, la segregación socioeconómica y la precariedad en la provisión de servicios sociales e infraestructura básica. El escenario resulta menos alentador ante la clara debilidad institucional de la mayoría de los gobiernos locales de la región, quienes se encuentran cada vez más lejos de poder satisfacer la demanda de servicios y políticas sociales. Ante la revisión de la historia de desarrollo urbano y tendencias demográficas no debería sorprender mucho la violencia que caracteriza a la mayoría de las ciudades de la región. (42 de las 50 ciudades mas violentas del mundo son Latinoamericanas).

    El futuro del desarrollo de América Latina esta íntimamente ligado a la calidad con la que se planifiquen y gestionen los espacios sociales y físicos de sus ciudades.

    En este debate me propongo abogar por la necesidad de un paradigma urbano mucho más amplio que el propuesto por la noción de desarrollo urbana de finales del siglo XX centrada prioritariamente en la planeación de los usos, las densidades, la vivienda y la infraestructura básica.

    La propuesta central de mi argumento radica en la necesidad de que los asuntos urbanos no sean considerados únicamente como un área de política pública vertical más como lo son la educación, salud, cultura, deporte, desarrollo económico, sino un política transversal que permita la territorialización de las otras políticas públicas.

    Esta territorialización supondría tres premisas fundamentales:

    • Trabajar desde la intersección de las capas sociales, espaciales y las correspondientes a cada área de política vertical (salud, educación, etc.)
    • Alinear políticas nacionales y sub-nacionales para planear y gestionar en 3 escalas simultaneas: regional, la urbana / metropolitana y la barrial.
    • Definir mecanismos que permitan la operación táctica de políticas urbanas bajo un marco definido de participación social que priorice el bien público y las soluciones técnicas por encima de las meramente políticas.

    Enrique Betancourt es cofundador de Contextual, una agencia que desarrolla soluciones creativas a problemas urbanos a través de procesos colaborativos. Su trabajo se centra en la intersección que existe entre la investigación, el diseño de políticas públicas y su implementación. Anteriormente fue Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y Director Adjunto de Política Social en la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México. Es Arquitecto por la Universidad de las Américas en Puebla, Maestro en Urbanismo por la Universidad de Harvard y Yale World Fellow.

    Paula Moreno, Former Minister of Culture and President, Corporación Manos Visibles (Colombia)

    One of the most critical challenges in increasingly urbanized Latin American cities is how to enforce social integration as a strategy to reduce urban violence and promote greater social cohesion and resilience among its citizens. The dynamics of public space not only as a symbol of physical welfare but also as a determinant of equal social relations is a major challenge to be addressed. I would like to mention the case of Medellin, a Colombian city with both a complex history in terms of violence, illegal networks, and segregation, and at the same time the most dynamic cultural and economic nodes, with opportunities for structural social change in the medium term.

    Medellin is the clearest example of urban transformation in recent years in Colombia. First, the city’s government has showed continuous political support for and prioritization of social integration. Second, the city has developed comprehensive urban interventions that prioritize social integration as a tool to tackle violence and social degradation. These interventions take the form of urban upgrading programs, which invest not only in improving the physical conditions of low-income neighborhoods, but also in their social capital. Today, after almost a decade of sustained public interventions, one of the most critical components of Medellin’s scheme is not only the architectural icons or the modern transportation systems that the city has built, but the incubation of strengthened social networks that nurture and sustain the physical intervention, and also generate the social fabric to prevent violence and to shape a common project for the city.

    Throughout the years, the quality of physical transformation has been complemented by social policies to map and effectively empower social networks. The building capacity strategy, mainly supported by the public administration but also by national and international organizations (e.g. Paisa Joven of GTZ, Picacho Corporation (Ford Foundation) or the projects of Fundación Social or Fundación Suraméricana) strengthened the capacities and roles of commune leaders and organizations. Visible grassroots leaders with administration leadership positions have access to top public and private universities (e.g. EPM Fund), and create a knowledge base that integrates their own territorial views into the academy and the public decision-making process through schemes like participatory security and budgeting. This social architecture, built upon bridging organizations with political advocacy, economic alternatives, and social mobility with a major territorial attachment, has become a major force in tackling criminal networks in the city. (Two examples of bridging organizations of this type are Son Batá and la Elite Hip Hop.)

    Paula Moreno is an industrial engineer with experience in social project management, design and implementation of public policies. She was the youngest minister in the history of Colombia and the first Afro-Colombian women to hold a ministerial office. In 2010 she was selected by the Council of the Americas as one of the most influential young leaders in the region for her work on effectively understanding diversity, and by the Black Mayors Association as one of the most influential Black leaders in the world. She founded and is currently serving as president of the Visible Hands Corporation, an NGO focused on practices of effective inclusion for youth at risk and ethnic communities in Colombia. Ms. Moreno holds a Master’s Degree in Management Studies from the University of Cambridge and was a United States Fulbright scholar for the program of urban and regional planning at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

    Paula Moreno, Exministra de Cultura y Presidenta, la Corporación Manos Visibles (Colombia)

    Uno de los desafíos más importantes en el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, es cómo promover la integración social como una estrategia para reducir la violencia urbana, además de cómo generar una mayor cohesión social y resiliencia entre sus ciudadanos. La dinámica del espacio público no es sólo un símbolo del bienestar físico, sino también es un factor determinante de las relaciones sociales de igualdad—y se convierte en un desafío importante de abordar. Me gustaría mencionar el caso de Medellín, una ciudad colombiana con una complejidad histórica importante en términos de violencia, redes ilegales y segregación; al mismo tiempo, tiene los nodos culturales y económicos más dinámicos del país y ofrece oportunidades para el cambio social estructural a medio plazo.

    Medellín es el ejemplo más claro de la transformación urbana de los últimos años en Colombia. En primer lugar, el gobierno de la ciudad ha mostrado un apoyo político continuo y también ha mostrado prioridad a la integración social. en segundo lugar, la ciudad ha desarrollado intervenciones urbanas integrales que dan prioridad a la integración social como una herramienta para hacer frente a la violencia y a la degradación social. Estas intervenciones se enfocan en programas de mejoramiento urbano, que no sólo invierten en la mejora de las condiciones físicas de los barrios de bajos ingresos, sino también en su capital social. Hoy en día, después de casi una década de intervenciones públicas sostenidas, los componentes más relevantes de Medellín no son sólo los iconos arquitectónicos o los sistemas de transporte modernos que la ciudad ha construido, sino también la incubación de las redes y organizaciones sociales fortalecidas que promueven y mantienen la intervención física, y que también generan el tejido social para prevenir la violencia, y contribuyen a dar forma a un proyecto común para la ciudad.

    A través de los años, la calidad de la transformación física se ha complementado con las políticas sociales para formar y capacitar más efectivamente las redes y organizaciones sociales. El desarrollo de la estrategia de capacidad no es únicamente apoyada por la administración pública, sino también por organizaciones internacionales como por ejemplo Paisa Joven de la GTZ y Corporación Picacho de la Fundación Ford, (o los proyectos de la Fundación Social y de la Fundación Suramericana), los cuales fortalecen las capacidades y las funciones de los líderes de las comunas y de las organizaciones sociales locales. Los líderes que son visibles con base social y con posición de liderazgo en la administración, tienen acceso a las mejores universidades públicas y privadas (v.gr., el Fondo EPM). Ellos crean una base de conocimientos integrados a través de sus propios puntos de vista territoriales y crean el proceso de decisiones públicas a través de esquemas como: la seguridad y la creación de presupuestos en forma participativa. Esta es una arquitectura social para crear alianzas entre organizaciones con incidencia política y alternativas económicas. Además, funciona para crear otro tipo de movilidad social con una mayor vinculación territorial que se ha convertido en una fuerza importante para hacer frente a los ciclos de redes criminales en la ciudad.

    Paula Moreno es ingeniera industrial con experiencia en gestión de proyectos sociales, diseño e implementación de políticas públicas. Ella fue la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo ministerial y la más joven en la historia de Colombia. En 2010 fue seleccionada por el Consejo de las Américas como una de las líderes jóvenes y más influyentes de la región por su trabajo en la comprensión de la diversidad. La Black Mayors Association también la destaca como una de las líderes negras más influyentes en el mundo. Ella fundó y es la presidenta de la la Corporación Manos Visibles. La organización es una ONG centrada en las prácticas de inclusión efectiva para los jóvenes en situación de riesgo y de las comunidades étnicas en Colombia. Paula tiene una Maestría en Estudios de Gestión por la Universidad de Cambridge y fue una becaria Fulbright en los Estados Unidos para el programa de planificación urbana y regional en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

    Angela Franco, Vice-President of Research at the Universidad del Valle (Colombia)

    One of the biggest challenges we face in Latin America and the Caribbean is the reduction of poverty. We must seek equity levels to counterbalance the disturbing situation of social inequality that characterizes our countries. In this context, urban planning plays a central role. This is because improving the quality of life of families in poverty is directly related to the urban policies of inclusion and neighborhood upgrading, and has a direct relationship with competitive strategies and natural resource management.

    Nevertheless, while it seems clear that public policies aimed at these purposes should occupy the front lines of government agendas, the reality is that there is much talk and little is done. But why?

    First, I consider that the processes of social inclusion, being long-term processes, are not attractive to those in power who, in the case of Colombia, have four years to show results for their management. Unfortunately, we have seen that there have been few leaders who initiate a program and leave the results to another. Second, the high investment and complexity involved in implementing a program of poverty reduction and neighborhood upgrading is a challenge that only a few people want to take on.

    Perhaps this is the result of the indifference of the citizens and their willingness to go along with the projects undertaken by those in power. For example, complaints are not common when the tax money is invested in road infrastructure conducive to private vehicles. It’s a quick way to show immediate results to taxpayers. Neither are there frequent questions from civil society on major social housing schemes, which contribute little to the quality of life of the poorest and least of urban quality.

    However, some recent governments in Colombia have shown great commitment and have faced the problem of poverty and social inequality seriously. We should keep in mind the lessons learned from the governments of Antanas Mockus and Enrique Peñalosa in Bogotá, during which civic culture, public space, and school infrastructure left a positive balance in reducing the “social distance” and increasing tolerance and security.

    In Medellin, Sergio Fajardo and the subsequent politicians set the goal to change the HDI in the marginal sectors, focusing investments on accessibility, school infrastructure, and the development of programs to create jobs and opportunities.

    In Cali, the current mayor Rodrigo Guerrero is designing strategies to direct investment towards informal settlements and the most segregated areas of the city. As a result of the current local government work, the Ford Foundation included Cali in the Just Cities initiative. Now the city is challenged to take this opportunity to reduce inequality and poverty rates. But more important than defining projects and investments, all local actors should seek the empowerment of civil society, unions, academia, and all other stakeholders related to urban development. This empowerment would ensure that proposed projects transcend the current administration and become a navigation chart to achieve a profound change in the city and for its citizens.

    Angela Franco is Vice-President of Research at the University Del Valle in Cali, Colombia. She is an architect and an urban planner and holds a MSc in Sociology. Her research projects are focused on informal settlements, urban segregation, and urban renewal processes in downtown areas. In 2012 she did a fellowship in the Special Program for Urban and Regional Studies at MIT, where she was working on international development good practices to explore new topics of analysis and applied research in the Latin America and the Caribbean region.

    Angela Franco, Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle (Colombia)

    Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en América Latina y el Caribe es la reducción de la pobreza. Nuestros esfuerzos se deberían concentrar en procurar mejores niveles de equidad para contrarrestar la alarmante situación de desigualdad social que caracteriza a nuestros países. En este contexto, la planificación urbana tiene un rol central, dado que la acción de mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de pobreza está directamente relacionada con las legislaciones urbanas de inclusión y el mejoramiento de barrios; además, tiene una relación directa con las estrategias de competitividad y la administración de recursos naturales.

    Sin embargo, aunque parece evidente que las políticas públicas dirigidas a estos fines deben estar al frente de las agendas de los gobiernos, la realidad es que se habla mucho y se hace poco, pero ¿por qué?

    En primer lugar, considero que los procesos de inclusión social, al ser procesos a largo plazo, no son atractivos para los gobernantes que, en el caso de Colombia, tienen cuatro años para mostrar resultados de su administración. Desafortunadamente, hemos visto como pocos líderes inician un programa para dejarle los resultados a otro. En segundo lugar, la alta inversión y la alta complejidad involucrada en un programa de reducción de pobreza y de mejoramiento de barrios es un reto que sólo pocos quieren asumir.

    Tal vez este es el resultado de la indiferencia de los ciudadanos y de su conformidad a los proyectos llevados a cabo por aquellos en posiciones de poder. Por ejemplo, hay muy pocas quejas cuando el dinero de los impuestos se invierte en la infraestructura vial, que beneficia a los vehículos privados. Estas inversiones son una forma rápida de mostrar resultados inmediatos para los contribuyentes. Tampoco, hay cuestionamientos por parte de la sociedad civil sobre los programas de vivienda, los cuales contribuyen poco a la calidad de vida de los más pobres y de los que viven una vida de poca calidad urbana.

    Sin embargo, algunos gobiernos locales recientes en Colombia han mostrado un gran compromiso y se han enfrentado seriamente al problema de la pobreza y de la desigualdad social. Se debe tener en cuenta las lecciones aprendidas de los alcaldes Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa en Bogotá, durante los cuales la cultura cívica, el espacio público y la infraestructura escolar dejaron un equilibrio positivo en la reducción de la “distancia social” y en el aumento de la tolerancia y de la seguridad.

    En Medellín, el alcalde Sergio Fajardo, y los gobernantes siguientes, fijaron la meta de cambiar el Indice de Desarrollo Humano (IDH) en los sectores marginales, centrándose en mayor parte en las inversiones de materia de accesibilidad, la infraestructura escolar y el desarrollo de programas para crear empleos y oportunidades laborales.

    En Cali, el alcalde actual, Rodrigo Guerrero, está diseñando estrategias para la inversión directa hacia los asentamientos informales y las áreas más segregadas de la ciudad. En consecuencia de la labor actual de los gobiernos locales, la Fundación Ford incluyó a Cali en la iniciativa, Ciudades Justas. Ahora la ciudad tiene el reto de tomar esta oportunidad para reducir los índices de la desigualdad y de pobreza. Y más que definir inversiones, es más importante que todos los actores locales busquen el empoderamiento de la sociedad civil, los sindicatos, las universidades y demás actores relacionados con el desarrollo urbano. Dicho empoderamiento aseguraría que los proyectos propuestos trasciendan la administración actual y se conviertan en una carta de navegación para lograr un cambio profundo en la ciudad y en los ciudadanos.

    Angela Franco es Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es arquitecta, urbanista y tiene Maestría en Sociología. Sus proyectos de investigación se centran en asentamientos informales, la segregación urbana y los procesos de renovación urbana en las áreas del centro de la ciudad. Durante el año 2012 obtuvo una beca de investigación en el Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales en MIT donde trabajó en el desarrollo de buenas prácticas y nuevos temas de análisis y de investigación aplicada en la región de Latinoamérica y el Caribe.

    Jorge Luiz Barbosa, Director, Favela Observatory (Brazil)

    The territories of our social life are becoming increasingly complex and diverse, especially when we live in cities that keep growing due to concentrated urbanization. The relationship between city, neighborhood, and the day-to-day seems to be a nostalgic experience rather than a reality. In this new urban condition, pluralized identities and new practices emerge to symbolically appropriate space and time. Therefore, the utopia of a more generous city invites us to promote an alternative political space for democracy and citizenship.

    To realize the multiple possibilities of a city, the social and political qualities of public space are pivotal. In addition to the State and the Market, there are other dimensions to consider for life in society. In this sense, the role of civil society as a political instrument is necessary to renew the public sphere.

    Aristotle considered the human being to be endowed by words. According to him, the use of words contributed to the shift of human beings from “animalistic” to civilization. The doxa (opinion) was the expression of building the community ethos (koinonía) of autonomous and collective beings. This expression led to the construction of an ethical subject in action, with its own space: the Polis.

    For us, a serious public sphere is a space of visibility for an individual and for others. But this is only possible if words and actions are used in the exercise of rights. In this vein, the concept of citizenship gains relevant emancipatory elements in the practice of rights, especially regarding the return to the territory of the public political sphere.

    The return to the territory is pivotal to political practice once the day-to-day of all beings, all actions, and all human intentions are integrated in established times and spaces. Within a territory, it is possible to recognize collective interests and mobilize joint forces of change.

    When trying to determine an agenda to overcome social inequalities, we need to identify the stakeholders that create change. This leads us to recognize that new collective subjects must assume a key role in building effective citizenship policy, especially with regard to overcoming inequalities due to ethnicity, race, gender, and sexual orientation.

    Various civil society organizations have a key role in the political process described, especially those working in areas marked by deep social inequalities and reduced participation in the public sphere. The Favela Observatory has been working through its various modes of intervention (urban policy, human rights, education, culture, arts, and communication) to place unprivileged and excluded territories at the center of the political construction of the right to the city, ensuring new actors in these new spaces of political participation.

    Jorge Luiz Barbosa is a Professor at the Federal Fluminense University, Director of the Favela Observatory, and co-author of the following books: Favela: Joy and Pain in the City, What is a Favela, Anyway?, The New Carioca, and Cultural Grounds.

    Jorge Luiz Barbosa, Diretor do Observatório das Favelas (Brasil)

    Os territórios de nossa vida social são cada vez mais complexos e diversos, sobretudo quando vivemos em metrópoles agigantadas pela urbanização concentrada. A relação cidade / bairro / cotidiano do passado parece ser mais uma experiência nostálgica do que uma realidade ainda próxima. Nesta nova condição urbana revelam-se identidades pluralizadas e práticas inteiramente novas de apropriação material e simbólica do espaço e do tempo. Portanto, a utopia de uma cidade mais generosa ainda pulsa e nos convida a promover outro campo político para a democracia e a para a cidadania.

    Para a realização das múltiplas possibilidades do viver a cidade se faz indispensável a qualidade social e política do espaço público. Para além do Estado e do Mercado há outras dimensões para pensar a construção de referências para a vida em sociedade. Nesse sentido, a retomada do papel da sociedade civil como instância política é necessária e inadiável para instituir uma renovada esfera pública.

    Aristóteles considerava o homem como um ser dotado da palavra. Segundo ele, a partilha das palavras contribuía para o ser humano aceder da animalidade à civilidade, pois a doxa (opinião) era a expressão própria da construção do ethos comunitário (koinonía) de sujeitos autônomos e coletivos. Essa partilha, que conduzia a constituição do sujeito ético em ação, possuía um lugar próprio: a Pólis.

    A esfera pública seria, para nós, um espaço da visibilidade de si e do outro. Ou seja, do domínio da alteridade como campo da política. Todavia, só possível de existência tangível com a corporificação da palavra e da ação no exercício de direitos à liberdade. Nesta senda, a concepção cidadania ganha elementos emancipatórios fundamentais como prática de direitos, dentre eles, o retorno ao território com esfera pública da política.

    O retorno ao território é o fundamento da prática política, uma vez que o cotidiano de todos os sujeitos, de todas as ações e todas as intenções humanas possui a sua integralidade em espaços/tempos demarcados. No território é possível reconhecer os interesses coletivos, promover pertencimentos e de mobilizar forças plurais de mudança.

    E, quando tratamos da elaboração de uma agenda de superação das desigualdades sociais precisamos identificar os atores de sua criação e efetivação. Essa posição nos conduz a reconhecer que novos sujeitos coletivos devem assumir um papel principal na construção política de efetivação de cidadania, sobretudo no que diz respeito à superação de desigualdades que se reproduzem com recortes étnicos, raciais, etários, de gênero e de orientação sexual.

    As diferentes organizações da sociedade civil terão um papel fundamental no processo político em destaque, principalmente as que atuam em territórios marcados por profundas desigualdades sociais e de reduzida participação na esfera pública. O Observatório de Favelas vem se empenhando, por meio de seus diferentes campos de atuação (política urbana, direitos humanos, educação, cultura, artes e comunicação), em colocar os territórios populares na centralidade construção política do Direito à Cidade, afirmando novos atores em novos cenários de participação política.

    Jorge Luiz Barbosa é Professor da Universidade Federal Fluminense, Diretor do Observatório de Favelas e Co-autor dos Livros: “Favela: Alegria e dor na Cidade”; “O que é favela, afinal?”; “O novo carioca”; e “Solos Culturais”.

    Submitted by Editor — Sun, 11/17/2013 – 23:00

  • URBim | for just and inclusive cities

    As 2013 draws to a close, it is a good opportunity to reflect on what we have learned from cities in the URB.im network during the last year. Some of our community managers discuss the benefits of increased citizen participation in the planning and implementation of urban initiatives. Others highlight the effectiveness of programs that build the capacity of youth and women to be agents for poverty alleviation. Many discuss how to ensure that the benefits of economic growth and urban improvement extend to the most marginalized residents. Continue reading to learn more about our lessons learned and join the discussion to share your own.

    Carlin Carr, Mumbai Community Manager

    This time last year, a horrific event took place in India. A young girl and her male friend took a late-night bus ride in Delhi after a movie; it ended up being the girl’s last. In the bus, she was gang raped and so brutally assaulted that even an emergency medical flight to Singapore couldn’t save her. The incident sparked national and international outrage; protestors poured into the streets of India’s major cities to force more stringent laws to protect women against violence.

    Months later, a female photojournalist out on an assignment in an abandoned mill area in the center of Mumbai endured a similarly brutal assault and gang rape. As it turns out, the men had done this to ragpicker women in the area before, but few women, especially the poor, feel comfortable stepping forward. Mumbai has always been touted as a safe city for women, but incidents like these have rattled this sense of security.

    While legal frameworks, training for police officers, and educating men are all key areas in reducing violence against women, urban planning also has a large role to play. For women to feel safe in India’s urban environments, city planners need to ensure that appropriate infrastructure is in place to help women feel safer and more secure in — and to feel that they are a part of — urban India. Here are five key areas to address:

    • Transport: Women-only train cars have been a great addition in Mumbai; in Bangalore, sections of the buses also are reserved solely for women. These measures reserve safe spaces for women and signal that women are encouraged to travel in the city.
    • Lighting: Dark streets create an unwelcoming environment for women, and the lack of lighting also jeopardizes their safety. Streetlights are needed not only throughout main roads and thoroughfares, but also in informal settlements, where darkness hovers once the sun goes down.
    • Activity: Despite the antagonistic relationship that many Indian cities have toward street vendors, their presence brings a vitality that increases women’s security. Delhi proposed an initiative last year to create vending areas near metro entrances. Initiatives of this type, particularly around transport stations, will go a long way in creating a city that is not only vibrant, but also safe.
    • Passageways: Although crossing roads in Mumbai is risky, the underground passageways that allow walkers to traverse busy intersections are much scarier, especially for women. Some in the city seem much friendlier than others, with good lighting and security officers posted, but many others are dark and dank.
    • Sanitation: We recently reported on the abysmal toilet situation in Mumbai, where there is only one toilet seat for every 1,800 women. Even when there are toilets available, women and young girls often have to walk great distances or choose a dark and secluded area in order to have some measure of privacy. Providing proper sanitation preserves people’s dignity, but it also will go a long way toward reducing the risk of violence against women during this necessary act.

    Many of these measures are low-hanging fruit in the larger urban planning needs of the city. They are economically feasible and don’t require large infrastructure overhauls. Brighter, more vibrant and welcoming cities will benefit the entire citizenry and go a long way toward making women feel comfortable engaging in their urban environment.

    Photo credit: erin

    Katy Fentress, Nairobi Community Manager

    On the 12th of December, Kenya celebrated Jamhuri (Independence) Day. The event came at the end of a year that played host to a roller coaster of emotions for all those who have a part of themselves invested in this country.

    Nairobi’s 2013 was a year that witnessed impressive progress in terms of infrastructure development, but in which the government made no significant progress on providing services to the city’s numerous slum dwellers. It was a year in which Nairobians came together in great shows of unity, but also saw neighborhoods turn against each other; a year of victories and pride, but also one of great loss and shame. 2013 was the year in which it became clear to what extent corruption puts everyone’s security at risk and the year that the term “Silicon savannah” began to gain serious traction in the business world.

    Politics, technology, infrastructure development, and finance ruled the discussion board in 2013 and laid important cornerstones for future discussions on how the country will develop and evolve.

    In politics, Kenyans collectively held their breath for three months in the run-up to the elections. Come Election Day in Nairobi and the rest of the country, people eager to be counted queued for hours in the sun and dust in long peaceful lines. As radios and TV channels preached the mantra of non-violence — occasionally at the expense of the truth — the #KOT (Kenyans on Twitter) hashtag acquired prominence, and people flocked to social media to vent grievances or poke fun at the international press.

    Nairobi Governor Evans Kidero was voted in on a slew of electoral promises — amongst which, to improve service delivery to the capital, improve the living standards of slum dwellers, and address the problem of Dandora, the city’s overflowing dumpsite. Ten months after elections, the promises are yet to be met: Kidero has held meetings with representatives of Nairobi’s different slums, where he reiterated his commitment to increasing employment opportunities for youth; his wife has made public donations to various slum orphanages; and the Dandora question is under discussion.

    Yet lack of communication between the lands ministry, the Governor’s office, and interested stakeholders resulted in Nubian settlers from Kibera slum not being issued title deeds they had been promised, and the lighting, security, and city-wide cleanup residents believed would take place failed to materialize.

    In infrastructure development, despite a few hiccups, work on Nairobi’s southern and eastern bypasses continued to move forward, as did the construction of Nairobi’s new international airline terminal, which was launched in December despite the chaos that followed the burning of the arrivals terminal in August this year. The Nairobi light commuter rail network opened a new station, the Safaricom Kasarani stadium was brought to completion, and Machakos county (part of the city’s larger metropolitan area) unveiled its ambitious development plan and how it intends to create Machowood, Kenya’s first dedicated film production studios.

    Progresses in technology were routinely feted, the term “Silicon Savannah” became increasingly popular amongst technological investors eager to branch into the burgeoning African market, and Microsoft and IBM moved their African headquarters to Nairobi. Yet people’s trust in technology took a strong blow after the hyped-up IEBC e-voting machines routinely broke down over the election, prompting pollsters to return to a more traditional and easy-to-tamper-with ballot system.

    Finance went from strength to strength as the Kenyan stock market continued to rise throughout the year and the government began to recognize that the most sustainable form of development was the one that came from the grassroots. As a result, efforts were stepped up to invest in youth and women’s savings groups through the newly introduced Uwezo Fund.

    Photo 3: Javi Moreno. Photo 4: Damiano Lotteria.

    Olatawura Ladipo-Ajayi, Lagos Community Manager

    Lagos is the most populous city state in Nigeria, home to over five percent of the nation’s 166 million residents, and ever growing. To manage this large group of people and to create an environment that is not only safe and accommodating but also filled with opportunities for improved living and continuous growth, the state government and various civil society organisations have spent 2013 working on a number of ingenious projects to achieve these goals.

    Makoko’s slum clearance, part of the city’s effort to make the city safer and more modernized, illustrates the importance of considering the social impact of urban planning and growth projects. The economic and social effects of this slum clearance on the communities are grave: residents become displaced, lose their shelter, sense of safety, and livelihood. Other initiatives in Makoko have been more successful: the innovative floating school project plans to make education more accessible to slum residents.

    While some projects face strategic planning and implementation flaws, many of them are not only well-intentioned but also successful. Some of these projects include the Youth Empowerment and ICT Center, the Vocational Training Skills Acquisition Center, and the Real Women’s Foundation empowerment program. These programs focus on providing marginalized populations with skills and opportunities to alleviate poverty and to contribute productively to society. While the city and the ICT center’s programs such as the Urban Youth Empowerment Program focus on youth, the Real Women’s Foundation “peace villa” rehabilitates women and also provides life-skills training. Both programs encourage entrepreneurship and employment, an efficient way of alleviating poverty, and have recorded great success.

    Lagos has a magnitude of opportunity to improve the lot of its marginalized urban residents. While progress is being made in various aspects, such as transportation, health care awareness, and employment creation, it is important that urban planners and officials consider the impact of rapid progress on every class of its citizens, so as to avoid situations like those that arose with the slum clearance in Makoko. The urban future is very bright for Lagos; we have learned that, with adequate planning and proper social impact assessment, it is possible to create development solutions that do not leave certain groups of the society in the dark. With this in mind, Lagos can continue to make strides towards being a just and inclusive city in 2014.

    Photo credit: Roy Luck

    María Fernanda Carvallo, Gestor Comunitario de Mexico D.F.

    A lo largo del 2013 comentamos sobre diversas estrategias de inclusión y de superación de la pobreza en la Ciudad de México. Si bien las soluciones son variadas e innovadoras, un factor central en la solución de estos problemas es el involucramiento de la participación de la población que vive las situaciones de conflicto; puesto que desde un enfoque de participación para el desarrollo, ellos son los expertos que priorizan e identifican las necesidades y áreas de oportunidad de su desarrollo.

    Por ejemplo, el mapeo comunitario en Nezahualcóyotl, facilitado por la Universidad de las Américas, identificó las variables de vulnerabilidad de la población; al igual que los pobladores de San Andrés Totoltepec en Tlalpan, impulsado por la Organización Fomento Solidario de la Vivienda (FOSOVI). Los habitantes de ambas localidades realizaron un diagnóstico comunitario para visualizar las carencias sociales que debían de satisfacer, así como los recursos disponibles para obtener soluciones. En este sentido, se da evidencia de que la misma población que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, puede generar sus propias soluciones y así ser una comunidad que desarrolla estrategias de vida. El factor elemental en estos modelos de desarrollo local ha sido la intervención de actores externos, como las organizaciones de la sociedad civil, que habilitan mecanismos que cohesionan el capital social de las personas y empoderan para que la población descubra su capacidad.

    Hoy en día, la agenda de desarrollo rompe con el paradigma de los enfoques de políticas públicas desde arriba, para focalizar los esfuerzos en metodologías que permitan vincular a los diversos actores que juegan un rol activo en la promoción del bienestar. En este sentido, Enrique Betancourt, urbanista de la Ciudad de México, nos compartió en una entrevista, que uno de los grandes retos para esta ciudad es un paquete de acciones coordinadas — estrategias que integren el equipamiento e infraestructura con programas sociales y con un fuerte componente de participación ciudadana. Así mismo, la inclusión de la población marginada, como una tarea de planeación urbana, está relacionada con garantizar a las personas el derecho a la ciudad. Es decir el tutelaje de que todos accedan a los beneficios de vivir en comunidad, lo cual impulsa cambios de manera más rápida y eficiente. De acuerdo a Betancourt, es necesario borrar las barreras institucionales, sociales, y físicas que promueven que hasta ahora se dividan los ciudadanos de primera y segunda clase. Para lo anterior, es necesaria una sinergia de actores y del fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones sociales para ofrecer la atención de servicios de manera descentralizada y abarcando a la población que aún no ha podido ejercer su derecho.

    Una Ciudad debe de erigirse sobre la inclusión y participación de sus pobladores; de tal manera, para el 2014 debemos tener en la mira que la planeación urbana debe de ser un acuerdo pactado entre los ciudadanos y las autoridades sobre el papel que la Ciudad de México desempeñará, a fin de que la ciudadanía sea participativa en el cumplimiento de esa visión.

    Foto: FOSOVI

    María Fernanda Carvallo, Mexico City Community Manager

    Throughout 2013 we discussed various inclusion and poverty reduction strategies in Mexico City. While the solutions discussed are varied and innovative, a key factor is the involvement of the population through active participation. By participating in the development of their community, citizens share their expert knowledge, which prioritizes and identifies needs, as well as areas of opportunity and development.

    One good example is the community mapping in Nezahualcóyotl, facilitated by the University of the Americas: the initiative successfully identified the population’s vulnerability, as with the population of San Andrés Totoltepec in Tlalpan, led by the Organización Fomento Solidario de la Vivienda (FOSOVI). The inhabitants of both towns conducted a community assessment in order to show the social gaps that needed closing, as well as the resources available to meet the possible solutions. This shows that citizens living in vulnerable situations can in fact generate their own solutions and thus be a community that develops livelihoods. The essential factor in these models of local development is the involvement of external actors such as civil society organizations, which help to unite residents’ social capital and empower them to discover their own potential.

    Today, the development agenda shatters the paradigm of top-down public policy approaches in order to focus on methodologies that allow the linking of various stakeholders who play an active role in promoting wellness. Enrique Betancourt, an urban expert from Mexico City, said during an interview that one of the great challenges that the city faces is a package of coordinated actions: strategies that integrate supplies, infrastructure, and social programs with a strong component of citizen participation. Moreover, the inclusion of marginalized populations is related to guaranteeing residents the right to the city. This means that all citizens must have access to the benefits of living in a community, which in turn drives changes to happen more quickly and efficiently. According to Betancourt, it is necessary to remove the institutional, social, and physical barriers that promote divisions between first- and second-class citizens. For this, it is necessary to have a synergy of actors and to strengthen the capacity of organizations that provide decentralized social care services.

    A city should be established on the principles of inclusion and participation. Therefore, in 2014 we must look to urban planning to reach an agreement between citizens and authorities on the path that Mexico City will take, so that the entire population participates in the fulfillment of this vision.

    Photo: FOSOVI

  • URBim | for just and inclusive cities

    Africa’s slums are growing at twice the rate of its cities. By some accounts, sub-Saharan Africa will have upwards of 332 million slum dwellers by 2015. While millions of dollars have been spent improving the conditions in Africa’s urban informal settlements and the lives of the people who live therein, overall these efforts have amounted to little more than a drop in the ocean. Join our six panelists to explore the options for stemming the growth of these sprawling settlements and improving conditions in those slums that already exist: Irene Karanja of Muungano Support Trust (SDI) (Kenya); Claudio Torres of the UN-HABITAT Participatory Slum Upgrading Unit (PSUP) (Kenya); architect, urban planner, and World Bank Municipal Development Program consultant Sara Candiracci (Mozambique); Aditya Kumar of the Community Organization Resource Centre (CORC) (SDI) (South Africa); Jhono Bennett of the University of Johannesburg (South Africa); and Marie Huchzermeyer of the University of the Witwatersrand (South Africa).

    Click on the pictures of the panelists to see each panelist’s perspective below.

    Executive Director of Muungano Support Trust, a secretariat of the Shack/Slum Dwellers International Federation (SDI) (Kenya)

    Over the last 25 years, slum dwellers from cities in Africa have successfully mobilized into collections of Federations of the Urban Poor.

    These federations have collected their own financial resources in the form of savings and data pools, creating citywide profiles and extensive slum censuses. Unknown to the world, slum federations have managed to produce a large volume of documented knowledge about themselves that has transformed how the government delivers important services to its poor citizens and how financial instruments can be innovated by financial institutions to serve the needs of the poor.

    Using data collected from the profiles and censuses, Muungano Support Trust, a local NGO working with the federation of Kenya, has provided advisory services to the Government of Kenya and the World Bank, in order to help them intervene and provide housing solutions to over 10,000 families in the Kibera and Mukuru areas of Nairobi.

    The trust has also worked with university planning schools from the local and international academia community to influence how transforming planning discourse can untrap informal human settlements from the snares of historically rigid city planning standards.

    The private sector has grand opportunities to turn urban poor communities into important players within the city. Financial resources from the poor are beginning to challenge and put pressure on the private sector to innovate solutions. Federations have interventions that are facilitating this to happen.

    Data collected by communities with the support and technical capacity of organizations such as Muungano Support Trust, shows that there is a missing link that government interventions are not able to fill and development assistance is failing to cover.

    Insecurity of tenure remains one of the biggest challenges to improving the lives of slum dwellers in Nairobi. The government needs to release land for human settlement, whether it be public, private, or contested. If this does not happen, development aid will continue to subsidize the costs required for technical services to innovate various kinds of solutions for what are essentially locked scenarios!

    Irene Karanja is the founding Executive Director of Muungano Support Trust (MuST), a secretariat of the Slum/Shack Dwellers Federation in Kenya. She is a specialist in participatory research, community organizing and capacity building for the urban poor. For over six years, she has transformed the use of participatory techniques for data collection into a major instrument for planning the upgrading of slums. She has organized a strong constituency of slum dwellers to assume leadership of these settlements through savings groups, housing cooperatives and women’s associations.

    Architect, UN-HABITAT Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP) (Kenya)

    African countries represent the majority of the least developed countries (LCD). Taking into account the fact that in most of these countries, the urban population growth is expanding at a faster pace than the national one, it is important to make three considerations in answering the question: “What will it take to make slum upgrading work in African urban centres?”

    Governments should be prepared to ‘give away’. National and local governments should weigh out the costs and risks of perpetuating the status quo and should fulfill the right of adequate housing for all at a pace that copes with the increase in poor urban households. They should prioritise, for example, the free provision of land for the urban poor, in the understanding that there will be no real estate profit and that no particular individual will benefit — a challenging task in a context where African post-independence elites have generally improved their own lives with little regard to equity and social justice.

    Strategies for the provision of adequate housing for the urban poor should go beyond market logic. In trying to come up with housing strategies that appeal to investors, the focus has shifted from the upgrading of the slum dwellers’ living conditions to the beautification of particularly degraded areas. This unchaining of a series of transaction costs results in a gentrification process that relocates the problem without giving it a solution. Slum upgrading strategies should strictly be conceived through a human rights approach.

    Adequate housing strategies should trigger self-relief dynamics in overcoming poverty. The problem of urban poverty is too big to miss the opportunity to engage concerned communities in devising its solution. The Latin-American slum upgrading experience has demonstrated that giving the right initial impulse to poor urban communities actually encourages a progressive and proactive self-upgrading attitude in slum residents, reducing the need for government funds to improve the living conditions of the urban poor. A strong involvement of the community can also help to reduce the risk of benefiting the wrong people, a common shortfall in superficially planned slum upgrading interventions.

    Claudio Torres is an architect with 10 years experience in the field of slum upgrading and housing in an African context. His work has taken him from the slums of Nairobi to settlements in Somaliland and South Sudan where he has worked as an architect, monitoring and evaluation expert, project manager, and construction expert. Torres has worked extensively in Nairobi’s Mathare valley slum with the Italian NGO COOPI, helping to set up an office in the field from which he coordinated a series of different programs. He is currently a consultant for the Participatory Slum Upgrading Program (PSUP), a division of UN-Habitat.

    Architect, Urban Planner and Consultant, World Bank Municipal Development Program (Mozambique)

    Urbanization in Africa is growing and national governments and local authorities are faced with the challenge of guiding cities’ growth while dealing with other constraints, including limited financial resources; weak institutional, management, and technical capacities; lack of proper urban policies and financial mechanisms to mobilize and regulate investments.

    To strengthen the ability of African cities to generate wealth, prosperity, and economic and human development, national governments and local authorities need to define a clear vision for the future of their cities and their informal settlements.

    Cities must be seen and treated as complex organisms whose elements are interconnected. Informal settlements should be seen as an integral part of this organism, and not as a “sick body” to be fought. They constitute a precious resource for the city and its population and must be included in the urban grid.

    Each and every stakeholder, whether it be the national government, local authorities, civil society, the community, the private sector, or the donor community, have a role to play and must be partners in the development and implementation of this vision for the city. In particular, the active participation of the local community is essential in finding lasting solutions, and to guarantee ownership and sustainability, social cohesion, and integration.

    The implementation of comprehensive and integrated improvement plans in informal areas would be ideal; however, it takes a long time and requires considerable financial resources. Considering the constraints in local financial and institutional capabilities, it is preferable to adopt an incremental approach, whereby small-scale interventions are first envisioned and planned in an extensive development plan, and then are carried out gradually through community participation.

    Priority must be given to the improvement and provision of infrastructure, basic services, accessibility, safety, and the creation of economic opportunities. Concurrently, special attention should be given to outdoor public spaces, where a vital part of the community’s social, cultural, and economic activities is conducted. Improving these spaces would improve the framework of daily life and bring dignity, beauty, and utility to informal and poor areas with minimal resources.

    Sara Candiracci is an architect and urban planner with 10 years experience in the design, management, and implementation of several urban planning and slum upgrading projects in Latin America and Africa with different organizations including UN-Habitat, the Inter-American Development Bank, and various NGOs. She is now working at the Municipality of Maputo, Mozambique, as Urban Planning Advisor for the World Bank Municipal Development Program. She is also conducting her PhD research on the potential use of urban cultural heritage in urban regeneration and planning, considering Maputo as case of study.

    Deputy Director, Community Organisation Resource Centre (CORC), an affiliate of Shack/Slum Dwellers International (South Africa)

    Over the last 20 years, the South African government has been hailed as having the most progressive housing and poverty policy environments in the continent. Besides making welfare grants available to previously marginalized communities, it has made provisions to provide housing to any citizen earning under R3,500 ($350)/month.

    Although more than 2.3 million subsidized homes have been built across the country, the impacts of the housing policy have fallen short. Informal settlements have gone up by 900 percent (from 300 to 2,700) while there are an estimated 2.1 million people on the waiting list for state-subsidized housing.

    Realizing the constraints of the housing program, the State has rapidly shifted its emphasis to informal settlement upgrading. New regulatory frameworks like Outcome 8 have been developed to allow for provision of basic services and tenure rights.

    While the aims of Outcome 8 and its aligned policies have been well defined, in my view there are still gaps in addressing the bigger issues. Firstly, how incremental informal settlement upgrading is implemented must be defined: are we trying to address tenure rights or basic services, land or housing, dependency on the state or self-reliance through livelihoods? Secondly, there is the manner in which informal settlement upgrading is being rolled out. Currently it doesn’t account for strong community, civil society, and NGO participation, nor does it address the broader issue of project finance, outsourcing, and party politics.

    The process of upgrading is about learning and letting go, about making space for communities to innovate with the state, about creating a city-wide network/movement that can change the spatial patterns of the city and strengthen citizenship.

    Aditya Kumar is the technical coordinator and deputy director for the Community Organization Resource Centre (CORC), affiliated to Shack/Slum Dwellers International, currently working with informal settlement and backyarder dwellers of South Africa. His previous experience has included post-war reconstruction of Palestinian refugee camps (Lebanon), post-earthquake disaster housing reconstruction (India), affordable and social housing and large urban development projects (Los Angeles and Boston). His work has fostered multi-stakeholder partnerships between local communities, CBOs, government bodies, academic institutions, and International NGOs, with a key focus on strengthening community-driven design, planning, and implementation. The reconstruction of Palestinian refugee camps has also been shortlisted for the Aga Khan Award for Architecture.

    Architect and Lecturer and Researcher, University of Johannesburg

    The National Development Plan’s Outcome 8 agreement is behind the South African government’s current shift towards in situ housing upgrading as a means of redevelopment. This goal of upgrading 400,000 informal settlements has been developed under the mandate of the National Upgrade Support Program.

    Large-scale construction consortiums are working alongside the government, in collaboration with various planning, architectural, and non-governmental entities on the current Reconstruction & Development Program.

    While these initiatives are creating an institutional framework to begin addressing the needs of informal settlement residents in South Africa, there is little focus across the board on training effective practitioners who can play crucial intermediary roles not only in informal settlement upgrading but also in the nation’s spatial redevelopment.

    From my experience in this field, it seems that there are a disproportionately small number of practitioners who have the understanding, experience, or empathy required to engage with the dynamics of informal settlement communities and the complexity of working within the social, economic, and political intricacy that exists between grassroots entities and government structures.

    A major factor for this condition is related to the lack of opportunities for spatial design practitioners (engineers, architects, planners, etc), to be exposed to these complex environments. As a result, many ‘professionals’, as well as many government officials, often display dangerously simplistic views on how to ‘fix’ the problems at hand.

    From my work and experience in academia and the NGO sector, I believe that empathetic spatial design practitioners hold the key position to engage effectively at the ‘community’ level while addressing the larger spatial inequalities of post-apartheid South Africa.

    My aim lies in understanding and sharing contextually appropriate training, practice, and precedents through critical engagement with South Africa’s residents of poor and unsafe living conditions in order to further develop this ‘additional role’ for socio-technical spatial design practice.

    Jhono Bennett is an architect who works at the University of Johannesburg as a part-time lecturer and Independent researcher, while managing the operations of 1:1 — Agency of Engagement, a non-profit entity which he co-founded to provide a design-based collaborative service between grassroots organizations, professionals, academia, and government.

    Masters Program in Housing at the School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand (South Africa)

    Internationally, there has been unprecedented focus on ‘slums’ in the new millennium. In southern African cities, informal settlements are certainly a concern, although in Anglophone countries the legacy of British colonial planning has to some extent kept these settlements out of middle-class sight. Where informal settlements have intruded into visible locations, as for instance in Lusophone Luanda, recent efforts have been made to remove these to the city periphery. In South Africa, a somewhat reverse government discourse targeted ‘visible’ informal settlements for ‘in situ upgrading’. This approach was adopted by the high profile N2 Gateway Project in Cape Town, which originally targeted all informal settlements that lined the motorway from the airport to the historical city centre for upgrading. In the years that followed, this project morphed into the Luandan approach — the removal of visible informal settlements. In the Cape Town case, removal was to a controlled decanting camp on the far side of the airport. Yet the public was told that the commitment remained to ‘in situ upgrading’. The term was simply given a new meaning, namely for the state to demolish and then build new housing to modern standard for a different clientele.

    With this juxtaposition of informal settlement treatment in Angola and South Africa, I’d like to provoke debate on the core meaning of ‘informal settlement upgrading’ as well as the political uses associated to the meaning. For me, the essence of in situ upgrading is the recognition of two important points. One is that the unevenly developing economies in southern Africa, in the absence of radical change, will not facilitate the replacement of all informal settlements with planned and fully serviced residential developments for the households currently in these settlements. This recognition prevents ‘wishing away’ the reality of urban informality. The other is that informal settlements result out of determination, initiative (often collective), creativity, and complex decisions by poor households. These must be respected and supported where possible.

    Marie Huchzermeyer convenes and teaches in the masters programme in Housing at the School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand. This base has allowed her to provide support to rights-based struggles from within informal settlement for ‘real’ in situ upgrading. Her recent work includes a 2011 book “Cities With ‘Slums’: From Informal Settlement Eradication to a Right to the City in Africa,” and a comparison with Brazil in a 2004 book, “Unlawful Occupation: Informal Settlements and Urban Policy in South Africa and Brazil.”

  • URBim | for just and inclusive cities

    Victoria Okoye, Lagos Community Manager

    In July, the Lagos State Government razed the homes, businesses, and livelihoods of more than 20,000 residents of the waterfront community of Makoko, a major slum in the megacity. The recent destruction of homes and livelihoods is not a new phenomenon in this waterfront community. Seven years ago, in April 2005, the government led a similar exercise, demolishing houses, churches, shops, and community health clinics, and displacing more than 3,000 people. The trend of these demolitions, and similar ones in Lagos State and across the country over the past few years, highlights the insecure position of land tenancy and title for residents in informal communities and slums like Makoko.

    The settlement of Makoko dates back generations to at least the 18th century, when the area was established as a small fishing village on the waterfront. In fact, it is said that the existence of this community predates the existence of Lagos itself as a modern city. For decades, the community has thrived in spite of a government that, for more than 120 years, largely neglected its existence. It is a story told in the lack of infrastructure access and basic services, marginal state government influence, and exclusion even from recent population censuses.

    For a government firmly fixed on purging Lagos of its stereotypical characterization as a slum-filled megacity and transforming it into an investment and tourism magnet, Makoko represents a very obvious and very visible problem: With its lack of infrastructure and services, the community has developed informally, its residents live in sub-standard conditions, and the state government has formally designated Makoko a slum. Makoko’s waterfront location represents a prime real estate opportunity where the government could pursue its interest in promoting high-end, private-sector-led property developments, and the government appears keen on pursuing this strategy.

    Makoko residents want to stay put, but a series of legal policies and enactments complicate the lawful basis by which many residents can claim ownership of the land on which they and their families live, and have lived for generations. So the community, with the support of local organizations, is working to solidify their right to exist there, by challenging the laws that would disenfranchise them and demonstrating the community’s cultural and economic value.

    The precarious legality of tenancy and ownership

    Residents in informal slum communities like Makoko have few available legal protections against evictions. While land-owning individuals should possess a certificate of occupancy which would give them title to land, the current land use law vests ownership power in the governor of each state, enabling the local governments with the power to revoke any right of occupancy when the government intends to appropriate the land for a use considered to be in the public interest.

    Felix Morka, a lawyer and the Executive Director of the Social and Economic Rights Action Center (SERAC), has long worked on housing rights issues relating to land title and tenancy, including in the community of Makoko. “The land use law literally gives the governor of each state the power to take land for the public interest … in reality, governors exercise that power indiscriminately,” Morka says.

    The above law applies to all areas of Lagos State, but once an area is designated as a slum, landlords and tenants face additional challenges and further limitations of their rights, Morka explains: “If you live in those districts classified as slums” (such as areas like Makoko, Ajegunle, Iwaya, Badiya, and Agege) “you can’t get a certificate of title to gain tenure.” If you had existing land ownership, he adds, “you’re consigned to hold your land and title marginally, without any certificate of credit.”

    And challenging the government is no easy feat: “Even if there is any individual that has the knowledge and resources to approach the state to be granted a certificate of occupancy, whether pre-existing or not, the government has a policy not to grant such certificate to title,” Morka explains.

    Tenants, who may be renting properties on yearly, quarterly, or monthly leases, have even fewer rights, but they do have the right to a reasonable notification of their eviction. In 2011, the current governor of Lagos State, Babatunde Fashola, signed into law the tenancy law in Lagos State, which was intended to clarify the rights between landlords and renters; it also includes provisions to prevent forcible evictions of tenants without due notification. Under the tenancy law, tenants are entitled to receive reasonable notice — at minimum, one month notice of any eviction (six months in the case of a yearly tenant). However, in the case of the July 2012 evictions and demolitions, the government provided only 72 hours notice.

    Additionally, Lagos State’s environmental enforcement law grants the local government the power to demolish structures that are considered to be a public nuisance. However, the law does not clarify or stipulate what due process should be observed, what planning is required, nor the level of compensation that should be provided to residents who are forcibly evicted. In Makoko, buildings — including homes — have been constructed on and along key drainage channels, creating environmental hazards that lead to flooding when heavy rains hit. For Morka, while this environmental issue is a key concern, he believes the law grants the government too far too much leeway: “It makes the government immune to public action; you can’t even sue for compensation,” he says.

    Moving forward

    SERAC is one of a set of human rights organizations working with Makoko community leaders and membership to organize and create a voice capable of reacting to the violence and disempowerment. Through a series of activities, the community aims to address the government’s actions and their legal claims to ownership, as well as revitalize their space to demonstrate its value and potential for the city and the city’s economy. Individuals’ ownership and title to land remains in question, but perhaps collectively the community can demonstrate its essential value, and secure its place and formal recognition as a location of worth that should be protected and respected.

    The first step is a legal one. SERAC is working on behalf of the community of Makoko to litigate the matter in court — both the court of Lagos State, as well as that of the regional Economic Community of West African States (ECOWAS) court. “We have four or five cases in court to challenge [the land use] law and its provisions,” Morka says, but working through the court system presents its own challenges. In some instances, he explains, the courts may be very protective of the state and its intended action, or the action (demolition) may already be completed before the issue can be taken up in court. “When [a structure or a community] gets destroyed before you even can notify the court, then there’s nothing the court can do,” he says. “From this point of view, the people are completely isolated.”

    So community members, leadership, and organizations are pursuing other, additional steps to put pressure on the government to recognize their claims to land and livelihoods. “We are mobilizing and going to the streets to protect the people,” Morka says. “[The government has made] reasonableness so difficult, so you have to take these sorts of actions.” For example, in immediate response to the demolitions, hundreds of Makoko residents staged a sit-in at the state house, forcing Governor Fashola to acknowledge and respond, at least in part, to their grievances.

    Working on behalf of the community, SERAC has also formulated a petition to the World Bank. Makoko is one of nine slum communities currently being targeted by the World Bank-financed Lagos Metropolitan Development and Governance Project, a $200 million infrastructural development project aimed at extending and improving services such as health care services, access to water, electricity, and solid waste management to slum communities.

    Under the project, the Lagos State Government is under contractual obligations not to carry out these forced evictions without due process and provision of adequate compensation. According to this agreement, Morka says, “(the demolition exercise) was an abrogation of contract and the bank’s policies.”

    Cultural elements are another strand through which organizations are working with the local community to improve the community space and build citywide recognition of Makoko. The first idea, already in the works, is for a photo exhibition demonstrating the community as a place of peace, cultural value, and tourism potential, as well as a music concert and a community revitalization project.

    Morka believes Makoko can be transformed into a tourist destination, but the local community, its people, and its inherent character are the roots through which the waterfront tourism can flourish. “[There is] beauty, culture, diversity, and a really amazing spirit comprised here,” Morka says.

    Laying out the intent for the photo exhibition, Morka says: “We want to show the faces of the women and the men in their various occupations as people who are contributing to the economy of Lagos and of Nigeria. We are trying to show just the pure beauty of Makoko.” In addition, the photo exhibition would be linked to a global postcard campaign. Turning the photos from the exhibition into postcards, people from around the world could mail the Lagos Governor to convince him to stop the destruction of the community.

    The community would also host a social forum and music concert, converting open community space into a cultural scene with music and performances. In addition, plans are also in place to start a community-led revitalization of the community. “The community is determined and ready to collaborate with the government and other entities to seek a holistic regeneration of the community,” Morka says.

    For now, the people of Makoko continue to work to clean up their community space following the demolition. In clearing out rubbish, planting flowers, and refurbishing houses, businesses and other buildings, Morka says the community is hard at work to repair the community and to make it better than it was before.

    Together, these actions aim to demonstrate the potential and the value of the community of Makoko. “It’s a way to acknowledge this is a community, a people. It can’t just be destroyed like that.”

  • URBim | for just and inclusive cities

    Africa’s slums are growing at twice the rate of its cities. By some accounts, sub-Saharan Africa will have upwards of 332 million slum dwellers by 2015. While millions of dollars have been spent improving the conditions in Africa’s urban informal settlements and the lives of the people who live therein, overall these efforts have amounted to little more than a drop in the ocean. Join our six panelists to explore the options for stemming the growth of these sprawling settlements and improving conditions in those slums that already exist: Irene Karanja of Muungano Support Trust (SDI) (Kenya); Claudio Torres of the UN-HABITAT Participatory Slum Upgrading Unit (PSUP) (Kenya); architect, urban planner, and World Bank Municipal Development Program consultant Sara Candiracci (Mozambique); Aditya Kumar of the Community Organization Resource Centre (CORC) (SDI) (South Africa); Jhono Bennett of the University of Johannesburg (South Africa); and Marie Huchzermeyer of the University of the Witwatersrand (South Africa).

    Click on the pictures of the panelists to see each panelist’s perspective below.

    Executive Director of Muungano Support Trust, a secretariat of the Shack/Slum Dwellers International Federation (SDI) (Kenya)

    Over the last 25 years, slum dwellers from cities in Africa have successfully mobilized into collections of Federations of the Urban Poor.

    These federations have collected their own financial resources in the form of savings and data pools, creating citywide profiles and extensive slum censuses. Unknown to the world, slum federations have managed to produce a large volume of documented knowledge about themselves that has transformed how the government delivers important services to its poor citizens and how financial instruments can be innovated by financial institutions to serve the needs of the poor.

    Using data collected from the profiles and censuses, Muungano Support Trust, a local NGO working with the federation of Kenya, has provided advisory services to the Government of Kenya and the World Bank, in order to help them intervene and provide housing solutions to over 10,000 families in the Kibera and Mukuru areas of Nairobi.

    The trust has also worked with university planning schools from the local and international academia community to influence how transforming planning discourse can untrap informal human settlements from the snares of historically rigid city planning standards.

    The private sector has grand opportunities to turn urban poor communities into important players within the city. Financial resources from the poor are beginning to challenge and put pressure on the private sector to innovate solutions. Federations have interventions that are facilitating this to happen.

    Data collected by communities with the support and technical capacity of organizations such as Muungano Support Trust, shows that there is a missing link that government interventions are not able to fill and development assistance is failing to cover.

    Insecurity of tenure remains one of the biggest challenges to improving the lives of slum dwellers in Nairobi. The government needs to release land for human settlement, whether it be public, private, or contested. If this does not happen, development aid will continue to subsidize the costs required for technical services to innovate various kinds of solutions for what are essentially locked scenarios!

    Irene Karanja is the founding Executive Director of Muungano Support Trust (MuST), a secretariat of the Slum/Shack Dwellers Federation in Kenya. She is a specialist in participatory research, community organizing and capacity building for the urban poor. For over six years, she has transformed the use of participatory techniques for data collection into a major instrument for planning the upgrading of slums. She has organized a strong constituency of slum dwellers to assume leadership of these settlements through savings groups, housing cooperatives and women’s associations.

    Architect, UN-HABITAT Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP) (Kenya)

    African countries represent the majority of the least developed countries (LCD). Taking into account the fact that in most of these countries, the urban population growth is expanding at a faster pace than the national one, it is important to make three considerations in answering the question: “What will it take to make slum upgrading work in African urban centres?”

    Governments should be prepared to ‘give away’. National and local governments should weigh out the costs and risks of perpetuating the status quo and should fulfill the right of adequate housing for all at a pace that copes with the increase in poor urban households. They should prioritise, for example, the free provision of land for the urban poor, in the understanding that there will be no real estate profit and that no particular individual will benefit — a challenging task in a context where African post-independence elites have generally improved their own lives with little regard to equity and social justice.

    Strategies for the provision of adequate housing for the urban poor should go beyond market logic. In trying to come up with housing strategies that appeal to investors, the focus has shifted from the upgrading of the slum dwellers’ living conditions to the beautification of particularly degraded areas. This unchaining of a series of transaction costs results in a gentrification process that relocates the problem without giving it a solution. Slum upgrading strategies should strictly be conceived through a human rights approach.

    Adequate housing strategies should trigger self-relief dynamics in overcoming poverty. The problem of urban poverty is too big to miss the opportunity to engage concerned communities in devising its solution. The Latin-American slum upgrading experience has demonstrated that giving the right initial impulse to poor urban communities actually encourages a progressive and proactive self-upgrading attitude in slum residents, reducing the need for government funds to improve the living conditions of the urban poor. A strong involvement of the community can also help to reduce the risk of benefiting the wrong people, a common shortfall in superficially planned slum upgrading interventions.

    Claudio Torres is an architect with 10 years experience in the field of slum upgrading and housing in an African context. His work has taken him from the slums of Nairobi to settlements in Somaliland and South Sudan where he has worked as an architect, monitoring and evaluation expert, project manager, and construction expert. Torres has worked extensively in Nairobi’s Mathare valley slum with the Italian NGO COOPI, helping to set up an office in the field from which he coordinated a series of different programs. He is currently a consultant for the Participatory Slum Upgrading Program (PSUP), a division of UN-Habitat.

    Architect, Urban Planner and Consultant, World Bank Municipal Development Program (Mozambique)

    Urbanization in Africa is growing and national governments and local authorities are faced with the challenge of guiding cities’ growth while dealing with other constraints, including limited financial resources; weak institutional, management, and technical capacities; lack of proper urban policies and financial mechanisms to mobilize and regulate investments.

    To strengthen the ability of African cities to generate wealth, prosperity, and economic and human development, national governments and local authorities need to define a clear vision for the future of their cities and their informal settlements.

    Cities must be seen and treated as complex organisms whose elements are interconnected. Informal settlements should be seen as an integral part of this organism, and not as a “sick body” to be fought. They constitute a precious resource for the city and its population and must be included in the urban grid.

    Each and every stakeholder, whether it be the national government, local authorities, civil society, the community, the private sector, or the donor community, have a role to play and must be partners in the development and implementation of this vision for the city. In particular, the active participation of the local community is essential in finding lasting solutions, and to guarantee ownership and sustainability, social cohesion, and integration.

    The implementation of comprehensive and integrated improvement plans in informal areas would be ideal; however, it takes a long time and requires considerable financial resources. Considering the constraints in local financial and institutional capabilities, it is preferable to adopt an incremental approach, whereby small-scale interventions are first envisioned and planned in an extensive development plan, and then are carried out gradually through community participation.

    Priority must be given to the improvement and provision of infrastructure, basic services, accessibility, safety, and the creation of economic opportunities. Concurrently, special attention should be given to outdoor public spaces, where a vital part of the community’s social, cultural, and economic activities is conducted. Improving these spaces would improve the framework of daily life and bring dignity, beauty, and utility to informal and poor areas with minimal resources.

    Sara Candiracci is an architect and urban planner with 10 years experience in the design, management, and implementation of several urban planning and slum upgrading projects in Latin America and Africa with different organizations including UN-Habitat, the Inter-American Development Bank, and various NGOs. She is now working at the Municipality of Maputo, Mozambique, as Urban Planning Advisor for the World Bank Municipal Development Program. She is also conducting her PhD research on the potential use of urban cultural heritage in urban regeneration and planning, considering Maputo as case of study.

    Deputy Director, Community Organisation Resource Centre (CORC), an affiliate of Shack/Slum Dwellers International (South Africa)

    Over the last 20 years, the South African government has been hailed as having the most progressive housing and poverty policy environments in the continent. Besides making welfare grants available to previously marginalized communities, it has made provisions to provide housing to any citizen earning under R3,500 ($350)/month.

    Although more than 2.3 million subsidized homes have been built across the country, the impacts of the housing policy have fallen short. Informal settlements have gone up by 900 percent (from 300 to 2,700) while there are an estimated 2.1 million people on the waiting list for state-subsidized housing.

    Realizing the constraints of the housing program, the State has rapidly shifted its emphasis to informal settlement upgrading. New regulatory frameworks like Outcome 8 have been developed to allow for provision of basic services and tenure rights.

    While the aims of Outcome 8 and its aligned policies have been well defined, in my view there are still gaps in addressing the bigger issues. Firstly, how incremental informal settlement upgrading is implemented must be defined: are we trying to address tenure rights or basic services, land or housing, dependency on the state or self-reliance through livelihoods? Secondly, there is the manner in which informal settlement upgrading is being rolled out. Currently it doesn’t account for strong community, civil society, and NGO participation, nor does it address the broader issue of project finance, outsourcing, and party politics.

    The process of upgrading is about learning and letting go, about making space for communities to innovate with the state, about creating a city-wide network/movement that can change the spatial patterns of the city and strengthen citizenship.

    Aditya Kumar is the technical coordinator and deputy director for the Community Organization Resource Centre (CORC), affiliated to Shack/Slum Dwellers International, currently working with informal settlement and backyarder dwellers of South Africa. His previous experience has included post-war reconstruction of Palestinian refugee camps (Lebanon), post-earthquake disaster housing reconstruction (India), affordable and social housing and large urban development projects (Los Angeles and Boston). His work has fostered multi-stakeholder partnerships between local communities, CBOs, government bodies, academic institutions, and International NGOs, with a key focus on strengthening community-driven design, planning, and implementation. The reconstruction of Palestinian refugee camps has also been shortlisted for the Aga Khan Award for Architecture.

    Architect and Lecturer and Researcher, University of Johannesburg

    The National Development Plan’s Outcome 8 agreement is behind the South African government’s current shift towards in situ housing upgrading as a means of redevelopment. This goal of upgrading 400,000 informal settlements has been developed under the mandate of the National Upgrade Support Program.

    Large-scale construction consortiums are working alongside the government, in collaboration with various planning, architectural, and non-governmental entities on the current Reconstruction & Development Program.

    While these initiatives are creating an institutional framework to begin addressing the needs of informal settlement residents in South Africa, there is little focus across the board on training effective practitioners who can play crucial intermediary roles not only in informal settlement upgrading but also in the nation’s spatial redevelopment.

    From my experience in this field, it seems that there are a disproportionately small number of practitioners who have the understanding, experience, or empathy required to engage with the dynamics of informal settlement communities and the complexity of working within the social, economic, and political intricacy that exists between grassroots entities and government structures.

    A major factor for this condition is related to the lack of opportunities for spatial design practitioners (engineers, architects, planners, etc), to be exposed to these complex environments. As a result, many ‘professionals’, as well as many government officials, often display dangerously simplistic views on how to ‘fix’ the problems at hand.

    From my work and experience in academia and the NGO sector, I believe that empathetic spatial design practitioners hold the key position to engage effectively at the ‘community’ level while addressing the larger spatial inequalities of post-apartheid South Africa.

    My aim lies in understanding and sharing contextually appropriate training, practice, and precedents through critical engagement with South Africa’s residents of poor and unsafe living conditions in order to further develop this ‘additional role’ for socio-technical spatial design practice.

    Jhono Bennett is an architect who works at the University of Johannesburg as a part-time lecturer and Independent researcher, while managing the operations of 1:1 — Agency of Engagement, a non-profit entity which he co-founded to provide a design-based collaborative service between grassroots organizations, professionals, academia, and government.

    Masters Program in Housing at the School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand (South Africa)

    Internationally, there has been unprecedented focus on ‘slums’ in the new millennium. In southern African cities, informal settlements are certainly a concern, although in Anglophone countries the legacy of British colonial planning has to some extent kept these settlements out of middle-class sight. Where informal settlements have intruded into visible locations, as for instance in Lusophone Luanda, recent efforts have been made to remove these to the city periphery. In South Africa, a somewhat reverse government discourse targeted ‘visible’ informal settlements for ‘in situ upgrading’. This approach was adopted by the high profile N2 Gateway Project in Cape Town, which originally targeted all informal settlements that lined the motorway from the airport to the historical city centre for upgrading. In the years that followed, this project morphed into the Luandan approach — the removal of visible informal settlements. In the Cape Town case, removal was to a controlled decanting camp on the far side of the airport. Yet the public was told that the commitment remained to ‘in situ upgrading’. The term was simply given a new meaning, namely for the state to demolish and then build new housing to modern standard for a different clientele.

    With this juxtaposition of informal settlement treatment in Angola and South Africa, I’d like to provoke debate on the core meaning of ‘informal settlement upgrading’ as well as the political uses associated to the meaning. For me, the essence of in situ upgrading is the recognition of two important points. One is that the unevenly developing economies in southern Africa, in the absence of radical change, will not facilitate the replacement of all informal settlements with planned and fully serviced residential developments for the households currently in these settlements. This recognition prevents ‘wishing away’ the reality of urban informality. The other is that informal settlements result out of determination, initiative (often collective), creativity, and complex decisions by poor households. These must be respected and supported where possible.

    Marie Huchzermeyer convenes and teaches in the masters programme in Housing at the School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand. This base has allowed her to provide support to rights-based struggles from within informal settlement for ‘real’ in situ upgrading. Her recent work includes a 2011 book “Cities With ‘Slums’: From Informal Settlement Eradication to a Right to the City in Africa,” and a comparison with Brazil in a 2004 book, “Unlawful Occupation: Informal Settlements and Urban Policy in South Africa and Brazil.”

  • URBim | for just and inclusive cities

    Africa’s slums are growing at twice the rate of its cities. By some accounts, sub-Saharan Africa will have upwards of 332 million slum dwellers by 2015. While millions of dollars have been spent improving the conditions in Africa’s urban informal settlements and the lives of the people who live therein, overall these efforts have amounted to little more than a drop in the ocean. Join our six panelists to explore the options for stemming the growth of these sprawling settlements and improving conditions in those slums that already exist: Irene Karanja of Muungano Support Trust (SDI) (Kenya); Claudio Torres of the UN-HABITAT Participatory Slum Upgrading Unit (PSUP) (Kenya); architect, urban planner, and World Bank Municipal Development Program consultant Sara Candiracci (Mozambique); Aditya Kumar of the Community Organization Resource Centre (CORC) (SDI) (South Africa); Jhono Bennett of the University of Johannesburg (South Africa); and Marie Huchzermeyer of the University of the Witwatersrand (South Africa).

    Click on the pictures of the panelists to see each panelist’s perspective below.

    Executive Director of Muungano Support Trust, a secretariat of the Shack/Slum Dwellers International Federation (SDI) (Kenya)

    Over the last 25 years, slum dwellers from cities in Africa have successfully mobilized into collections of Federations of the Urban Poor.

    These federations have collected their own financial resources in the form of savings and data pools, creating citywide profiles and extensive slum censuses. Unknown to the world, slum federations have managed to produce a large volume of documented knowledge about themselves that has transformed how the government delivers important services to its poor citizens and how financial instruments can be innovated by financial institutions to serve the needs of the poor.

    Using data collected from the profiles and censuses, Muungano Support Trust, a local NGO working with the federation of Kenya, has provided advisory services to the Government of Kenya and the World Bank, in order to help them intervene and provide housing solutions to over 10,000 families in the Kibera and Mukuru areas of Nairobi.

    The trust has also worked with university planning schools from the local and international academia community to influence how transforming planning discourse can untrap informal human settlements from the snares of historically rigid city planning standards.

    The private sector has grand opportunities to turn urban poor communities into important players within the city. Financial resources from the poor are beginning to challenge and put pressure on the private sector to innovate solutions. Federations have interventions that are facilitating this to happen.

    Data collected by communities with the support and technical capacity of organizations such as Muungano Support Trust, shows that there is a missing link that government interventions are not able to fill and development assistance is failing to cover.

    Insecurity of tenure remains one of the biggest challenges to improving the lives of slum dwellers in Nairobi. The government needs to release land for human settlement, whether it be public, private, or contested. If this does not happen, development aid will continue to subsidize the costs required for technical services to innovate various kinds of solutions for what are essentially locked scenarios!

    Irene Karanja is the founding Executive Director of Muungano Support Trust (MuST), a secretariat of the Slum/Shack Dwellers Federation in Kenya. She is a specialist in participatory research, community organizing and capacity building for the urban poor. For over six years, she has transformed the use of participatory techniques for data collection into a major instrument for planning the upgrading of slums. She has organized a strong constituency of slum dwellers to assume leadership of these settlements through savings groups, housing cooperatives and women’s associations.

    Architect, UN-HABITAT Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP) (Kenya)

    African countries represent the majority of the least developed countries (LCD). Taking into account the fact that in most of these countries, the urban population growth is expanding at a faster pace than the national one, it is important to make three considerations in answering the question: “What will it take to make slum upgrading work in African urban centres?”

    Governments should be prepared to ‘give away’. National and local governments should weigh out the costs and risks of perpetuating the status quo and should fulfill the right of adequate housing for all at a pace that copes with the increase in poor urban households. They should prioritise, for example, the free provision of land for the urban poor, in the understanding that there will be no real estate profit and that no particular individual will benefit — a challenging task in a context where African post-independence elites have generally improved their own lives with little regard to equity and social justice.

    Strategies for the provision of adequate housing for the urban poor should go beyond market logic. In trying to come up with housing strategies that appeal to investors, the focus has shifted from the upgrading of the slum dwellers’ living conditions to the beautification of particularly degraded areas. This unchaining of a series of transaction costs results in a gentrification process that relocates the problem without giving it a solution. Slum upgrading strategies should strictly be conceived through a human rights approach.

    Adequate housing strategies should trigger self-relief dynamics in overcoming poverty. The problem of urban poverty is too big to miss the opportunity to engage concerned communities in devising its solution. The Latin-American slum upgrading experience has demonstrated that giving the right initial impulse to poor urban communities actually encourages a progressive and proactive self-upgrading attitude in slum residents, reducing the need for government funds to improve the living conditions of the urban poor. A strong involvement of the community can also help to reduce the risk of benefiting the wrong people, a common shortfall in superficially planned slum upgrading interventions.

    Claudio Torres is an architect with 10 years experience in the field of slum upgrading and housing in an African context. His work has taken him from the slums of Nairobi to settlements in Somaliland and South Sudan where he has worked as an architect, monitoring and evaluation expert, project manager, and construction expert. Torres has worked extensively in Nairobi’s Mathare valley slum with the Italian NGO COOPI, helping to set up an office in the field from which he coordinated a series of different programs. He is currently a consultant for the Participatory Slum Upgrading Program (PSUP), a division of UN-Habitat.

    Architect, Urban Planner and Consultant, World Bank Municipal Development Program (Mozambique)

    Urbanization in Africa is growing and national governments and local authorities are faced with the challenge of guiding cities’ growth while dealing with other constraints, including limited financial resources; weak institutional, management, and technical capacities; lack of proper urban policies and financial mechanisms to mobilize and regulate investments.

    To strengthen the ability of African cities to generate wealth, prosperity, and economic and human development, national governments and local authorities need to define a clear vision for the future of their cities and their informal settlements.

    Cities must be seen and treated as complex organisms whose elements are interconnected. Informal settlements should be seen as an integral part of this organism, and not as a “sick body” to be fought. They constitute a precious resource for the city and its population and must be included in the urban grid.

    Each and every stakeholder, whether it be the national government, local authorities, civil society, the community, the private sector, or the donor community, have a role to play and must be partners in the development and implementation of this vision for the city. In particular, the active participation of the local community is essential in finding lasting solutions, and to guarantee ownership and sustainability, social cohesion, and integration.

    The implementation of comprehensive and integrated improvement plans in informal areas would be ideal; however, it takes a long time and requires considerable financial resources. Considering the constraints in local financial and institutional capabilities, it is preferable to adopt an incremental approach, whereby small-scale interventions are first envisioned and planned in an extensive development plan, and then are carried out gradually through community participation.

    Priority must be given to the improvement and provision of infrastructure, basic services, accessibility, safety, and the creation of economic opportunities. Concurrently, special attention should be given to outdoor public spaces, where a vital part of the community’s social, cultural, and economic activities is conducted. Improving these spaces would improve the framework of daily life and bring dignity, beauty, and utility to informal and poor areas with minimal resources.

    Sara Candiracci is an architect and urban planner with 10 years experience in the design, management, and implementation of several urban planning and slum upgrading projects in Latin America and Africa with different organizations including UN-Habitat, the Inter-American Development Bank, and various NGOs. She is now working at the Municipality of Maputo, Mozambique, as Urban Planning Advisor for the World Bank Municipal Development Program. She is also conducting her PhD research on the potential use of urban cultural heritage in urban regeneration and planning, considering Maputo as case of study.

    Deputy Director, Community Organisation Resource Centre (CORC), an affiliate of Shack/Slum Dwellers International (South Africa)

    Over the last 20 years, the South African government has been hailed as having the most progressive housing and poverty policy environments in the continent. Besides making welfare grants available to previously marginalized communities, it has made provisions to provide housing to any citizen earning under R3,500 ($350)/month.

    Although more than 2.3 million subsidized homes have been built across the country, the impacts of the housing policy have fallen short. Informal settlements have gone up by 900 percent (from 300 to 2,700) while there are an estimated 2.1 million people on the waiting list for state-subsidized housing.

    Realizing the constraints of the housing program, the State has rapidly shifted its emphasis to informal settlement upgrading. New regulatory frameworks like Outcome 8 have been developed to allow for provision of basic services and tenure rights.

    While the aims of Outcome 8 and its aligned policies have been well defined, in my view there are still gaps in addressing the bigger issues. Firstly, how incremental informal settlement upgrading is implemented must be defined: are we trying to address tenure rights or basic services, land or housing, dependency on the state or self-reliance through livelihoods? Secondly, there is the manner in which informal settlement upgrading is being rolled out. Currently it doesn’t account for strong community, civil society, and NGO participation, nor does it address the broader issue of project finance, outsourcing, and party politics.

    The process of upgrading is about learning and letting go, about making space for communities to innovate with the state, about creating a city-wide network/movement that can change the spatial patterns of the city and strengthen citizenship.

    Aditya Kumar is the technical coordinator and deputy director for the Community Organization Resource Centre (CORC), affiliated to Shack/Slum Dwellers International, currently working with informal settlement and backyarder dwellers of South Africa. His previous experience has included post-war reconstruction of Palestinian refugee camps (Lebanon), post-earthquake disaster housing reconstruction (India), affordable and social housing and large urban development projects (Los Angeles and Boston). His work has fostered multi-stakeholder partnerships between local communities, CBOs, government bodies, academic institutions, and International NGOs, with a key focus on strengthening community-driven design, planning, and implementation. The reconstruction of Palestinian refugee camps has also been shortlisted for the Aga Khan Award for Architecture.

    Architect and Lecturer and Researcher, University of Johannesburg

    The National Development Plan’s Outcome 8 agreement is behind the South African government’s current shift towards in situ housing upgrading as a means of redevelopment. This goal of upgrading 400,000 informal settlements has been developed under the mandate of the National Upgrade Support Program.

    Large-scale construction consortiums are working alongside the government, in collaboration with various planning, architectural, and non-governmental entities on the current Reconstruction & Development Program.

    While these initiatives are creating an institutional framework to begin addressing the needs of informal settlement residents in South Africa, there is little focus across the board on training effective practitioners who can play crucial intermediary roles not only in informal settlement upgrading but also in the nation’s spatial redevelopment.

    From my experience in this field, it seems that there are a disproportionately small number of practitioners who have the understanding, experience, or empathy required to engage with the dynamics of informal settlement communities and the complexity of working within the social, economic, and political intricacy that exists between grassroots entities and government structures.

    A major factor for this condition is related to the lack of opportunities for spatial design practitioners (engineers, architects, planners, etc), to be exposed to these complex environments. As a result, many ‘professionals’, as well as many government officials, often display dangerously simplistic views on how to ‘fix’ the problems at hand.

    From my work and experience in academia and the NGO sector, I believe that empathetic spatial design practitioners hold the key position to engage effectively at the ‘community’ level while addressing the larger spatial inequalities of post-apartheid South Africa.

    My aim lies in understanding and sharing contextually appropriate training, practice, and precedents through critical engagement with South Africa’s residents of poor and unsafe living conditions in order to further develop this ‘additional role’ for socio-technical spatial design practice.

    Jhono Bennett is an architect who works at the University of Johannesburg as a part-time lecturer and Independent researcher, while managing the operations of 1:1 — Agency of Engagement, a non-profit entity which he co-founded to provide a design-based collaborative service between grassroots organizations, professionals, academia, and government.

    Masters Program in Housing at the School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand (South Africa)

    Internationally, there has been unprecedented focus on ‘slums’ in the new millennium. In southern African cities, informal settlements are certainly a concern, although in Anglophone countries the legacy of British colonial planning has to some extent kept these settlements out of middle-class sight. Where informal settlements have intruded into visible locations, as for instance in Lusophone Luanda, recent efforts have been made to remove these to the city periphery. In South Africa, a somewhat reverse government discourse targeted ‘visible’ informal settlements for ‘in situ upgrading’. This approach was adopted by the high profile N2 Gateway Project in Cape Town, which originally targeted all informal settlements that lined the motorway from the airport to the historical city centre for upgrading. In the years that followed, this project morphed into the Luandan approach — the removal of visible informal settlements. In the Cape Town case, removal was to a controlled decanting camp on the far side of the airport. Yet the public was told that the commitment remained to ‘in situ upgrading’. The term was simply given a new meaning, namely for the state to demolish and then build new housing to modern standard for a different clientele.

    With this juxtaposition of informal settlement treatment in Angola and South Africa, I’d like to provoke debate on the core meaning of ‘informal settlement upgrading’ as well as the political uses associated to the meaning. For me, the essence of in situ upgrading is the recognition of two important points. One is that the unevenly developing economies in southern Africa, in the absence of radical change, will not facilitate the replacement of all informal settlements with planned and fully serviced residential developments for the households currently in these settlements. This recognition prevents ‘wishing away’ the reality of urban informality. The other is that informal settlements result out of determination, initiative (often collective), creativity, and complex decisions by poor households. These must be respected and supported where possible.

    Marie Huchzermeyer convenes and teaches in the masters programme in Housing at the School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand. This base has allowed her to provide support to rights-based struggles from within informal settlement for ‘real’ in situ upgrading. Her recent work includes a 2011 book “Cities With ‘Slums’: From Informal Settlement Eradication to a Right to the City in Africa,” and a comparison with Brazil in a 2004 book, “Unlawful Occupation: Informal Settlements and Urban Policy in South Africa and Brazil.”

  • URBim | for just and inclusive cities

    Africa’s slums are growing at twice the rate of its cities. By some accounts, sub-Saharan Africa will have upwards of 332 million slum dwellers by 2015. While millions of dollars have been spent improving the conditions in Africa’s urban informal settlements and the lives of the people who live therein, overall these efforts have amounted to little more than a drop in the ocean. Join our six panelists to explore the options for stemming the growth of these sprawling settlements and improving conditions in those slums that already exist: Irene Karanja of Muungano Support Trust (SDI) (Kenya); Claudio Torres of the UN-HABITAT Participatory Slum Upgrading Unit (PSUP) (Kenya); architect, urban planner, and World Bank Municipal Development Program consultant Sara Candiracci (Mozambique); Aditya Kumar of the Community Organization Resource Centre (CORC) (SDI) (South Africa); Jhono Bennett of the University of Johannesburg (South Africa); and Marie Huchzermeyer of the University of the Witwatersrand (South Africa).

    Click on the pictures of the panelists to see each panelist’s perspective below.

    Executive Director of Muungano Support Trust, a secretariat of the Shack/Slum Dwellers International Federation (SDI) (Kenya)

    Over the last 25 years, slum dwellers from cities in Africa have successfully mobilized into collections of Federations of the Urban Poor.

    These federations have collected their own financial resources in the form of savings and data pools, creating citywide profiles and extensive slum censuses. Unknown to the world, slum federations have managed to produce a large volume of documented knowledge about themselves that has transformed how the government delivers important services to its poor citizens and how financial instruments can be innovated by financial institutions to serve the needs of the poor.

    Using data collected from the profiles and censuses, Muungano Support Trust, a local NGO working with the federation of Kenya, has provided advisory services to the Government of Kenya and the World Bank, in order to help them intervene and provide housing solutions to over 10,000 families in the Kibera and Mukuru areas of Nairobi.

    The trust has also worked with university planning schools from the local and international academia community to influence how transforming planning discourse can untrap informal human settlements from the snares of historically rigid city planning standards.

    The private sector has grand opportunities to turn urban poor communities into important players within the city. Financial resources from the poor are beginning to challenge and put pressure on the private sector to innovate solutions. Federations have interventions that are facilitating this to happen.

    Data collected by communities with the support and technical capacity of organizations such as Muungano Support Trust, shows that there is a missing link that government interventions are not able to fill and development assistance is failing to cover.

    Insecurity of tenure remains one of the biggest challenges to improving the lives of slum dwellers in Nairobi. The government needs to release land for human settlement, whether it be public, private, or contested. If this does not happen, development aid will continue to subsidize the costs required for technical services to innovate various kinds of solutions for what are essentially locked scenarios!

    Irene Karanja is the founding Executive Director of Muungano Support Trust (MuST), a secretariat of the Slum/Shack Dwellers Federation in Kenya. She is a specialist in participatory research, community organizing and capacity building for the urban poor. For over six years, she has transformed the use of participatory techniques for data collection into a major instrument for planning the upgrading of slums. She has organized a strong constituency of slum dwellers to assume leadership of these settlements through savings groups, housing cooperatives and women’s associations.

    Architect, UN-HABITAT Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP) (Kenya)

    African countries represent the majority of the least developed countries (LCD). Taking into account the fact that in most of these countries, the urban population growth is expanding at a faster pace than the national one, it is important to make three considerations in answering the question: “What will it take to make slum upgrading work in African urban centres?”

    Governments should be prepared to ‘give away’. National and local governments should weigh out the costs and risks of perpetuating the status quo and should fulfill the right of adequate housing for all at a pace that copes with the increase in poor urban households. They should prioritise, for example, the free provision of land for the urban poor, in the understanding that there will be no real estate profit and that no particular individual will benefit — a challenging task in a context where African post-independence elites have generally improved their own lives with little regard to equity and social justice.

    Strategies for the provision of adequate housing for the urban poor should go beyond market logic. In trying to come up with housing strategies that appeal to investors, the focus has shifted from the upgrading of the slum dwellers’ living conditions to the beautification of particularly degraded areas. This unchaining of a series of transaction costs results in a gentrification process that relocates the problem without giving it a solution. Slum upgrading strategies should strictly be conceived through a human rights approach.

    Adequate housing strategies should trigger self-relief dynamics in overcoming poverty. The problem of urban poverty is too big to miss the opportunity to engage concerned communities in devising its solution. The Latin-American slum upgrading experience has demonstrated that giving the right initial impulse to poor urban communities actually encourages a progressive and proactive self-upgrading attitude in slum residents, reducing the need for government funds to improve the living conditions of the urban poor. A strong involvement of the community can also help to reduce the risk of benefiting the wrong people, a common shortfall in superficially planned slum upgrading interventions.

    Claudio Torres is an architect with 10 years experience in the field of slum upgrading and housing in an African context. His work has taken him from the slums of Nairobi to settlements in Somaliland and South Sudan where he has worked as an architect, monitoring and evaluation expert, project manager, and construction expert. Torres has worked extensively in Nairobi’s Mathare valley slum with the Italian NGO COOPI, helping to set up an office in the field from which he coordinated a series of different programs. He is currently a consultant for the Participatory Slum Upgrading Program (PSUP), a division of UN-Habitat.

    Architect, Urban Planner and Consultant, World Bank Municipal Development Program (Mozambique)

    Urbanization in Africa is growing and national governments and local authorities are faced with the challenge of guiding cities’ growth while dealing with other constraints, including limited financial resources; weak institutional, management, and technical capacities; lack of proper urban policies and financial mechanisms to mobilize and regulate investments.

    To strengthen the ability of African cities to generate wealth, prosperity, and economic and human development, national governments and local authorities need to define a clear vision for the future of their cities and their informal settlements.

    Cities must be seen and treated as complex organisms whose elements are interconnected. Informal settlements should be seen as an integral part of this organism, and not as a “sick body” to be fought. They constitute a precious resource for the city and its population and must be included in the urban grid.

    Each and every stakeholder, whether it be the national government, local authorities, civil society, the community, the private sector, or the donor community, have a role to play and must be partners in the development and implementation of this vision for the city. In particular, the active participation of the local community is essential in finding lasting solutions, and to guarantee ownership and sustainability, social cohesion, and integration.

    The implementation of comprehensive and integrated improvement plans in informal areas would be ideal; however, it takes a long time and requires considerable financial resources. Considering the constraints in local financial and institutional capabilities, it is preferable to adopt an incremental approach, whereby small-scale interventions are first envisioned and planned in an extensive development plan, and then are carried out gradually through community participation.

    Priority must be given to the improvement and provision of infrastructure, basic services, accessibility, safety, and the creation of economic opportunities. Concurrently, special attention should be given to outdoor public spaces, where a vital part of the community’s social, cultural, and economic activities is conducted. Improving these spaces would improve the framework of daily life and bring dignity, beauty, and utility to informal and poor areas with minimal resources.

    Sara Candiracci is an architect and urban planner with 10 years experience in the design, management, and implementation of several urban planning and slum upgrading projects in Latin America and Africa with different organizations including UN-Habitat, the Inter-American Development Bank, and various NGOs. She is now working at the Municipality of Maputo, Mozambique, as Urban Planning Advisor for the World Bank Municipal Development Program. She is also conducting her PhD research on the potential use of urban cultural heritage in urban regeneration and planning, considering Maputo as case of study.

    Deputy Director, Community Organisation Resource Centre (CORC), an affiliate of Shack/Slum Dwellers International (South Africa)

    Over the last 20 years, the South African government has been hailed as having the most progressive housing and poverty policy environments in the continent. Besides making welfare grants available to previously marginalized communities, it has made provisions to provide housing to any citizen earning under R3,500 ($350)/month.

    Although more than 2.3 million subsidized homes have been built across the country, the impacts of the housing policy have fallen short. Informal settlements have gone up by 900 percent (from 300 to 2,700) while there are an estimated 2.1 million people on the waiting list for state-subsidized housing.

    Realizing the constraints of the housing program, the State has rapidly shifted its emphasis to informal settlement upgrading. New regulatory frameworks like Outcome 8 have been developed to allow for provision of basic services and tenure rights.

    While the aims of Outcome 8 and its aligned policies have been well defined, in my view there are still gaps in addressing the bigger issues. Firstly, how incremental informal settlement upgrading is implemented must be defined: are we trying to address tenure rights or basic services, land or housing, dependency on the state or self-reliance through livelihoods? Secondly, there is the manner in which informal settlement upgrading is being rolled out. Currently it doesn’t account for strong community, civil society, and NGO participation, nor does it address the broader issue of project finance, outsourcing, and party politics.

    The process of upgrading is about learning and letting go, about making space for communities to innovate with the state, about creating a city-wide network/movement that can change the spatial patterns of the city and strengthen citizenship.

    Aditya Kumar is the technical coordinator and deputy director for the Community Organization Resource Centre (CORC), affiliated to Shack/Slum Dwellers International, currently working with informal settlement and backyarder dwellers of South Africa. His previous experience has included post-war reconstruction of Palestinian refugee camps (Lebanon), post-earthquake disaster housing reconstruction (India), affordable and social housing and large urban development projects (Los Angeles and Boston). His work has fostered multi-stakeholder partnerships between local communities, CBOs, government bodies, academic institutions, and International NGOs, with a key focus on strengthening community-driven design, planning, and implementation. The reconstruction of Palestinian refugee camps has also been shortlisted for the Aga Khan Award for Architecture.

    Architect and Lecturer and Researcher, University of Johannesburg

    The National Development Plan’s Outcome 8 agreement is behind the South African government’s current shift towards in situ housing upgrading as a means of redevelopment. This goal of upgrading 400,000 informal settlements has been developed under the mandate of the National Upgrade Support Program.

    Large-scale construction consortiums are working alongside the government, in collaboration with various planning, architectural, and non-governmental entities on the current Reconstruction & Development Program.

    While these initiatives are creating an institutional framework to begin addressing the needs of informal settlement residents in South Africa, there is little focus across the board on training effective practitioners who can play crucial intermediary roles not only in informal settlement upgrading but also in the nation’s spatial redevelopment.

    From my experience in this field, it seems that there are a disproportionately small number of practitioners who have the understanding, experience, or empathy required to engage with the dynamics of informal settlement communities and the complexity of working within the social, economic, and political intricacy that exists between grassroots entities and government structures.

    A major factor for this condition is related to the lack of opportunities for spatial design practitioners (engineers, architects, planners, etc), to be exposed to these complex environments. As a result, many ‘professionals’, as well as many government officials, often display dangerously simplistic views on how to ‘fix’ the problems at hand.

    From my work and experience in academia and the NGO sector, I believe that empathetic spatial design practitioners hold the key position to engage effectively at the ‘community’ level while addressing the larger spatial inequalities of post-apartheid South Africa.

    My aim lies in understanding and sharing contextually appropriate training, practice, and precedents through critical engagement with South Africa’s residents of poor and unsafe living conditions in order to further develop this ‘additional role’ for socio-technical spatial design practice.

    Jhono Bennett is an architect who works at the University of Johannesburg as a part-time lecturer and Independent researcher, while managing the operations of 1:1 — Agency of Engagement, a non-profit entity which he co-founded to provide a design-based collaborative service between grassroots organizations, professionals, academia, and government.

    Masters Program in Housing at the School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand (South Africa)

    Internationally, there has been unprecedented focus on ‘slums’ in the new millennium. In southern African cities, informal settlements are certainly a concern, although in Anglophone countries the legacy of British colonial planning has to some extent kept these settlements out of middle-class sight. Where informal settlements have intruded into visible locations, as for instance in Lusophone Luanda, recent efforts have been made to remove these to the city periphery. In South Africa, a somewhat reverse government discourse targeted ‘visible’ informal settlements for ‘in situ upgrading’. This approach was adopted by the high profile N2 Gateway Project in Cape Town, which originally targeted all informal settlements that lined the motorway from the airport to the historical city centre for upgrading. In the years that followed, this project morphed into the Luandan approach — the removal of visible informal settlements. In the Cape Town case, removal was to a controlled decanting camp on the far side of the airport. Yet the public was told that the commitment remained to ‘in situ upgrading’. The term was simply given a new meaning, namely for the state to demolish and then build new housing to modern standard for a different clientele.

    With this juxtaposition of informal settlement treatment in Angola and South Africa, I’d like to provoke debate on the core meaning of ‘informal settlement upgrading’ as well as the political uses associated to the meaning. For me, the essence of in situ upgrading is the recognition of two important points. One is that the unevenly developing economies in southern Africa, in the absence of radical change, will not facilitate the replacement of all informal settlements with planned and fully serviced residential developments for the households currently in these settlements. This recognition prevents ‘wishing away’ the reality of urban informality. The other is that informal settlements result out of determination, initiative (often collective), creativity, and complex decisions by poor households. These must be respected and supported where possible.

    Marie Huchzermeyer convenes and teaches in the masters programme in Housing at the School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand. This base has allowed her to provide support to rights-based struggles from within informal settlement for ‘real’ in situ upgrading. Her recent work includes a 2011 book “Cities With ‘Slums’: From Informal Settlement Eradication to a Right to the City in Africa,” and a comparison with Brazil in a 2004 book, “Unlawful Occupation: Informal Settlements and Urban Policy in South Africa and Brazil.”

  • URBim | for just and inclusive cities

    Event: VERGE São Paulo
    12–13 November, 2013 São Paulo, Brazil

    Bringing together innovators, entrepreneurs, and leading public officials to explore the opportunities for radical efficiencies created through technology advancements in energy, buildings and transportation. Topics to be addressed include: New Energy Systems, Smarter Logistics, Resilient Cities, Sustainable Mobility, Next-Gen Buildings, and Food-Energy-Water Nexus. Learn more.